A decir de los más cercanos colaboradores de las titulares del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, y de la titular del ORFIS, Delia González Cobos, la crisis institucional y financiera que viven ambos organismos ha sido provocada por las imposiciones que surgen desde el Congreso del Estado, quien les ha dado trato de verdaderas meretrices.

En el caso del Poder Judicial, no sólo vive una profunda crisis económica provocada en los últimos meses a raíz de la disposición indiscriminada de recursos públicos para financiar campañas políticas -lo que generó un déficit que más de 500 millones de pesos que no pueden resolver-, sino también por el desempeño de nuevos e improvisados magistrados que llegaron sólo a pelear espacios de poder. No conocen el sistema de justicia.

La destitución de Sofía Martínez Huerta como Presidenta del TSJE no fue la solución sino apenas el principio de una nueva tormenta. Hay que recordar que fue destituida de manera vergonzosa en octubre del año pasado, por lo que el despilfarro financiero ocurrió ya en la administración de Romero Cruz, quien públicamente ha dicho que no es su responsabilidad, sugiriendo que ella no decide sobre el manejo de las finanzas del Tribunal.

Al interior del Tribunal es del dominio público que desde el Ejecutivo y el Congreso convirtieron al Poder Judicial es una enorme agencia de colocaciones para operadores políticos. De esta forma, en pleno proceso electoral, la institución gastó más de 140 millones respecto a su presupuesto del año anterior, pese a presumir ahorros, austeridad y determinar incluso la desaparición de juzgados.

Romero Cruz ha dicho que no hay ni para pagar la nómina y que requieren de al menos 500 millones de pesos para cerrar el año. El escándalo financiero llegó hasta el Presidente de la República quien dijo que se tendría que investigar el origen de la crisis; pero nadie ha movido un dedo porque todos lo saben. Por lo pronto, ni por asomo hay la intención de sancionar a nadie.

Pero ahora resulta que después del atraco al Poder Judicial –que incluyó la reducción de las percepciones de los magistrados- no les darán el dinero que requieren.

Ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín dijo en entrevista que han tenido reuniones con el Secretario de Finanzas para analizar la solicitud de ampliación presupuestal y simplemente no hay dinero, por lo que no se podrá rescatar al Poder Judicial. Si bien no negó la posibilidad de otorgar recursos adicionales, está descartado que sea esa la cantidad.

Lo mismo sucede con el Órgano de Fiscalización. Luego de convertirse también en un espacio laboral para amigos, parientes y operadores políticos, se dio la instrucción de demorar la presentación de la Cuenta Pública 2019 y dejar de contratar despachos a fin de que fuera en casa donde se lavara la ropa sucia del gobierno estatal y los Ayuntamientos morenistas. Así se confirmaría más tarde.

En abril pasado, Gómez Cazarín, exigió cambios en el ORFIS debido a que las observaciones a los entes desaparecían “por arte de magia”; en una tímida defensa de su trabajo, Delia González Cobos, respondió que no estaba para solapar ningún ilícito en los procesos de revisión de las Cuentas Públicas y mucho menos si se cometen desde adentro del ente fiscalizador.

También le dijo públicamente que los diputados locales, en cualquier momento, pueden solicitar una revisión de los expedientes integrados en caso de tener dudas y cuestionamientos, aunque recordó que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece la fase de solventación de observaciones, descalificando así las acusaciones del legislador.

Incluso, a través de algunos medios de comunicación, González Cobos filtró que los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019 ya estaban listos y que le fue ordenado detenerlos hasta pasada la jornada electoral. El exabrupto por poco y le cuesta la chamba.

Ayer Gómez Cazarín volvió a la carga y acusó a los fiscalizadores del ORFIS de actos de corrupción; que se trataba de empleados que con sueldos de 20 mil pesos adquirían vehículos particulares de medio millón gracias a que se dedicaban a limpiar las cuentas de los entes municipales. No aportó prueba alguna.

Dado su desempeño, las titulares del Poder Judicial y el ORFIS sólo han recibido el trato que merece la sumisión, obediencia y la entrega de su autonomía. Su silencio las ha vuelto cómplices.

Las del estribo…

1. Este miércoles, el Presidente López Obrador aseguró que sin FONDEN, se atiende a damnificados “mejor que nunca”. La tragedia se cuenta sola.

2. Tras el escándalo por la lujosa camioneta BMW que utiliza, El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), dijo que la compró antes de ser electo diputado de Morena, y que se ve en la necesidad de usarla porque no tiene otro vehículo. ¡Tanta pobreza lastima caray!.

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TEXTO Y CONTEXTO | A la buena entendedora… no alcanza para 500 millones