Este año que está por concluir se cumplió una década de la publicación de dos trascendentales Reformas que marcaron un hito respecto de la protección y garantía de los Derechos Humanos en nuestro país, la primera de ellas robusteció los alcances de su institución protectora: el Juicio de Amparo.

A través de la segunda, publicada el 10 de junio de 2011, se incorporaron los principios de interpretación conforme y pro persona, además de plasmarse las obligaciones concretas de las autoridades en relación con estas prerrogativas; aunado a ello, se amplió su protección, pues a partir de su publicación los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano en este rubro, se catalogan al mismo nivel que los establecidos en nuestra Constitución, dando lugar a un parámetro de regularidad constitucional.

 Es preciso destacar que, el primer instrumento internacional suscrito en la materia, fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fecha que ha dado origen a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el cual, de acuerdo con Naciones Unidas, representa un recordatorio del deber que tienen los Estados de adoptar medidas progresivas para lograr su reconocimiento y observancia.

Todas las normas de Derechos Humanos tienen como fundamento este documento que ha servido de base para la publicación de más de sesenta instrumentos que han impactado positivamente en nuestro ordenamiento jurídico nacional.

La campaña conmemorativa de esta fecha durante 2021, se realiza bajo el lema “igualdad”, en referencia al derecho consagrado en el artículo primero de esta Declaración, el cual establece que, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

En razón de lo anterior, es oportuno señalar los trascendentales avances impulsados desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la emisión de importantes documentos enfocados a orientar la labor de las personas juzgadoras para que cumplan con la obligación constitucional de administrar justicia en condiciones de igualdad.

En virtud de ello, el pasado 23 de noviembre, el Alto Tribunal presentó la actualización del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia el cual incorporó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el amplio desarrollo jurisprudencial que se ha realizado en este rubro.

Asimismo, en cumplimiento con el compromiso de fortalecer los sistemas de justicia para garantizar una protección más amplia de los Derechos Humanos, a un año de la actualización del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el Máximo Tribunal del país emitió tres manuales para juzgar desde este enfoque en las materias: penal, familiar y laboral.

Los documentos en cita, constituyen herramientas clave para evitar casos de estereotipación judicial, toda vez que contribuyen a identificar la existencia de relaciones asimétricas de poder entre las partes que pueden dar lugar a prejuicios y discriminación.

De esta manera se garantiza que todas las personas tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad en cumplimiento con lo establecido por el artículo 17 constitucional, así como por los estándares internacionales en la materia.

Sin duda, los Derechos Humanos han tenido una evolución dinámica durante las últimas décadas gracias al  desarrollo convencional, legislativo, doctrinal y jurisprudencial; no obstante, existen retos pendientes a los cuales el Estado Mexicano debe hacer frente, pues la protección y garantía de estas prerrogativas sustentadas en la dignidad humana sigue siendo una tarea inacabada y una aspiración permanente de nuestra sociedad.