Si hubo dos dependencias señaladas por abusos durante el gobierno encabezado por Javier Duarte esas fueron la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Los dos titulares de esas áreas, Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo Contreras, enfrentaron diversos señalamientos por parte del siguiente gobierno, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares.

Tanto Bermúdez como Bravo Contreras terminaron en problemas legales e incluso estuvieron por unos meses en la sombra, recluidos en el penal de Pacho Viejo.

Sin embargo, al iniciar diciembre de 2018, ya con el gobierno morenista instalado en Palacio de Gobierno, Bermúdez y Bravo Contreras salieron de prisión. Había cambiado la administración veracruzana y de perseguidos se convirtieron en “testigos”.

Con el cambio de gobierno en Veracruz, los titulares de esas dos áreas durante el gobierno de Yunes Linares, Jaime Téllez Marié y Jorge Winckler Ortiz fueron los blancos de señalamientos y acusaciones.

Jaime Téllez fue señalado por un mega daño patrimonial en el tema relacionado con la compra de cámaras de video para vigilancia, en tanto que Jorge Winckler tuvo que poner pies en polvorosa ante las denuncias en su contra.

Los funcionarios del gobierno de Javier Duarte, prácticamente todos los que enfrentaron problemas legales, poco a poco libraron sus señalamientos o están en proceso de hacerlo.

Ya no hay duartistas de alto nivel en Pacho Viejo. Los secretarios de despacho y funcionarios encumbrados durante el sexenio 2010-2016, como Juan Antonio Nemi, Mauricio Audirac, Francisco Valencia, Arturo Bermúdez, Gina Domínguez, Luis Ángel Bravo y el propio Flavino Ríos Alvarado, han salido de prisión y se defienden en libertad o simplemente resolvieron su situación.

Hoy, quienes viven la zozobra de la persecución son los yunistas: Jaime Téllez enfrenta los citados señalamientos; Jorge Winckler vive a salto de mata por un presunto caso de desaparición forzada, al igual que Marcos Even Torres Zamudio, ex fiscal anticorrupción durante el bienio de Yunes Linares; en tanto de Rogelio Franco, ex secretario de Gobierno del Estado, se encuentra recluido y es poco probable que salga a tiempo para rendir protesta como diputado federal electo por la vía plurinominal.

El tema de los perseguidos y persecutores surge hoy porque cuando parecía que Rogelio Franco veía la luz al final del túnel y que en cuestión de horas saldría libre, un nuevo giro en su caso lo podría mantener preso.
Al perredista le cayeron encima más acusaciones; ahora le señalan un presunto caso de extorsión y abuso de autoridad, en el que uno de los principales testigos o probable agraviado es el ex secretario de Seguridad durante el duartismo, Arturo Bermúdez.

A este paso, se observa muy complicado que el ex secretario de gobierno de la administración yunista salga libre y rinda protesta como diputado federal. En cambio, sí rendirá protesta el ex dirigente estatal del PRD y ex diputado local Jesús Velázquez Flores, quien por cierto lleva la defensa del ex funcionario detenido.

Es un tema cíclico: los perseguidos podrían convertirse en testigos en los futuros procesos; en tanto que los actuales persecutores podrían ser las próximas víctimas de los nuevos grupos que lleguen a Palacio.

@luisromero85