Hace tres años, el regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado arribó a Veracruz para asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presumiendo inclusive un doctorado que supuestamente había cursado en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología (Cescijuc), de Monterrey, Nuevo León, título académico que fue investigado y desmentido por la revista Proceso a mediados de diciembre de 2018.

Ayer, al comparecer por tercera ocasión ante el Congreso local, Gutiérrez –quien según versión de su ex jefe, el ex procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, fue despedido de esa dependencia en 2017 “por una decisión absoluta” del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”–, dejó en evidencia su escaso dominio del Derecho. Y es que al preguntarle la diputada priista Anilú Ingram su “definición de ultrajes a la autoridad”, el titular de la SSP respondió cantinflescamente: “El tema de los ultrajes a la autoridad… Fíjate, te voy a platicar más o menos toda la historia de los ultrajes a la autoridad, porque yo fui policía y yo lo viví. El ultrajes a la autoridad, siempre en el Código de Veracruz, ha existido. Siempre. Desde que se creó el Código de Veracruz se existió. Las reformas que se hicieron al ultrajes a la autoridad fue en la anterior Legislatura, que eso se los agradezco. ¿Por qué? Porque el policía también es humano, el policía también tiene familia, al policía tienes que protegerlo. Si tú al policía no lo proteges, la delincuencia organizada no va a querer captar…”

Gutiérrez Maldonado parece desconocer que además de ser derogado en otros estados, en marzo de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del delito de “ultrajes a la autoridad”, al resolver los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivado de procesos penales abiertos contra algunas personas en contexto de protesta en la Ciudad de México, demostrando su uso criminalizante contra la libre expresión.

“La SCJN determinó que ese delito va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad”, remarcó la organización internacional Artículo 19 en marzo pasado al reprobar que precisamente por este delito, a principios de ese mes, Antonio de Marco Arango, director del medio digital Foro Tuxpan, había sido detenido durante 36 horas por elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado.

Inclusive, el 4 de mayo pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la modificación en la ley que quedó registrada en el expediente 66/2021, además de que diputados de oposición presentaron una en el expediente 59/2021, ya que anteriormente este delito se sancionaba con 6 meses a 2 años de prisión, y ahora tiene agravantes que se penalizan con 5 y 7 años de cárcel.

El sábado antepasado, el mismísimo coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció en un video el caso de seis jóvenes xalapeños detenidos hace tres meses por este delito que, dijo, “se ha puesto de moda” y que “ha conducido a las cárceles veracruzanas a decenas de personas sin darles el derecho a una medida cautelar en libertad”.

Monreal Ávila hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz para detener la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas de “ultrajes a la autoridad, un delito de reciente creación que, de manera desproporcionada, implica prisión oficiosa”.

El senador expuso que en cualquier democracia, los derechos humanos son fundamentales, “por eso me preocupa lo que está pasando en Veracruz, en donde en los últimos años se han integrado carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad, es decir, lesiones contra la policía o contra una autoridad”.

“Esto está sucediendo de manera alarmante en ese estado. En septiembre pasado, seis jóvenes fueron privados de su libertad por este ilícito, pero hay videos que demuestran que fueron detenidos en una plaza comercial y que no opusieron resistencia, y hoy son acusados de haber agredido a los policías con cuchillos o armas punzocortantes”, detalló.

“Lo que demuestran los vídeos es que las acusaciones son falsas, que se fabricaron pruebas para acusarlos, detenerlos y privarlos de su libertad; y el juez de control no ha tenido la sensibilidad de liberarlos, a pesar de que fueron detenidos injustamente”, dijo Monreal sobre el proceso penal 270/2021 que se les sigue a los seis jóvenes xalapeños detenidos en septiembre pasado por este delito.

El ex gobernador de Zacatecas y aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz “para que resuelva este asunto en razón de justicia”.

“¿Cuántas otras personas estarán en las mismas condiciones?”, cuestionó el líder de la mayoría legislativa en el Senado en su mensaje que publicó en redes sociales.

“No podemos permitir que se cometa, por parte de nadie, ninguna injusticia, agravio o incluso abuso de autoridad. ¡Ya basta! Hay que liberar a estos jóvenes, a los que se les ha privado de su libertad”, urgió.