Este miércoles 11, al enterarse que la Fiscalía General del Estado había ejecutado una nueva orden de aprehensión en contra de su ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes  recriminó en Twitter que el gobierno de Cuitláhuac García “promueve acciones penales contra funcionarios de mi administración ‘acusándolos’ de haber participado en la recuperación de recursos económicos y bienes que fueron entregados por colaboradores y cómplices de Javier Duarte para ser incorporados al patrimonio de Veracruz, de donde habían salido”.

El problema es que el ex colaborador de Yunes Linares habría incurrido en actos ilegales en el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien denunció a Franco Castán por los presuntos delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, lo que al parecer al ex funcionario duartista le permite asegurar impunidad con el gobierno de Morena a cambio de que éste pueda retener en prisión a uno de los principales operadores político-electorales del ex mandatario estatal del PAN.

Y es que muy difícilmente Bermúdez Zurita y sus familiares más cercanos –su esposa, su hijastro y hermanos–, que serían sus prestanombres, podrían justificar las millonarias propiedades inmobiliarias que adquirieron en el sexenio de Duarte de Ochoa en Estados Unidos, Veracruz, Quintana Roo y Ciudad de México.

Casualmente, en su edición de este jueves, el diario Milenio publicó un documento titulado “Acres de Lavado de Dinero, Por Qué las Inmobiliarias Estadunidenses son el Sueño de la Cleptocracia”, elaborado por el think tank Global Finance Integrity, en el que México encabeza a la clase política mundial que esconde así sus ganancias ilícitas, junto con Venezuela, Guatemala, Malasia y Nigeria.

Y… ¡oh, sorpresa!, de los ex funcionarios y ex gobernadores mexicanos que lideran esta lista sobresalen el veracruzano Javier Duarte con 30 casas en Florida y el ex mandatario tamaulipeco Tomás Yarrington con las propiedades que confesó tener en Texas e Isla del Padre, así como el ex secretario calderonista de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, con su casa de 3.3 millones de dólares en Golden Beach.

Son los ejemplos de que los políticos mexicanos son los que más propiedades compraron en Estados Unidos para lavar su dinero.

En su análisis de 125 casos, Global Finance Integrity calcula que entre 2015 y 2020 se lavaron por lo menos 2.3 billones de dólares sólo en el sector inmobiliario estadounidense, 1.1 billones en el Reino Unido y 626 millones en Canadá.

En el caso del ex gobernador de Veracruz –preso desde hace cuatro años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México precisamente por lavado de dinero y asociación delictuosa– cita al menos cuatro investigaciones periodísticas de España y Estados Unidos para detallar que fue acusado en 2016 de malversar 26 millones de dólares e incluso fomentar actividades del narcotráfico y adquirió al menos 90 propiedades en México, España y Estados Unidos, usando abogados y socios de negocios al frente de una complicada red de compañías en Texas, Delaware y Florida.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces en Estados Unidos, los compradores extranjeros de inmuebles, originarios principalmente de México, Canadá, China, India y el Reino Unido, pagan inclusive un precio superior –351 mil dólares– al de las casas en venta en ese país que asciende a 305 mil dólares. Y el 39 por ciento de los compradores extranjeros suelen pagar en efectivo.

Y refiere que el año que más mexicanos compraron bienes raíces en Estados Unidos fue 2017, después  de que concluyó el sexenio duartista.

Los mexicanos son el caso número seis expuesto en el documento, titulado “Dinero Procedente de Corrupción Política Lavado a Través del Real State de Estados Unidos al Usar Abogados”.

Según explica, los delincuentes eligen la compra de inmuebles para lavar su dinero porque mantienen un valor estable, les permite acumular riqueza y ocultar su origen, hay una limitada supervisión que les permite ocultar su propiedad, pueden generar ingresos mediante alquileres o su promoción y así evitan cuentas bancarias bajo mayor vigilancia e incluso destaca que es más fácil librarse de esa recuperación de activos, ya sea de autoridades o del próximo político que tome el poder.

La investigación sostiene que Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países de riesgo de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario a pesar de que en 1988 modificó su ley de instituciones financieras en el secreto bancario, pero tiene hoy una de las leyes más débiles entre los integrantes del G7 para evitar el lavado de activos.

Y es que refiere que después de los atentados de 2001, se estableció una exención que parecía temporal, pero ha prevalecido durante más de 20 años, a la industria inmobiliaria “que creó algunas de las lagunas que hoy permite a cleptócratas, gobiernos hostiles, narcotraficantes y violadores de derechos humanos, lavar su dinero en bienes raíces en Estados Unidos”.