Prefacio.
Producto de la total ausencia de comunicación y falta de identidad con el hoy diputado local por Misantla, Othón Hernández Candanedo, alcaldes electos de aquel distrito han decidido trabajar con el que fuera candidato del Partido del trabajo (PT), Rubén Carrasco, para gestionar beneficios para sus municipios. *** El pasado lunes al menos siete presidentes municipales electos se reunieron con “El Coyame”, quien puso a su disposición un equipo profesional que habrá de apoyarlos en la gestión municipal, al tiempo que se comprometía a acompañarlos en la búsqueda de apoyo institucional para sus demarcaciones. *** Rubén Carrasco les dejó claro que su compromiso con el Distrito de Misantla sigue intacto y que trabajará por el desarrollo de esa región, sin importar que no ocupe una posición en la Legislatura local. *** Muy pronto se dieron cuenta en aquella región que Othón Hernández Candanedo no los representa, y que si buscó la diputación local fue para negociar impunidad tras su desaseado paso por el ayuntamiento de Misantla.
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Ya se ha mencionado en este espacio (en un afán de encontrar las razones por las que el gobernador Cuitláhuac García pisotea la Constitución local y las leyes que rigen la vida de los ciudadanos de Veracruz) que el Jefe del Ejecutivo estatal es ingeniero de profesión, docente, y que esa formación profesional no le dio las herramientas para valorar la importancia de cumplir con el marco jurídico que nos rige.
Pero también en este mismo espacio hemos advertido que hay un principio universal del derecho que establece: “La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley” (ignorantia juris non excusat). Esto significa que el desconocimiento o la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento, porque rige la necesaria presunción de que si una ley ha sido promulgada, debe ser por todos conocida.
Y más allá de esta consideración, la Constitución de Veracruz, en su artículo 45, al hablar del procedimiento a seguir para la toma de posesión de un nuevo gobernador, dispone que “rendirá formal protesta (…) en los términos siguientes: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de ambas emanen”.
Quizá producto de ese mismo desconocimiento de los asuntos jurídicos, Cuitláhuac García habrá supuesto que lo jurado ante el Congreso local no fue más que un mero protocolo, sin significado legal alguno.
Sólo así se explica que incurra en constantes actos constitutivos de delito.
No nos vayamos muy lejos. Apenas este lunes, en su afán de justificar las altas cifras de feminicidios que registra la entidad, recurrió a esa vieja práctica, aprendida de su jefe López Obrador, de echarles la culpa a “los de antes”.
Dijo que el feminicidio “no surge de un año para otro, no viene con la cuatroté, sino que se dejó que una cultura de agresión a la mujer permeara en las familias, en las personas y que eso no fuera sancionado”.
El asunto no hubiera pasado de una misma cantaleta en la que la culpa de todos los males en Veracruz es de los gobernadores que lo antecedieron, pero Cuitláhuac García, ya encarrerado, deja suelta la lengua y no la conecta con el cerebro:
“Imagínense que el gobierno anterior, de Miguel Ángel Yunes Linares, solapó una agresión que hizo su Secretario de Gobierno (no lo mencionó por su nombre, pero era evidente que se refería a Rogelio Franco Castán) contra su esposa, denunciada y conocida esa historia, todos se quedaron callados y eso genera un ambiente de impunidad en el que se cree que agredir a una mujer se puede vivir con impunidad”.
Cuitláhuac García Jiménez debería leer de vez en cuando la Constitución de Veracruz, esa que juró “cumplir y hacer cumplir”.
El artículo 4 de esa Constitución dice, entre otras cosas, que “toda persona es inocente en tanto no se le declare culpable mediante sentencia del juez de la causa que no haya conocido el caso previamente, y ante quien se desarrollará todo el juicio, incluyendo el desahogo y valoración de pruebas”.
Lo que el gobernador sí sabe, es que Rogelio Franco Castán no ha sido sentenciado por el delito de agresiones contra una mujer y, por lo tanto, sigue siendo inocente, algo que –por supuesto- al gobernador no le importa.
Esa misma Constitución establece, en su artículo 49 fracción cuarta, que entre las atribuciones del gobernador, está la de “velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, disponiendo al efecto de las corporaciones policiales estatales (…) así como impedir los abusos de la fuerza pública a su cargo en contra de la ciudadanía, haciendo efectiva la responsabilidad en que aquélla incurriera”.
Apenas el pasado fin de semana dos abogados veracruzanos fueron interceptados por una de las corporaciones policiacas del gobierno estatal, y mediante el abuso de la fuerza fueron retenidos y se les fabricaron pruebas absurdas para encerrarlos en la cárcel y evitar así que realizaran su trabajo, en defensa del diputado local de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez.
Pero las flagrantes violaciones a la ley no sólo involucran al gobernador; también padece de ese mal el secretario de Gobierno que -¡vaya coincidencia!- tampoco es abogado (antes se exigía que el secretario de Gobierno fuera un profesional del derecho, pero ese requisito fue eliminado, aunque se dejó como una de sus atribuciones “brindar asesoría jurídica al Gobierno del Estado”).
Sucede que entre ese listado de atribuciones del secretario de Gobierno (artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo), en la fracción 28 se menciona: “vigilar y controlar, en términos de la legislación aplicable, lo relativo a la demarcación y límites del Estado”.
Y sucede que este miércoles elementos de la policía estatal perdieron la noción de los límites territoriales entre Veracruz y Oaxaca, y en la persecución de presuntos delincuentes ingresaron al vecino estado, donde mataron a los sujetos a los que perseguían.
¿Con qué argumentos pueden llamar a la población a respetar las leyes, si son ellos mismos, nuestros gobernantes (y, por consecuencia, nuestros empleados) los primeros en pisotearlas?
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Epílogo.
Y por más que les quiera echar la culpa a “los de antes”, Cuitláhuac García tiene que admitir que las cifras del gobierno federal son contundentes respecto a la incidencia de ataques contra las mujeres. *** El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que de enero a septiembre del presente año en Veracruz se iniciaron 55 carpetas de investigación de mujeres que fueron asesinadas por su condición de género. *** Esta entidad ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de feminicidios, sólo abajo del Estado de México (con 110 carpetas iniciadas), pero arriba de Jalisco (54 carpetas), Ciudad de México (45 carpetas) y Nuevo León (42 carpetas). *** A estas alturas, a la mitad de su administración, ya el discurso de que “le dejaron un cochinero” no tiene validez. *** En las pasadas 24 horas se confirmaron 264 fallecimientos provocados por complicaciones graves de Covid-19, para un acumulado de 290 mil 374. La Secretaría de Salud señala que la tendencia de la curva epidémica se mantiene a la baja con menos 23 por ciento en el periodo del 24 al 30 de octubre, en comparación con la semana previa. *** Sobre el avance del plan de vacunación contra el coronavirus, el informe señala que ayer se aplicaron 312 mil 432 dosis. Se tiene un registro de 75 millones 170 mil 848 personas que han recibido al menos una dosis, y de estas, 83 por ciento ya tienen el esquema completo.
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