El trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz, actualmente a cargo de Clementina Salazar Cruz, fue calificado como “deficiente” por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que analizó el andamiaje de 29 fiscalías especializadas en el país.

El análisis Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción, elaborado por las organizaciones Tojil e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierte para 2020 el organismo en Veracruz, no contaba con reglamento interno o manual de procedimientos; protocolo de investigación o de protección a testigos; e incluso enfrentó de un año a otro a un recorte presupuestal de 71 por ciento.

Mientras en 2019 la fiscalía recibió 78 millones 139 mil 892 pesos, para 2020, año del inicio de la pandemia por covid-19, este organismo autónomo tuvo como presupuesto apenas 22 millones 585 mil 124 pesos; es decir, un reporte del 71 por ciento, el mayor ajuste a nivel nacional.

El marco jurídico de la Fiscalía fue señalado como deficiente porque tampoco cuenta con organigrama, protocolo de audiencias, o de operaciones encubiertas; tampoco cuenta con un protocolo de actuación en casos de corrupción al interior del organismo.

Hasta ahora lo único que sí tiene es fundamento legal, autonomía, catálogo de delitos de corrupción y Ley Orgánica.

En cuanto a capital humano, el informe advierte que a pesar de haber solicitado información la Fiscalía Anticorrupción no entregó datos sobre el número de sus trabajadores el perfil de peritos, policías, ministeriales, oficiales ministeriales o si existen investigaciones en curso o contra alguno de sus trabajadores.

Tampoco informó sobre cuántos ministerios públicos tiene, o sus medios de denuncia, mucho menos el número de investigaciones iniciadas, determinadas o judicializadas y cuántas de ellas ya tienen determinación.

IMCO advierte que de manera general 29 Fiscalías Anticorrupción carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.

En 10 Fiscalías Anticorrupción el nombramiento del titular es realizado por el fiscal general, lo que limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo y que únicamente cinco estados, Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz reportaron que el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción se asigna de manera independiente a la Fiscalía estatal, lo cual permite asegurar la asignación de recursos y su correcta operación, y ayuda a prevenir la interferencia de intereses particulares en la planeación y ejecución de acciones.

Además, entre 2019 y 2020, solo en cuatro estados (Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Sonora) los ministerios públicos, policías y peritos recibieron capacitación.

“Aunque las entidades federativas ya cuentan con una Fiscalía Anticorrupción, estas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por ello, los resultados aún son insuficientes e insatisfactorios”.

El informe detalla que en el país las Fiscalías Anticorrupción presentan pocos instrumentos normativos y legales para realizar investigaciones de actos de corrupción, en este rubro Veracruz tampoco entregó información para la evaluación.

Aunque todas cuentan con fundamento legal y un organigrama, las 29 evaluadas carecen de un protocolo de audiencias, un protocolo de protección a testigos, un protocolo o manual que establezca cómo realizar entregas vigiladas, y un protocolo de operaciones encubiertas.

AVC

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