La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria para determinar si existieron actos de corrupción o negligencia de parte de funcionarios o exfuncionarios federales, estatales o municipales, que propiciaron la inundación del pasado 6 de septiembre en el municipio de Tula, Hidalgo, hechos que ocasionaron la muerte de 14 personas en un hospital del IMSS ubicado en esa localidad.
La indagatoria está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR y se inició luego de que Animal Político publicó que la tragedia no es atribuible a la lluvia que cayó o a situaciones imprevistas, sino resultado de a una serie de decisiones y respuestas que premeditadamente se tomaron. A partir de dicha publicación la senadora, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal.
Anteriormente la FGR ya había iniciado una investigación por el delito de homicidio culposo en agravio de las 14 personas que fallecieron en el hospital federal, pero el nuevo expediente se centrará en las posibles responsabilidades por acción u omisión de los servidores públicos.
El escrito de la denuncia a partir del cual se ha iniciado la indagatoria, y que serán los hechos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) investigará, centra el análisis en dos situaciones: la lentitud de la atención ante la emergencia y las decisiones tomadas que generaron el desbordamiento del Río Tula.
En cuanto a la atención, y como este medio pudo documentar, pese a que existían canales para alertar ante una situación de emergencia ni las autoridades federales, ni las estatales o locales dieron aviso previo al personal del hospital del riesgo de desbordamiento. Dicha omisión trajo consigo que no se pudieran tomar medidas de preparación o mitigación para salvaguardar la integridad de las personas en el nosocomio.
Al Centro Virtual de Operaciones y Emergencias en Desastres (CVOED) del IMSS, que tiene a su cargo la infraestructura hospitalaria y la seguridad de los pacientes ante situaciones de crisis, tampoco llegaron alertas del Comité Nacional de Emergencias. El titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, declaró que recibió una llamada de autoridades de Hidalgo con la petición de evacuar pacientes hasta las 6 de la mañana del 7 de septiembre, cuando los 14 pacientes ya habían fallecido tras quedarse sin aire por el daño que propició la inundación a los equipos.
Contrario al argumento inicial sobre que la lluvia torrencial fue la causa principal del desastre, la denuncia sostiene que lo ocurrido fue resultado de decisiones previas tomadas por las autoridades. Literalmente, la noche del 6 de septiembre, la CONAGUA en conjunto con el Sistema de aguas de la Ciudad de México y la Comisión de Agua del estado de México, decidieron activar un mecanismo de drenaje metropolitano que conduce las aguas residuales del Valle de México hacia el río Tula. “Premeditadamente se decidió inundar Tula”, indica la denuncia presentada.
Esta situación se vio agravada por la entrada en funcionamiento en 2019 del Túnel Emisor Oriente que potencializó la capacidad de desagüe de la Ciudad de México, pero sin que la actual administración pusiera en marcha las obras necesarias de mitigación y reforzamiento sobre el río Tula para prevenir su desbordamiento.
Todo ello sumado a la decisión del gobierno federal de no desfogar con suficiente anticipación el nivel de agua de diversas presas en Hidalgo, se combinaron para elevar el riesgo de que ocurriera una crisis como finalmente aconteció, según la denuncia asentada en la carpeta de investigación.
La semana pasada el gobierno federal a través de la Conagua emitió un informe oficial en el que reconoció que la inundación en Tula fue propiciada, principalmente, por el desfogue de aguas negras enviadas desde la Ciudad de México. No obstante, sostiene que la combinación de diversos factores generó una situación fortuita que derivó en el grave incidente.
¿Hubo delitos?
De acuerdo con la denuncia que dio paso a la apertura de la carpeta de investigación, las autoridades que por acción u omisión propiciaron las situaciones descritas con anterioridad podrían ser probables responsables del delito de ejercicio ilícito del servicio público. Concretamente en la fracción V del artículo 214 del Código Penal Federal que establece:
“Comete este delito el servidor público que, teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a las personas, lugares. Instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares o instalaciones, o pérdida o sustracción de objetos bajo su cuidado”.
Esto sumado a posible comisión del delito de homicidio y lesiones agravadas aun cuando no hayan sido intencionales.
En ese contexto la FGR a través de la Fiscalía anticorrupción verificará la actuación de las autoridades para deslindar responsabilidades y determinar si la actuación de los servidores públicos implicados pudiera encuadrarse en alguna hipótesis de las señaladas o, en su efecto, en otros posibles ilícitos.
De acuerdo con autoridades federales consultadas, en la investigación de estos hechos se revisará un informe de la Semarnat que ya forma parte de la carpeta de investigación, fechado en 2017 bajo el oficio SGPA/DGIRA/DG/00188, y en el que se advertía la necesidad de implementar medidas de mitigación tras la entrada del Túnel Emisor Oriente, que a la postre no se llevaron a cabo.
También se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación el informe de resultados y dictámenes técnicos de la auditoría 441-DE sobre la rectificación y ampliación de diversos tramos del río Tula. En dicha revisión, correspondiente a la cuenta pública 2017, se advertía que fallas en la gestión de los proyectos de parte de la CONAGUA habían afectado diversas obras de desazolve y mitigación que luego ya no se consumaron.
Sobre la posibilidad de citar a declarar a funcionarios implicados, en la FGR indicaron que dependiendo del avance de la indagatoria se valorará si es necesario, y de serlo si se hace directamente ante un juez.
Otras tragedias y dudas
Con la apertura de la indagatoria por la inundación del hospital del IMSS en Tula, ya suman tres los casos iniciadas en la FGR de 2020 a la fecha, en donde presuntos hechos de negligencia o corrupción de parte de autoridades y privados han provocado el deceso de personas en instalaciones. Esto sumado a decenas de denuncias más por casos de corrupción que han dejado daños patrimoniales.
En marzo de 2020, la FGR abrió una indagatoria por la muerte de ocho pacientes en un hospital regional de Pemex en Tabasco, luego de que resultaron intoxicados por la administración de un medicamento de hemodiálisis que se encontraba en mal estado. Por este caso se ha procedido en contra del particular que vendió el medicamento pero no –por lo menos que se sepa– en contra de funcionarios responsables.
La FGR también inició una indagatoria relacionada con el accidente de la Línea 12 del Metro que dejó 12 personas muertas. Esto para deslindar responsabilidades en dicha obra que involucró recursos federales además de los locales. Hasta ahora el caso sigue en curso sin ninguna determinación.
La senadora Xóchitl Gálvez, quien ha presentado ante la FGR denuncias penales por estos hechos y por otros casos de posible corrupción, dijo a Animal Político que aunque no confía en que haya resultados pronto es importante que se inicien las carpetas de investigación correspondientes.
“Estos y otros casos como el de los ventiladores de oxígeno comprados a uno de los hijos de Manuel Bartlett siguen en su mayoría impunes. Pero creo que nuestra obligación es presentar las denuncias y esperar a que exista o llegue alguien con la voluntad de que todas estas situaciones se investiguen”, dijo.
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