El 29 de septiembre el Congreso local restituyó los poderes en el municipio de Mixtla de Altamirano, luego del asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea.

El concejo ciudadano -que nombraron los diputados locales- fue observado por el manejo de 6 millones 72 mil pesos, en el manejo de los recursos del año 2020.

Según el Informe Individual del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el grupo de ciudadanos no justificó el correcto manejo de los recursos públicos, a pesar de que ya no están en funciones desde hace una semana.

El Concejo Municipal fue aprobado por el Congreso local, desde donde se confió en el buen uso de los recursos públicos; sin embargo, en el ejercicio fiscal 2020 el Orfis detectó algunas anomalías por lo que otorgó 26 observaciones y 27 recomendaciones para el ayuntamiento ubicado en la región de las Altas Montañas.

Entre las observaciones se indica que, conforme a sus registros contables, existe un saldo no ejercido conciliado por 78 mil 764.94 pesos, lo que demuestra que no se aplicaron en su totalidad los recursos recibidos y estos no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Conforme a sus conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios, existen cheques expedidos y no cobrados al 31 de diciembre de 2020, cuyos montos van de los 476.34 pesos a los 577 mil 500 pesos.

El ayuntamiento adquirió terreno por 250 mil pesos con cargo a la 224 “Adquisición de terreno en la localidad de Xochitla de Mixtla de Altamirano” no obstante, carece de avalúo realizado por persona o entidad autorizada para ello.

De acuerdo con sus registros contables, retuvo a sus empleados, pero no enteró ante la autoridad competente, el Impuesto Sobre la Renta, registrado en la cuenta 2.1.1.7 “Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo” que en total suma 307 mil 449.46 pesos.

Asimismo, se efectuaron erogaciones por diversos conceptos, para enfrentar la pandemia del Covid-19; sin embargo, no presentaron evidencia del diseño de un mecanismo de distribución y aplicación a los beneficiarios, por lo que los pagos efectuados no se encuentran debidamente justificados.

El ayuntamiento efectuó la adquisición de vehículos por un monto de 834 mil 153.44 pesos, hecho que debió hacerse mediante el procedimiento de licitación, del cual no exhibieron la documentación correspondiente, por lo que no se tiene la certeza de que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

El Informe señala que, conforme a la estructura orgánica presentada, el ayuntamiento no ha creado el Instituto Municipal de la Mujer

En la integración del expediente técnico unitario no se exhibió la escritura del predio debidamente registrada o el Acta de Asamblea Ejidal que acredite la propiedad del predio donde se construyó el tanque para el sistema de agua potable en la comunidad de Tlaxcantla, por lo que se tiene un presunto daño patrimonial de 660 mil 220.25 pesos.

La construcción de camino rural tramo Coximalco- Cocomotla en la localidad de Coximalco se realizó de forma irregular por falta de permisos y licencias, en específico el resolutivo de Impacto Ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), por lo que se observó un presunto daño patrimonial de 957 mil 491.70 pesos.

La construcción de camino rural tramo Zacatilica-Temoxca en la localidad de Zacatitla se realizó de forma irregular porque no presentó la opinión en materia de Impacto Ambiental por la Sedema, por lo que no se tiene la certeza que se preservara el equilibrio ecológico en la zona posterior a la ejecución de los trabajos, por ello existe un presunto daño patrimonial por 2 millones 100 mil pesos.

En la misma circunstancia se encuentra la obra relacionada con la apertura del camino rural Coximalco-Duraznotla en su primera etapa en la localidad de Coximalco, por lo que tiene una observación de 1 millón 100 mil pesos.

Desde el 2019, el ayuntamiento estuvo a cargo de un Concejo Municipal, impuesto por el Congreso local, tras aprobar la desaparición de poderes por considerar que existía un clima de violencia en el municipio por el asesinato de la exalcaldesa Maricela Vallejo Orea.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución de poderes, por lo que regresaron a la administración municipal Margarita Montalvo Acahua y Valentina Temoxtle Flores, como alcaldesa y regidora única.

AVC/Isabel Ortega

Conéctate con Formato7:

APUNTES | Cochinero con contratos de SESVER