Prefacio.

A menos que el Presidente López Obrador “tenga otros datos”, lo cierto es que el grado de pobreza de la población mexicana escaló de 41.9% en 2018 a 43.9% del total de habitantes durante el 2020. *** Este incremento en la pobreza –en especial la pobreza extrema- implicó que 3.8 millones de personas pasaran a tener dificultades para adquirir los bienes y servicios de la canasta básica. *** Los mexicanos que ya se encontraban en situación de pobreza sumados a los nuevos pobres dan un total de 55.7 millones. Y en promedio cada mexicano presenta 2.4 carencias sociales. *** Según el informe de Medición de la Pobreza 2020 del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), también se registraron incrementos importantes en tres de las seis carencias sociales que se evalúan: salud, alimentación y educación. *** Aunque la población con acceso a la seguridad social mejoró, todavía sigue siendo la carencia con más persistencia en el país: más de la mitad de los mexicanos (52%) no están afiliados a ningún sistema de seguridad social. *** Como consecuencia de la crisis económica y laboral, no sólo el nivel de pobreza real incrementó, también presionó de manera importante la población en riesgo. Esto implica que si bien el 43.9% está en pobreza, adicionalmente el 23.7% de los mexicanos están en vulnerabilidad por carencias sociales y 8.9% están vulnerables por ingresos. De modo que sólo 2 de cada 10 (23.5%) mexicanos se encuentran fuera de las líneas del riesgo de caer en pobreza. *** ¡Primero los pobres! Y si son más, mejor.

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El 22 enero del 2019, hace ya dos años y medio, el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Edel Álvarez Peña, informó que por acuerdo de los integrantes del Consejo se aprobó llevar a cabo un “plan de austeridad” para el ejercicio presupuestal 2019, “acorde con la nueva realidad del país y en solidaridad con las medidas de austeridad que impulsan tanto el gobierno federal como el estatal”.

Apenas un mes antes, el gobernador Cuitláhuac García publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley Número 11, “de Austeridad para el estado de Veracruz”, documento que en su artículo primero, párrafo segundo, advertía:

“Sus disposiciones (las de esa Ley) son aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado de Veracruz, así como a los organismos públicos a los que la Constitución Estatal otorgue autonomía, en sus respectivos ámbitos de competencia”.

Esto es, que el “plan de austeridad” emitido por Edel Álvarez –que fue mandado al “archivo muerto” con el multimillonario adeudo que generaron las Ciudades Judiciales- obedecía al cuerpo de la Ley promulgada por el gobernador, que en su artículo 11 advertía:

“Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los órganos a los que la Constitución Política del Estado concede autonomía, emitirán las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente ley”.

En aquella ocasión –enero de 2019- Edel Álvarez Peña informó que habría una reducción salarial del 20% para los integrantes del Consejo de la Judicatura -entre sueldos y prestaciones- y que se buscaría ejercer recursos “solamente en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables, disminuyendo gastos no prioritarios, atendiendo a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración pública”.

Dijo que el plan de austeridad permitiría un ahorro cercano a los 100 millones de pesos durante ese año y que sería destinado “para garantizar el derecho a Infonavit y becas para los trabajadores del Poder Judicial”.

Este jueves la actual Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, anunció un plan (sí, ¡otro!) ahora denominado “de Eficiencia de Recursos y Austeridad 2021”, pero además se atrevió a presumir que con esa medida esa institución se colocaría como “ejemplo nacional en materia de disciplina financiera”.

Como parte de este “nuevo plan” la magistrada destacó la disminución “voluntaria” de los salarios –“en un 20 a 30 por ciento”, cifra que por alguna razón no dio de forma exacta- de 31 de los 35 Magistrados que integran el Poder Judicial. Es decir, que a partir de que entren en vigor estas disposiciones, habrá magistrados de primera (los que cobrarán más) y de segunda (los que aceptaron que les fuera reducido su salario).

Se incorporan a dicho plan medidas que ya estaban contempladas en la Ley de Austeridad promulgada por el gobernador en diciembre del 2018, como la eliminación del pago de servicios de telefonía celular, gastos de representación y la limitación de vales de gasolina (artículo 9 de la Ley de Austeridad).

El comunicado del Poder Judicial afirma que dichas medidas son “el resultado de estudios previos y un análisis de la situación financiera global actual”, cuando en realidad lo único que hicieron fue copiar el plan que emitió Edel Álvarez en el 2019.

Pero además, como se apuntó en este mismo espacio, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia acudió a Palacio de Gobierno para informarle al gobernador (su jefe, en los hechos) las medidas que tomarían para “eficientar los recursos”.

¿Autonomía entre Poderes? Ja, ja, ja.

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Epílogo.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló ante gobernadores de todo el país, que la educación es una actividad esencial, por lo que no estará sujeta a restricciones -incluso en semáforo rojo- es decir, podrá operar aún en el máximo nivel de riesgo de contagio. *** En reunión virtual privada de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y en la que también participó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, el médico explicó que el semáforo epidemiológico vigente -cuya nueva metodología fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- “requiere que liberemos la posibilidad legal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de poder llamar a las aulas cuando se tienen semáforos superiores al amarillo”. *** Sánchez Cordero destacó que es impostergable el regreso de los alumnos a las escuelas, pues la pandemia ha transformado las dinámicas sociales y ha adquirido matices que ni siquiera se imaginaban previamente. *** Sin embargo, frente a la decisión del gobierno de regresar a clases presenciales, el sector empresarial advirtió que la vacunación contra Covid-19 para menores de edad es la acción principal para el retorno seguro a las aulas, el que también deberá estar acompañado de protocolos técnicos, médicos y con la infraestructura necesaria para preservar la salud de todos. *** La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó la creación de una mesa permanente con la autoridad educativa, donde todas las voces de especialistas médicos, sindicatos, investigadores, académicos, padres de familia, maestros, directivos, supervisores, alumnos y autoridades estatales, sean escuchadas. *** El líder de la Coparmex, José Medina Mora, recordó que entre abril de 2020 y junio de 2021, en el país han fallecido 569 menores de 18 años por el Covid-19, dato que aporta la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. *** Este jueves, por tercer día consecutivo se notificaron más de 600 nuevos decesos por complicaciones de la enfermedad provocada por el coronavirus, al registrarse 618 fallecimientos más respecto a los reportados un día antes, para sumar 243 mil 165 defunciones en el país, según las cifras oficiales. *** En esta tercera ola de contagios, la capacidad hospitalaria se ubica en un 51% comparada con el pico más alto de ocupación registrado en la pasada ola, durante el invierno; en este mismo porcentaje se ubica la ocupación de camas generales a nivel nacional. En tanto, se detalló que el 42% de las camas con ventilador se encuentran ocupadas. *** Las entidades federativas con más de 3 mil casos activos registrados por la dependencia son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Tabasco, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit y Sonora. *** El gobierno federal reportó que el 55% de la población mayor de 18 años de edad se encuentra vacunada contra Covid-19 con al menos una dosis. Al corte del miércoles 4 de agosto, la Secretaría de Salud aplicó 975 mil 304 vacunas contra el nuevo coronavirus, para sumar un total de 69 millones 824 mil 231 dosis aplicadas en el país desde el pasado 24 de diciembre. *** De las 49 millones 299 mil 175 personas ya vacunadas, 26 millones 503 mil 580 tienen el esquema completo con una o dos dosis, dependiendo el tipo de biológico utilizado; mientras que 22 millones 795 mil 595 personas aún esperan la segunda dosis.

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