A propósito de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, el diario El Universal dio a conocer este viernes una encuesta sobre el tema y los números son interesantes: Ocho de cada diez encuestados quieren que los exmandatarios sean enjuiciados, pero siete de cada diez piden que también se enjuicie al Presidente López Obrador.
Y es que (aunque aún no se da cuenta) la bandera de su honradez inmaculada se empieza a deshilachar. El discurso donde se resaltaba que no roba, que no es corrupto, que es íntegro, recto, decente, honesto, humanista, dadivoso e impoluto repetido hasta la náusea por sus seguidores, terminó por desgastarse.
Siete de cada diez mexicanos ya no le creen y piden que también sea llevado al paredón donde quedarán alineados después del 1 de agosto, cinco de sus seis antecesores vivos.
La encuesta reveló que el 43.4% de las personas consideran que es muy importante participar en la consulta popular. Pero el 59% opina que no es necesario llevarla a cabo, contra 38.5% que opina que sí.
A la pregunta sobre cuáles actores políticos desean ver enjuiciados, el 90.9% (casi diez de cada diez) dijeron que a Carlos Salinas de Gortari. A éste le siguen los exgobernadores con un 90.4%; los diputados con un 90.1% y los jueces y senadores ocupan el cuarto lugar con un 90%.
Enrique Peña Nieto quedó en el quinto sitio con un 89.9% y tras él van Felipe Calderón con 89.2%, Vicente Fox con 88%, Ernesto Zedillo con 87% y Andrés Manuel López Obrador con un 72.4% de ciudadanos que desean verlo ante un juez de control.
Esto debió doler y desilusionar al tabasqueño que cree sinceramente que es el mejor Presidente después de Benito Juárez y que la gran mayoría de los mexicanos aprueban sus excesos y tarugadas. Pero también debió acalambrarlo.
La consulta auspiciada por el INE costará 528 millones de pesos que los pagarás tu con tus impuestos, lector. Pero aparte deberás pagar el acarreo organizado por los súper delegados en los estados. Y es que hay que juntar 32 millones de sufragios para que el INE dé validez a la consulta.
¿De cuánto dinero extra estamos hablando? Se calcula conservadoramente, que el acarreo costará entre 700 y mil millones de pesos. Repito, conservadoramente.
Dinero tirado literalmente a la basura porque la Fiscalía General de la República tiene la potestad por ley, de llevar a juicio a cualquier hijo de vecino que sea un presunto delincuente, incluidos los expresidentes. Y sin consulta.
El obtuso galimatías en el que se convirtió la pregunta de la consulta que le corrigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a López Obrador, lo pone de a pechito para que él también sea enjuiciado.
De ahí el calambre.
Lo dije anteriormente y lo repito, si uno solo de los expresidentes va a prisión se abrirá el abanico de posibilidades para que el siguiente enchiquerado sea el tabasqueño porque motivos ha dado y de sobra.
La autoridad moral de la que presumió a principios de su mandato y de la que se ha servido para ensañarse con sus adversarios, se desmorona conforme avanza su sexenio.
¿Qué autoridad moral puede tener un sujeto que tiene entre los corruptos que dice combatir a miembros de su familia y de su gabinete? ¿Qué autoridad moral puede tener quien cierra estancias infantiles, niega medicamentos a niños con cáncer y minimiza la violencia contra las mujeres? ¿Dónde queda esa autoridad cuando miente con tan cínico desparpajo?
López Obrador está en las antípodas de ser el político sin mácula que vendieron sus jilgueros. Su imagen de intachable se ha rebajado tanto que ya se igualó a la de sus antecesores. Hoy no tiene ninguna autoridad moral para señalar con el índice a nadie porque en automático tres dedos lo señalan a él.
En México hay entre cientos, un viejo adagio que se utiliza para exigir igualdad en escenarios donde se beneficia solamente a una persona: O todos coludos o todos rabones.
Que se vaya formando Andrés Manuel junto a los expresidentes, porque como ellos, también tiene una cola muy larga para que se la pisen.