La auditoría integral al Instituto Metropolitano del Agua (IMA) realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al ejercicio 2019 revela que hay irregularidades en el manejo de recursos públicos y no se garantiza que la prestación de los servicios públicos de agua en Veracruz y Medellín se realicen de acuerdo al título de concesión para el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) que se realizó desde 2016 por 30 años.

El Instituto Metropolitano del Agua (IMA), es el organismo regulador y supervisor de la conservación, administración, buen uso, crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano dentro de los municipios de Veracruz y Medellín

¿Quién es el grupo MAS y que lo liga con Odebrecht?

Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A. de C.V., mejor conocido como “Grupo MAS”, es un consorcio conformado por las empresas Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz (SAS) y los municipios de Veracruz y Medellín. Por su parte, el Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V es otro consorcio conformado por las firmas Odebrecht Ambiental, S.A. e InterAgbar de México, S.A. de C.V..

El Grupo MAS, que ostenta el título de concesión para la prestación del servicio de agua en los municipios de Veracruz y Medellín, se le vincula con la empresa Odebrecht, acusada de sobornar funcionarios en diversos países a cambio de contratos benéficos, como en el caso de Veracruz, en donde de acuerdo el ex director de Odebrecht México, Luis Alberto de Meneses, la empresa habría financiado con 500 mil dólares la campaña del entonces candidato a gobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero.

El ex director declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en agosto de 2011 Duarte de Ochoa viajó a Sao Paulo, Brasil para reunirse con el presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, y ahí se fraguó el proyecto de propósitos múltiples Xalapa para ceder los derechos Del Río La Antigua a la empresa, como parte de los pagos del priista por haberlo apoyada en campaña.

Al final esto no se concretó, pero en cambio, Javier Duarte promovió la participación de la empresa en proyectos, a través de dos subsidiarias: Etileno XXI y Grupo MAS. En el segundo caso, operado por Odebrecht Ambiental, logró la concesión por 30 años para el manejo del servicio de agua potable en los municipios de Veracruz y Medellín.

Tras darse a conocer el escándalo internacional de la empresa brasileña por el pago de sobornos a funcionarios de diversos países a cambio de contratos, grupos de la sociedad organizada y diputados locales han sostenido la urgencia de revocación del título de concesión para Grupo MAS, señalado por una deficiente prestación del servicio

Javier Chuman Rojas quien en un inicio fue el representante legal de Grupo Ambiental Pro Veracruz y también como director de MAS desde julio de 2015 a inicios de 2016, fue investigado en Brasil por fraude y lavado de dinero, por blanqueo de dinero en una de las investigaciones contra el ex presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva.

En 2017, el entonces alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, afirmó que la concesión entregada a Grupo MAS se hizo apegada a derecho.

Subejercicio de 26 mdp para aguas residuales

Hay que recordar que la auditoría por parte del Orfis se desprende de un exhorto del Congreso del Estado publicado el 20 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, como resultado de las constantes quejas por parte de los usuarios del servicio, por cobros excesivos, llegada de agua sucia, con olor a cloro, amarillenta, sucia, turbia, negra e incluso con arena a sus hogares.

Una de las irregularidades detectadas por el Orfis es que el IMA tuvo que regresar 26 millones 160 mil 421 pesos a la Tesorería Federal (TESOFE) por no haber comprometido el recurso proveniente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como parte de los programas de devolución de derechos y de sanitario de aguas residuales; como consecuencia, tampoco pudo acceder a la misma cantidad que aportarían los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín, por lo que en conjunto dejó de percibir 52 millones 320 mil 842 pesos.

Esto toma relevancia porque en la revisión del Orfis se advierte que no se llevan a cabo acciones para la construcción de nueva infraestructura, pues se ha centrado la atención únicamente en la supervisión del estado físico que guarda la infraestructura existente y el recurso devuelto pudo servir para atender estos temas. Además, como consecuencia de la devolución del recurso, durante 2020 no pudo acceder a esa partida federal por la sanción impuesta.

Agua no cumple con certificados de calidad

A esto se suma que el IMA incumplió en su responsabilidad de supervisar y vigilar que se cumpliera con los términos de la concesión a Grupo MAS, entre las que se establece la recuperación del certificado de la calidad del agua para consumo humano que emite la Secretaría de Salud y que “por cuestiones económicas” el extinto Grupo SAS perdió.

El IMA justificó que si bien no se cuenta con el certificado de calidad del agua se debe a que esta es una excepción para no realizar el pago de derechos de descargas de aguas residuales en bienes del dominio público como cuerpos receptores de las mismas y que por ello “paga trimestralmente” los derechos.

Sin embargo, en ese rubro, el Orfis advirtió que haber acreditado el pago no implica que haya cumplido con las disposiciones en materia de aguas residuales, ya que se debe cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Mexicana. A pesar de ello, no se presentó evidencia documental para demostrar que cumple con las concentraciones de contaminantes de cada descarga.

Y advierte que señalar que no cuenta con el certificado podría implicar la admisión de que las descargas rebasan los límites máximos establecidos, ya que de no rebasarlos estaría exento del pago de derechos, tal como establece la normatividad en la materia.

Tampoco se cuenta con el certificado de calidad de agua para consumo humano emitido por la Secretaría de Salud, a pesar de que esta forma parte de la condición 9 establecida en el título de concesión; el IMA señaló que se hacen verificaciones para el muestreo de cloro residual libre e incluso advirtió que en la concesión no se establece una fecha para el cumplimiento de este requisito, pero el Orfis señaló que estas son insuficientes para garantizar la idoneidad y calidad del agua para consumo humano y que se debía cumplir como parte de la concesión.

Se reciben niveles bajos de eficiencia y calidad

Otras irregularidades detectadas en la gestión financiera es que la IMA no sancionó a INMOPUENTES SA de CV por incumplir parcialmente con el pago del 20 por ciento del total de ingresos por cuotas de usuarios, que debían pagarse en los siguientes 15 días al corte mensual, ya que se hizo de junio en adelante y no desde abril, fecha en que inició el convenio.

El IMA aseguró que sí aplicó una sanción por 83 mil 801.82 pesos y dio plazo para el pago hasta el 5 de noviembre de 2020; sin embargo, el Orfis advirtió que esta sanción se aplicó hasta octubre de 2019 y no de manera inmediata como tenía que ser.

A esto se agrega que no se encontró evidencia documental alguna que ampare y justifique fehacientemente la suscripción de un convenio entre los municipios de Veracruz, y Medellín de Bravo para la creación del Instituto, y aunque el IMA respondió que no era necesario al contar con el aval del Congreso del Estado, el Orfis determinó que esto sí es necesario.

De manera general, el órgano fiscalizador señaló que al momento de la revisión no se logró elevar los niveles de eficiencia en la operación de los servicios públicos concesionados, situación que ha provocado que los usuarios del Sistema Metropolitano de Agua reciban servicios públicos de agua con bajos niveles de eficiencia y calidad.

“En lo que corresponde al alcance de desempeño, no es posible afirmar que el Instituto Metropolitano del Agua haya garantizado que el Sistema Metropolitano de Agua y que la prestación de los servicios públicos de agua en Veracruz y Medellín de Bravo hubieran operado de acuerdo con el objeto y las condiciones que se establecieron en el Título de Concesión, debido a que al momento de la revisión no se logró elevar los niveles de eficiencia en la operación de los servicios públicos concesionados; situación que ha provocado que los usuarios del Sistema Metropolitano de Agua reciban servicios públicos de agua con bajos niveles de eficiencia y calidad”, señala la auditoría.

La auditoría advierte que aun cuando el IMA cuenta con atribuciones para hacerlo, no se presentó evidencia de que en 2019 haya planeado, operado, supervisado y evaluado programas y/o actividades relacionadas con el desarrollo de nueva infraestructura pública requerida por el Sistema Metropolitano del Agua.

AVC

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