A un año de vencer el plazo legal para hacer la entrega del Informe General de Resultados de la Cuenta Pública 2019, la titular del Órgano de Fiscalización (Orfis), Delia González Cobos, confirmó que el presunto daño patrimonial de ese ejercicio fiscal es de dos mil 645 millones de pesos.
En ese sentido, explicó que 46 entes estatales tienen recomendaciones que hacen presumir la existencia de daño patrimonial con 566 millones de pesos, y 210 municipios por más de dos mil millones de pesos.
En su discurso, después de hacer la entrega de los tomos, la funcionaria explicó que sólo dos municipios presentaron inconsistencias de carácter administrativo.
La auditora indicó que seis entidades paramunicipales presentan irregularidades que generan un posible daño patrimonial por once millones, mientras que diez entidades paramunicipales presentan inconsistencias de carácter administrativo y una sin observaciones, ni recomendaciones.
Detalló que 28 entes estatales presentaron inconsistencias de carácter administrativo y dos sólo tienen recomendaciones.
En materia de legalidad y desempeño, dos entes estatales, tres entes municipales y una paramunicipal presentan inconsistencias de carácter administrativo.
Asimismo, se hicieron reintegros por más de 100 millones de pesos, de los cuales 62 millones de pesos corresponden a 108 ayuntamientos, 14 millones a tres entidades municipales y 24 millones a 16 entes estatales.
Explicó que se seleccionaron 305 entes fiscalizables a través de pruebas y muestras selectivas a los cuales se les practicaron 825 auditorías, revisiones y evaluaciones, de las que 596 fueron auditorías integrales.
De ellas, dijo, 306 fueron en materia financiera presupuestal, 224 técnicas a la obra pública, 60 de obra pública y obligaciones, seis de legalidad y sobre el desempeño, 169 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones municipales, así como 60 evaluaciones de participación ciudadana.
“Quienes integramos el Orfis asumimos la responsabilidad de nuestras funciones, lo que nos lleva a presentar las conclusiones de nuestra labor, apegándonos a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad que la auditoría superior nos exige”, dijo.
La Auditora manifestó que es innegable que la situación de emergencia que continúa persistiendo obligó a todos a tomar medidas extraordinarias, sin que fuese la excepción la actividad fiscalizadora desarrollada por el Orfis.
La entrega se aplazó en tres ocasiones, ya que de inicio se debía entregar el 15 de noviembre de 2020, posteriormente a más tardar el 31 de enero del 2021, y finalmente se estableció como término máximo el último día del mes de julio.
AVC//Isabel Ortega
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