El ex diputado y ex senador panista Juan José Rodríguez Prats aclaró recientemente que el ex presidente Benito Juárez, a quien tanto admira el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, jamás dijo que “a los amigos justicia y gracia”, y que “a los enemigos, justicia a secas”, sino que en realidad lo que consignó el Benemérito de las Américas en su Manifiesto a la Nación, el 15 de julio de 1867, fue lo siguiente: “La templanza de su conducta (refiriéndose a su gobierno) en todos los lugares donde ha residido, ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes, en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación”.
Pero “haiga sido como haiga sido” –como dijo el ex presidente Felipe Calderón para justificar su cuestionado triunfo electoral de 2006–, lo cierto es que ahora, en la administración de López Obrador y en los estados donde gobiernan sus correligionarios, parece estarse aplicando al pie de la letra aquella frase que erróneamente le atribuyen al histórico personaje oaxaqueño.
Veracruz es el más claro ejemplo. El último adversario al que le aplicaron “la ley a secas” fue a Tito Delfín Cano, candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN que es apoyado por grupos del blanquiazul vinculados al ex gobernador Miguel Ángel Yunes. Al ex alcalde de Tierra Blanca le reactivaron un expediente por un presunto fraude cometido durante su gestión municipal y que paradójicamente le fue iniciado en la administración de Yunes Linares por el ex fiscal Jorge Winckler, incondicional del ex mandatario panista.
Pero antes del ex munícipe terrablanquense, durante el proceso electoral de junio pasado fueron detenidos y procesados también por diferentes delitos el ex secretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, quien encabezaba la lista plurinominal de candidatos del partido del sol azteca a la diputación federal; Gregorio “Goyo” Gómez Martínez, otro perredista postulado a la presidencia municipal de Tihuatlán, y Nicolás Ruiz Roset, abanderado de la alianza “Va por Veracruz” a la alcaldía de Minatitlán.
Previamente, en octubre de 2019, en el primer año de la actual administración del gobernador Cuitláhuac García, fueron libradas ordenes de aprehensión en contra de cuatro ex funcionarios yunistas de la Sefiplan: la ex secretaria Clementina Guerrero; Bernardo Segura Molina, ex subsecretario de Finanzas y Administración; el ex tesorero Adrián Viccon Basto y Luis Francisco Virúes, ex subdirector de Operación Financiera, los cuales fueron imputados en el proceso penal 318/2019 por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Y hace casi tres meses, el 2 de septiembre, a unas horas de haber concluido su gestión como diputada federal del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, vinculada sentimentalmente con “Goyo” Gómez, fue detenida en Veracruz por su presunta participación en el homicidio del precandidato de Morena a la alcaldía de Tihuatlán, Nicanor Martínez Holguín.
¿Ya habrá entendido la oposición que en 2024 no deberá tener dirigentes, ni operadores electorales y tampoco candidatos que tengan cola que les pisen? A menos, claro está, que sean “amigos” o aliados del régimen de la 4T.
HOY, DÍA CLAVE PARA ELECCIÓN PORTEÑA
Más que caldeados podrían terminar los ánimos hoy en la colonia Arenal Tepepan en la Ciudad de México, donde se encuentran las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE).
Y es que en la orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE agendada para este martes figura el tema del rebase del tope de gastos de campaña en la elección municipal del puerto de Veracruz del pasado 6 de junio, los cuales fueron revisados por la Unidad Técnica de Fiscalización ante la queja bien soportada que en tiempo y forma presentaron los representantes legales de Morena.
A ello se debe que, sin echar las campanas al vuelo, en el partido guinda prevalezca un buen ánimo. Entre los amigos, simpatizantes y colaboradores de Ricardo Exsome, ex candidato a la alcaldía porteña, se tiene la certeza de que los consejeros electorales confirmarán el rebase del tope de gastos de campaña de la alianza PAN-PRI-PRD y, en consecuencia, determinen convocar a una elección extraordinaria.
Según nos dicen, el gasto más oneroso fue el de la movilización masiva del 23 de mayo, dos semanas antes de los comicios, luego de que los tribunales electorales anularon la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez y en su lugar fue nominada su esposa Patricia Lobeira.
De anularse la elección municipal, el clan Yunes recibirá otra dolorosa estocada a escasos tres días de la sorpresiva detención de Tito Delfín Cano, su candidato a la dirigencia estatal del PAN que de momento queda legalmente inhabilitado para seguir participando en la contienda interna, pues el juez de control le ha impuesto como medida cautelar seis meses de prisión preventiva justificada. ¡¡Ouch!!