En los últimos días ha llamado la atención la iniciativa de la senadora de Morena, María Soledad Luévano, relacionada con el comercio informal.

El pasado 17 de septiembre se difundió el proyecto de decreto presentado por la citada legisladora, por el que se expide la Ley de Fomento al Comercio Informal. El documento ya se encuentra en las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos.

Básicamente, busca establecer un régimen de incorporación fiscal, que regule esa actividad y otorgue estímulos a los comerciantes informales que se inscriban en los padrones de la Secretaría de Hacienda; dicho de otra manera, que los comerciantes informales paguen impuestos.

La propuesta de Soledad Luévano plantea un subsidio del 25 por ciento en los impuestos tributarios de los comerciantes informales, por un periodo de cinco años.

También se prohibiría el comercio informal y se establecerían sanciones para los comerciantes que no estén inscritos en el régimen fiscal; se les recogerían sus mercancías y se les impondrían multas de 500 a 1,000 salarios mínimos, indica el documento turnado al Senado.

De entrada, el nombre de la ley que propone la senadora de Morena resulta un tanto contradictorio, porque no se trata de un ordenamiento que fomente el comercio informal, sino todo lo contrario, sería, en caso de ser aprobada, una ley que inhiba y castigue la informalidad en la actividad comercial.

El impacto de esta nueva ley, en caso de ser aprobada, sería enorme en cuanto a los recursos públicos disponibles en nuestro país.

Los anteriores gobiernos federales, tanto panistas como priistas, han planteado como una necesidad la incorporación del comercio informal en el Registro Federal de Contribuyentes, pero la resistencia ha sido enorme; hay que considerar que 56.4 por ciento de la Población Económicamente Activa se encuentra en la informalidad laboral, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al segundo trimestre de 2021.

En el último año, la informalidad laboral aumentó en 1.4 por ciento; esto es, personas que trabajan en unidades de producción que no tienen registros contables ni declaran impuestos; a esa población impactaría este nuevo ordenamiento propuesto por la senadora Soledad Luévano.

Veremos si este gobierno es capaz de inscribir al RFC y cobrar impuestos a un sector mayoritario en el país, que por años ha evitado el pago de sus contribuciones.

Si lo logra, sería un importante punto para la 4T, dado que el gobierno federal tendría más recursos disponibles para el pago de becas, pensiones y en general, programas sociales. A fin de cuentas, de algún lugar tiene que salir el dinero que se necesita para cumplir los compromisos anunciados de forma reiterada por el presidente de la República.

Aun así, es predecible que la medida provocará rechazo e inconformidad en un sector de la población que es mayoría, y que se ha negado a inscribirse en la formalidad fiscal. Veremos si la iniciativa prospera, con lo que se asegurarían más recursos para el gobierno federal, o si se queda en los archiveros del Senado.

@luisromero85