Bajo el falso argumento de la austeridad y la duplicidad de funciones, el Presidente López Obrador prepara un golpe mortal a todo el andamiaje institucional para la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la discriminación, con lo que estaría consumando su venganza personal en contra del movimiento feminista que tanto lo ha cuestionado.
El viernes pasado, la periodista y activista Sara Lovera reveló un plan para eliminar de un plumazo el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y de paso, hasta el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Esta sería la verdadera razón de la remoción de Olga Sánchez Cordero como Secretaria de Gobernación –quien se habría opuesto a la propuesta- y la llegada del ex gobernador de Tabasco Adán Augusto López, a quien no podrán acreditar la autoría del desmantelamiento de este sistema para la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres. Con días en el cargo, no tuvo participación en la asonada.
La decisión del Presidente implicaría derogar al menos cinco leyes, con lo que se nulificaría la política de género, la de población y se tirarían al cesto de la basura los incipientes avances para detener la violencia contra las mujeres. Apenas en su Tercer Informe de Gobierno, el propio López Obrador habría reconocido que el feminicidio es uno de los delitos de alto impacto que ha aumentado durante su administración. Pero eso no importa; la decisión está tomada.
El anuncio ha provocado de inmediato la reacción de los grupos feministas y organizaciones civiles vinculados a estos organismos. A pesar de que mujeres, abogadas, expertas y periodistas ya expresaron su rechazo al despropósito presidencial, la resistencia está marcada por la división en el movimiento feminista.
El plan según la columnista –quien cita como fuente a la periodista Martha Anaya-, se está discutiendo y “está muy avanzado” y afectaría la defensa de los Derechos Humanos, la que no ha podido atender la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a cargo de Alejandro Encinas, quien durante el relevo de la titular de Segob reconoció que habría muchos otros cambios. Lo que no aclaró es que no se trataba de personajes sino de la desaparición de instituciones.
En la lógica del Presidente, todos estos organismos resultan ser accesorios porque otras dependencias ya cumplen con estas funciones. De esta forma, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) clave para el combate a la violencia contra las mujeres, la absorberá Inmujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dejará su autonomía y se incorporará a Gobernación. El Consejo Nacional de Población (Conapo) pasará a ser parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Así mismo, el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) podría trasladarse –aun se está valorando- al Instituto Nacional Indigenista (INI). El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) pasaría al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) -encargada de la defensa de los derechos humanos de los refugiados-, pasará a formar parte del Instituto Nacional de Migración (INM), que es ¡¡quien los deporta!!
El Presidente persigue dos propósitos: ahorrarse unos miles de millones de pesos que requiere para inyectarlos a sus proyectos estratégicos (Dos Bocas, Tren Maya y Felipe Ángeles), y al mismo tiempo, eliminar todos los controles y contrapesos al Ejecutivo en materia de políticas de género y discriminación.
El caso más grave está en el Instituto Mexicano de las Mujeres. Este mismo fin de semana, cita Lovera, expertas de Naciones Unidas señalaron que el Inmujeres es parte del Gabinete ampliado y considerado a nivel de Secretaría de Estado. Ni convirtiéndola en una subsecretaría respondería a su objetivo, que no es otro que dirigir la política de género a nivel nacional, creado tras firmar acuerdos internacionales, que también se desconocerían.
Entre periodistas consultados por la propia Martha Anaya, subyace la suposición de que este sería también una de las razones que motivó la renuncia de Julio Sherer a la Consejería Jurídica de la presidencia, ante un plan que implica una serie de profundas reformas legislativas, a leyes secundarias de los mandatos de la Constitución y los acuerdos firmados en convenciones internacionales, como es el casos de la no discriminación y la violencia contra las mujeres. Sin ello, quedarán en franca indefensión.
La desaparición de estos organismos construidos a lo largo de muchas luchas sociales, principalmente de grupos feministas, ni siquiera tiene una razón ideológica, salvo la misoginia personal de López Obrador. Simplemente busca mitigar la profunda crisis financiera del gobierno federal y salvar sus proyectos estratégicos de infraestructura.
El gobierno se ha quedado sin dinero… y sin sentido común.
Las del estribo…
1. Luego del paso del huracán Grace, el gobernador Cuitláhuac García dijo que ya no extrañan el Fonden. Quienes sí lo extrañan, son los pobladores de Papantla y otros municipios que llevan dos semanas sin energía eléctrica. De los caminos mejor ni hablamos.
2. El viernes pasado, durante la elección de la dirigencia sindical del Congreso del estado, se confirmó que pesan más la complicidad y el dinero que la lealtad y eficiencia institucional.