Avala el Pleno la licencia para separarse, de forma definitiva, a la diputada María Josefina Gamboa Torales.
Como parte de los trabajos de la sexta sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo ordinario, del tercer año de labores de la LXV Legislatura, el Pleno aprobó, por obvia resolución, la licencia definitiva para separarse del cargo de la diputada María Josefina Gamboa Torales, por lo que continuará y concluirá las funciones la legisladora Janet Yepez Lara, quien rindió la protesta de ley ante el Pleno, el pasado 15 de julio.
Por otra parte, este Congreso aprobó a la ciudadana Citlali Medellín Careada separarse del cargo de presidenta municipal del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, por lo que se hizo el llamado a la suplente para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma la titularidad y concluya el encargo.
Asimismo y a petición del Gobernador del Estado, esta Soberanía concedió la dispensa de ley al ciudadano Iaved Israel Venegas Durán para que asuma la titularidad de la Academia de Seguridad Pública del Sureste, al no cubrir el requisito de ser veracruzano.
Por otra parte, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Procuración de Justicia y de Hacienda del Estado el documento presentado por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien pide autorización para modificar contratos de asociación público-privado para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, conservación y mantenimiento de hasta 20 centros de impartición de justicia de ese Poder.
Lo anterior, a realizarse en diversos municipios del estado, celebrados al amparo del decreto número 346, modificado a su vez mediante decreto número 624, ambos emitidos por este Poder Legislativo y publicados en la Gaceta Oficial del Estado el 16 de octubre de 2017 y el 7 de febrero de 2018.
Además, la Mesa Directiva instruyó remitir a las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión social las peticiones de los ayuntamientos de Acayucan, Agua Dulce y Puente Nacional, que piden autorización para realizar diversas acciones para el cumplimiento de juicios laborales, emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial Estatal.