Los derechos laborales de 187 profesores investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en las sedes de Chiapas, Monterrey, Oaxaca, Yucatán, Ciudad de México y Veracruz están en riesgo por la llamada “Ley burocrática” que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si pasan del apartado A al B al modificarse la jurisprudencia I/96.

Hay que mencionar que en la última semana de septiembre se dio a conocer que SCJN reactivó el proceso para resolver el cambio de la jurisprudencia 1/96, que de aprobarse, trabajadores de más de cien organismos de muy diversas actividades, perderían algunos derechos como el de sindicalización y huelga.

Este lunes, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Subciesas) de la región Golfo con sede en la avenida Encanto en Xalapa, rechazaron el cambio de jurisprudencia 1/96, en caso de pasar del apartado A al B.

En conferencia de prensa, el secretario general del Subciesas, Julio Antonio García Palermo dijo que en Veracruz son 37 trabajadores del Ciesas en las áreas administrativo, técnico, académico, y asistentes de investigación califican como una “amenaza” que la SCJN haga los cambios en la jurisprudencia.

Explicó que al hacer estos cambios en la jurisprudencia, los próximos estudiantes con aspiraciones a ocupar un puesto laboral de investigadores del Ciesas no tendrán las mismas oportunidades laborales de los que ya están dentro de la academia.

Por su parte la investigadora, activista y secretaria de Asuntos Académicos del Subciesas Patricia Ponce, explicó que el apartado B se rige por las leyes laborales de los estados de la República Mexicana, y el apartado A se rige por la Ley Federal del Trabajo.

Señaló que se modificarse la ley, los investigadores perderían el derecho laboral a la antigüedad, a tener una plaza laboral en algún sindicato, y a la libre catedra.

“Nos quedamos sin derechos laborales, nos vuelven personal de confianza y esto implicaría que estemos a merced del jefe o jefa inmediata superior para poder ser despedidos o removidos. Perderíamos el derecho de libertad de cátedra y de investigación. Mi jefe inmediato me diría: esto sí se investiga, esto no se investiga; de esto se habla en los cursos, de esto no”, finalizó la profesora investigadora.

AVC

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