Prefacio.
Cuentan que, cuando su agenda se lo permite, Cuitláhuac García sigue en vivo la conferencia de prensa que ofrece todas las mañanas el Presidente López Obrador. *** Cuando no le es posible, le preparan la grabación para que la vea más tarde, o una tarjeta informativa con el resumen de lo dicho ahí. *** Ojalá haya podido seguir de cerca la conferencia de este miércoles, y siga al pie de la letra lo manifestado por quien se ha constituido en su jefe y guía político y espiritual. *** Ojalá no se le haya pasado (y si así fue, que alguno de sus eficientes colaboradores se lo haya hecho llegar) cuando dijo: “… también eso es importante que se conozca: el ministerio público en la Fiscalía integra la investigación, averigua, recoge las pruebas y, si lo considera, le solicita al juez que se ofrezca una orden de aprehensión o de presentación. Pero el juez es otro Poder, es el Poder Judicial. Muchas veces, los ministerios públicos presentan sus solicitudes ante el juez, y el juez declara que es improcedente, que no hay todos los elementos o que está mal integrada la averiguación, así es”. *** Nunca le hemos escuchado al ingeniero Cuitláhuac García, desde que impuso a su propia Fiscal, que un delincuente fue puesto en libertad por fallas en la integración de la carpeta de investigación. Siempre –desde su óptica- los culpables son los jueces.
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Poco a poco, de manera inexorable, van cayendo las cartas que conformaban un espectacular castillo de naipes. Bastará una débil racha de viento para que se desplomen al unísono y quede en evidencia el desaseo jurídico con el que ha actuado el actual gobierno estatal.
Este miércoles La Legislatura de Veracruz dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la controversia constitucional 267/2019, en la que dejó sin efectos la intervención de la tesorería del municipio de Mixtla de Altamirano (por parte del Congreso), además de la suspensión provisional del ayuntamiento y -por ende- la designación del Concejo Municipal, por lo que se dispuso la restitución de los integrantes originales de esa administración municipal.
La última instancia judicial en México estableció en su sentencia que “más que acogerse a un fundamento legal, el Poder Legislativo veracruzano actuó fuera del marco de la ley, tergiversando el contenido de un artículo para utilizarlo formalmente como fundamento”.
La resolución no dejó lugar a dudas: “… las consideraciones suscritas para justificar esta postura por parte del Congreso Local y la decisión propiamente dicha de suspender provisionalmente un Ayuntamiento y designar consiguientemente un Concejo contradicen de manera frontal al texto constitucional. Se da una invasión de competencias municipales en grado de subordinación”.
Desde el mes de noviembre del 2020 la Legislatura de Veracruz debió acatar la sentencia, pero mediante argucias legales se fue retrasando su cumplimiento, hasta llegar al límite de la paciencia del Poder Judicial de la Federación, que amagó con actuar contra las más altas autoridades del Congreso de Veracruz.
En la cuarta sesión ordinaria de la Diputación Permanente fue aprobado el Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para dar cumplimiento a la sentencia.
“Los integrantes del referido ayuntamiento que serán restituidos en el cargo, deberán comparecer ante este Congreso para la protesta de ley”, se establece en el Acuerdo, el mismo que advierte que en el caso de “un edil (en referencia al síndico Ricardo Pérez Marcos, acusado de participar en el homicidio de la exalcaldesa Maricela Vallejo Orea) que jurídica y materialmente se encuentra bajo los efectos de una medida privativa de libertad, serán las autoridades competentes que apliquen el criterio orientador contenido en la sentencia SUP-REC-13772021 y acumulado, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano especializado en materia electoral, respecto del ejercicio de los derechos político-electorales implicados”.
Así como esta errónea decisión, la Legislatura de Veracruz tuvo que dar marcha atrás a su reforma electoral, con la que, entre otras medidas, se desaparecían los consejos electorales municipales y se recortaban los montos de las prerrogativas para los partidos políticos.
La Suprema Corte también echó por tierra la Ley de Comunicación Social y la justicia federal ha otorgado amparos (que aún no se cumplen, por cierto) para proteger a magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, que fueron cesados “por motivos de edad”.
Ya lo habíamos advertido en este espacio: La falla en el área jurídica del Congreso local, es que no buscan sustento jurídico para sus decisiones, sino “pretextos jurídicos”.
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Epílogo.
La periodista Judith Sánchez Reyes, corresponsal del periódico Imagen del Golfo, de Veracruz, vivió una de esas experiencias poco gratas entre los comunicadores: Planteó una muy completa y detallada pregunta al Presidente López Obrador, y como respuesta por poco recibe apenas un monosílabo. *** Lo cuestionó sobre las carpetas de investigación que, tanto a nivel federal como estatal, se han iniciado en contra de los integrantes de la familia Yunes (la de El Estero). Le aportó detalles de cada caso, tanto del patriarca, Miguel Ángel Yunes Linares, como de dos de sus hijos, los que le siguieron en la carrera política (Miguel y Fernando). *** La respuesta del Presidente fue: “Yo creo que están escuchando en las fiscalías, tanto en Veracruz como en la Fiscalía General de la República, y es posible -si así lo determinan, porque son autónomos- que den a conocer si existen las denuncias, si existen las investigaciones y porqué no se les ha dado curso, que informen, eso es lo que podemos hacer”. *** Es muy evidente cuando al caudillo de la 4T un tema le incomoda. *** Esa parte de la conferencia de prensa, por cierto, sí se la pasaron al gobernador de Veracruz, quien de inmediato les encargó a sus eficientes colaboradores que le hicieran llegar información al respecto: -Sí hay unas denuncias contra funcionarios yunistas, de los que trabajaban en la SEV y en Salud, señor. – ¿Contra quiénes? ¿Qué se comieron? –Ah, no señor. Eso no lo sé, pero se lo averiguo. -¡Ya déjenlo! A ver qué me invento. *** Frente a los medios, el gobernador mencionó que hay denuncias por las obras abandonadas del sector salud, y que el enemigo número uno de Veracruz, Julen Rementería, “tiene cuentas pendientes” con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Misión cumplida, señor Presidente”. *** Hasta este miércoles, 3 millones 597 mil 168 personas han sido contagiados de Covid-19, de las cuales 11 mil 603 se confirmaron en las últimas 24 horas. Por complicaciones graves han fallecido 273 mil 391 individuos, cifra en la que se incluyen 811 reportados este día al registro nacional de la Secretaría de Salud (SSa). *** Respecto al Plan Nacional de Vacunación, la dependencia informó que ayer se aplicaron 712 mil 551 vacunas, con lo que el acumulado es de 96 millones 793 mil 184.
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