En Veracruz la cifra negra de delitos que no se denuncian ante las autoridades es del 93.4 por ciento, de acuerdo con el estudio Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México que realiza México Evalúa.
Esta cifra es superior al promedio nacional de 93.3 por ciento de delitos no denunciados, y ubica a la entidad en el noveno lugar a nivel nacional entre los estados con más delitos que no son denunciados.
Además, Veracruz está en el lugar 29 de 32 estados en el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, al haber logrado apenas 321 puntos de los mil 100 que podía recibir al revisar las condiciones en que se desarrolla el nuevo sistema.
En cuanto a los delitos no denunciados, la razón es la desconfianza en el sistema de justicia penal, pues en Veracruz el índice de confianza no llega al 85 por ciento; además, según el documento son los jueces en quienes menos confían los veracruzanos en el aparato de justicia. Le siguen la policía estatal y federal, la Fiscalía y los ministerios públicos.
De manera general, el 64 por ciento de los mexicanos no denuncia por causas atribuibles a la autoridad como desconfianza, el hecho de que la población considera la denuncia una pérdida de tiempo (36.3%); la actitud hostil de la autoridad (3.5%); el miedo a ser víctima de extorsión (0.8%), o la apreciación de que se trata de trámites largos y difíciles (8.4%).
A ello se suma que a nivel nacional las procuradurías y fiscalías apenas conocen el 7.6 por ciento de los delitos que ocurren y de estos no se inicia una carpeta de investigación en todos los casos, lo que puede representar una ventana de riesgo de corrupción e impunidad.
Cabe destacar que sólo cuatro de cada 10 carpetas de investigación abiertas logran una resolución ministerial, y de las pocas que la reciben, 65 por ciento son enviadas al archivo y en 19 por ciento se decreta el no ejercicio de la acción penal.
A esto se suma que se observan cargas considerables de trabajo, especialmente en las comisiones de atención a víctimas y las defensorías públicas, lo que puede comprometer el acompañamiento, representación y el desarrollo de estrategias de litigio.
Y es que a nivel nacional, cada fiscal inicia, en promedio, 145 carpetas de investigación. Y a nivel nacional el 86 por ciento de las investigaciones se inician sin una persona detenida; el 14 por ciento son investigaciones que se inician cuando una persona detenida es presentada ante las fiscalías o procuradurías.
En cuanto a la atención de víctimas, cada asesor en promedio a nivel nacional atiende a 152 personas pero en el caso de Veracruz la cifra es desproporcionada, al referir que cada asesor atiende a 381 víctimas.
Cabe destacar que de manera general en el país, el 41 por ciento de las investigaciones son terminadas por determinaciones del Ministerio Público sobre archivo temporal (64.6%), no ejercicio de la acción penal (19.3%), abstención de investigar (4.0%), criterio de oportunidad (3.2%), por incompetencia (5.2%) y por acumulación (0.7%).
El documento señala que a mayor número de determinaciones en la investigación, menor es la “tasa de congestión” en sede ministerial, que a nivel nacional es del 55.4 por ciento y en el caso de Veracruz es de 43 por ciento; es decir, se ubica por debajo de la media nacional.
También advierte que los estados que registran mayores casos resueltos por medio de los distintos mecanismos alternativos son Sinaloa con el 93.5 por ciento y Veracruz con el 92.7 por ciento y que el más utilizado es la mediación, en el que las personas aportan propuestas de solución y el personal facilitador propicia la comunicación y entendimiento mutuo para resolver el conflicto.
AVC/Perla Sandoval