Es bien sabida la expresión popular de que “estamos en el año de Hidalgo…chin chin el que deje algo” la que ahora tiene aplicación, a unos días de que terminen las actuales administraciones municipales que están concluyendo su período de gobierno.

Nada que ver con la celebración de los 200 años de la Independencia de México.

Habrá que esperar a que lleguen las nuevas autoridades, a ver con qué sorpresitas se encuentran.

Como diría ya saben quién, en el pasado, en muchos de los ayuntamientos, cuando llegaban a tomar posesión los nuevos funcionarios, se encontraban con que los que se fueron, se llevaron todo, literalmente todo, lo que pudieron, muebles, computadoras, vehículos, hasta las cafeteras se robaban y si eran del mismo partido, pues no pasaba nada, no había denuncias y a comprar todo nuevo y todos felices y contentos.

Lo anterior viene a colación, porque precisamente, el próximo jueves 30 de septiembre, la auditora del Órgano de fiscalización Superior (ORFIS), Delia Cobos González acudirá al Congreso del Estado a entrega los resultados de las auditorías practicadas a los municipios y entes públicos en lo que se denomina la Cuenta Pública del año 2020.

En una amplia charla que se prolongó durante más de tres horas, con los periodistas del Grupo de los Diez, la titular del ORFIS advirtió que en esta ocasión no habrá prórrogas y las cuentas claras se van a entregar en tiempo y forma.

Respecto a que la cuenta pública del 2020 se entrega en tiempos, en los tiempos que señala la ley y que en cuanto a los municipios que deben de solventar ya lo último de sus cuentas públicas, la prescripción de la ley es de 7 años, por lo que su responsabilidad no termina, aunque ya no estén en el poder.

Aclaro además que para los delitos graves la ley señala que la prescripción es de 7 años y para los no graves 3 años.

Pero precisamente por esos tiempos y plazos -que ahora son muy largos- se presta a que los funcionarios responsables de alguna irregularidad, se confíen en que tienen tiempo para poder “aclarar” los posibles malos manejos administrativos.

Por eso es que ya se va a presentar ante el Congreso del Estado una propuesta para hacer una reforma constitucional y a las leyes correspondientes, para reducir los tiempos de la fiscalización.

Y es verdad, que ahora, en que se van dando los pasos para detectar, aclarar y en su caso sancionar a los culpables, son muchas las instancias que se tienen que cubrir y en el transcurso de ese largo y sinuoso camino, se van diluyendo los casos y al final de cuentas, son contados los que llegan a ser enjuiciados.

Cada vez que los tiempos se prolongan puede dar lugar a irregularidades a impunidad, a componendas o sea una serie de circunstancias que cuando los tiempos, los plazos son cortos, se inhiben.

Así las cosas, en las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en 210 Municipios y 6 Entidades Paramunicipales (5 Organismos de Agua y 1 Instituto Municipal de la Mujer) las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria presentadas, no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir una falta administrativa y/o la existencia de presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, respecto de la gestión financiera.

Las 1,768 Observaciones hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal de $2,038,503,221.83, de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las Observaciones que implican incumplimiento de disposiciones legales o posible comisión de faltas administrativas, se generaron 2,401 Observaciones Administrativas, las cuales el Titular del Órgano Interno de Control, deberá continuar con la investigación respectiva y promover las acciones que procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles siguientes a la vista desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo; así mismo deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión.

Derivado de las auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera se determina: 18 Observaciones hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por $39,976,506.21, de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.

618 Observaciones realizadas a municipios, implican incumplimiento de disposiciones legales o posible comisión de faltas administrativas, de las cuales el Titular del Órgano Interno de Control, deberá continuar con la investigación respectiva y promover las acciones que procedan.

Con base en las observaciones que derivaron de la revisión a los Entes Fiscalizables Municipales, en el apartado de los Informes Individuales, se describen aquellos en los que existe la presunción de que los servidores públicos y en su caso los ex servidores públicos cometieron probables irregularidades o posibles conductas ilícitas en el manejo de los recursos públicos municipales, que hacen presumible la existencia de presunto daño patrimonial a sus haciendas públicas.

En estos momentos, ya el área jurídica del ORFIS se encuentra elaborando la documentación respectiva para continuar con el proceso legal.

Otro dato interesante es que el 80 por ciento de los municipios presentan irregularidades en su administración, por lo que, desde ahora, se vienen impartiendo cursos y talleres a las nuevas autoridades que habrán de entrar en funciones, para que no puedan decir, es que no sabía que no se podía hacer eso así.

De los que se van, todavía tienen varios años, para que puedan ser llamados a rendir las cuentas claras y tratar de justificar las irregularidades que cometieron, ya que como se ha dicho, son hasta siete años, en que todavía se pueden hacer los cargos a los malos funcionarios, aunque ya no estén en el poder.

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