Prefacio.

¡¿Quién dice que no puedo?! *** “A ver: que se pongan las pilas nuestros abogados. Si yo digo que desaparece el ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, es porque desaparece. Ningún juez corrupto me lo va a impedir”. *** De alguna manera parecida debe haber reaccionado Cuitláhuac García cuando le informaron que, por una sentencia del Poder Judicial Federal, se tendría que dar marcha atrás a la desaparición de poderes en aquel municipio serrano. *** El Poder Legislativo de Veracruz acató la sentencia y reinstaló al cuerpo edilicio, menos al síndico que está en la cárcel acusado de homicidio. *** Sin embargo, este martes la Comisión Instructora emitió un nuevo dictamen en el que se da crédito a la palabra del gobernador (quien denunció que en ese municipio se había perdido “el orden y la paz pública”) y se resolvió “ha lugar a desaparecer el ayuntamiento de Mixtla de Altamirano” y dispuso la instalación de un concejo municipal que integrarán Crispín Hernández Sánchez, Socorro Alba Sandoval Cuevas y Xicotencatl Atlahua Temoxtle, como presidente, vocal primera y vocal segundo, respectivamente. *** Los mismos a los que nombraron la primera vez y que tuvieron que regresar el mando a las autoridades electas en votación democrática. *** Si eso no es una burla para el Sistema de Justicia de nuestro país, no sé cómo llamarle.

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El Poder Judicial del Estado no explicó, en su solicitud de ampliación presupuestal, las razones de ese déficit cercano a los 500 millones de pesos. La Comisión Ordinaria de Hacienda del Estado del Poder Legislativo tampoco se lo preguntó. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo advirtió que, luego de analizar su presupuesto, sólo pudo disponer de 200 millones de pesos para apoyar al Poder Judicial.

Por todo ello, y sin más explicaciones, la Legislatura de Veracruz aprobó incorporar “un último párrafo” al Decreto de Presupuesto de Egresos 2021 en el que se establece:

“Se autoriza al Poder Judicial, la ampliación de recursos presupuestales hasta por la cantidad de $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), para el estricto cumplimiento de los fines solicitados”.

¡Ah! Eso sí. Desde la tribuna, el diputado de Morena, Rubén Ríos Uribe (sí, aquel que convocó a los mexicanos a invadir España) pidió que procedan contra los que ocasionaron ese déficit financiero.

“Quiero exhortar a la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al mismo Poder Judicial del Estado de Veracruz para que interponga las denuncias correspondientes, porque existe un déficit de más de 400 millones de pesos y ese dinero no puede salir de las arcas públicas sin que se vea un beneficio en favor de las y los veracruzanos”.

Está claro que el diputado cordobés sabe poco del tema. No hay que buscar mucho. En orden cronológico los responsables de este déficit son:

Edel Álvarez Peña, responsable de los contratos leoninos que firmó el Poder Judicial del Estado para la construcción de las Ciudades Judiciales.

Cuitláhuac García Jiménez, quien –por razones aún desconocidas- tendió su manto protector al magistrado impuesto por Miguel Ángel Yunes Linares (Edel Álvarez Peña) y le ordenó a Sofía Martínez Huerta que no “barriera para atrás”.

José Luis Lima Franco, el secretario de Finanzas y Planeación, quien modificó el criterio para interpretar la expresión “presupuesto general” lo que provocó que los entes autónomos con porcentaje fijo para su presupuesto, recibieran mucho menos de lo que en realidad les correspondía.

Y finalmente la propia magistrada Isabel Inés Romero, quien no defendió el presupuesto que le correspondía al Poder Judicial, y que, una vez enterada de lo que les tocaría, no hizo un manejo eficiente y más de medio año después se dio cuenta de que no le alcanzaría para concluir el año.

Mientras tanto, el magistrado Roberto Dorantes Romero avanzó en su recurso jurídico para revertir su cese. El amparo que le concedió el Juzgado 17 de Distrito dispone que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia tome las medidas necesarias para que deje insubsistente el acto de remoción, pero también hace responsables del cumplimiento al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

Por su parte, la magistrada Concepción Flores Saviaga promovió una “denuncia de repetición de acto reclamado”, a partir del antecedente del amparo 1336/2016 concedido a la jurista por el Juzgado 17 de Distrito, por violación de la equidad de género.

La propia Flores Saviaga promovió amparo indirecto por su readscripción, de la Octava Sala del tribunal Superior de Justicia, a la Visitaduría Judicial.

El Poder Judicial de Veracruz se cae a pedazos, y lejos de mejorar, una visión al futuro inmediato advierte que las cosas se pondrán peor.

Los que hoy mandan, muy pronto podrían despachar desde Pacho Viejo… el reclusorio, por supuesto.

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Epílogo.

La Legislatura local aprobó reformar la Constitución de Veracruz para incorporar la figura de revocación de mandato. En realidad este paso era obligado pues así quedó plasmado en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reformó la Constitución federal. *** En dicho transitorio quedó establecido: “Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local”. *** En realidad el cumplimiento a dicho mandato se retrasó en Veracruz pues aquel Decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019 y los 18 meses se cumplieron en el mes de junio del presente año. *** A pesar de la tendencia a la baja en los casos de Covid-19 en México, la Secretaría de Salud informó que los decesos confirmados se incrementaron en las últimas 24 horas en 446, para un acumulado de 284 mil 923, mientras que los casos activos estimados, es decir, con capacidad de contagio, suman 32 mil 816. *** En tanto, se reportaron 4 mil 220 contagios entre lunes y martes, confirmados por laboratorio, con lo que el total de casos en México es de 3 millones 762 mil 689. *** Respecto al avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, a la fecha se han aplicado 112 millones 603 mil 277 dosis, por lo que 69 millones 301 mil 136 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna AntiCovid. *** La dependencia federal detalló que 51 millones 521 mil 552 personas ya completaron su esquema de inmunización, mientras que 17 millones 779 mil 584 tienen una dosis. *** El 77 por ciento de la población mayor de 18 años en México ya accedió al menos una dosis, aunque por entidad, la Ciudad de México se reporta con la mayor tasa de vacunación de su población adulta con 97 por ciento. En contraste, Chiapas, se mantiene con la tasa más baja de inmunización, con un 51 por ciento de sus adultos.

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