Siete de las y los 13 aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana, para el periodo 2021-2025, evaluaron como graves las condiciones de violencia e inseguridad en los campus de esta casa de estudios.

Plantearon que la comunidad universitaria se ha enfrentado al robo de celulares, relojes, mochilas u otras pertenencias. Y en algunos casos más graves han tenido que solicitar cambios de domicilio por ser víctima de algún delito.

Mientras tanto, para el resto de los aspirantes a la rectoría se trata de “casos aislados”, y parte de “un tema de agenda nacional, que corresponde a las autoridades establecer las medidas necesarias para brindar protección a la ciudadanía”.

Grave la violencia e inseguridad en la UV

Martín Aguilar Sánchez calificó como grave la violencia y la inseguridad en los campus de la UV. Explicó que se han realizado algunos diagnósticos que no han sido atendidos y que nos ponen en alerta.
Dijo que la inseguridad en nuestro país no ha podido eliminarse y por lo tanto tampoco en nuestro estado. Y por tanto “la violencia llega a los familiares y a los propios estudiantes: extorsiones, secuestros exprés, venta de drogas”.

Aguilar Sánchez planteó que “una de las primeras acciones debe ser el seguimiento y la evaluación continua de este tema”.

“Se requieren campañas estructuradas de prevención, atención y seguimiento, particularmente en las regiones universitarias más afectadas”. Y propuso: “la creación de un protocolo de respuesta ante este tipo de situaciones, cuando afecten a las y los universitarios dentro y fuera de las instalaciones”.

Alejandro de la Fuente Alonso también calificó como grave la violencia y la inseguridad en los campus UV.

“Cualquier atentado a la seguridad de los miembros de nuestra universidad debe ser catalogado como grave, se deben fortalecer los sistemas internos de prevención de riesgos y fortalecer la coordinación con las instancias estatales responsables de la seguridad pública, a fin de brindar una percepción mayor de seguridad a toda la comunidad universitaria”.

Beatriz Lira Rocas consideró grave la situación de violencia e inseguridad en los campus de UV.

“Nos enfrentamos (…) a una ausencia de cultura de la legalidad que se observa arraigada a los valores de la población mexicana, así como una falta de educación cívica y empática, lo que nos pone es un escenario donde los Derechos Humanos pueden ser vulnerados”, argumentó.

Y enseguida, planteó: “necesario acciones y programas que tengan como principal objetivo cero tolerancia a la discriminación, a la desigualdad, al acoso, a cualquier tipo de violencia hasta ver terminadas esas prácticas”.

Jorge Manzo Denes también consideró grave la violencia e inseguridad en la UV, y consideró que “debe ser enfrentada con todos los recursos institucionales. Desde la enseñanza y la socialización universitaria, pasando por las prácticas e interacciones entre los agentes universitarios; desde la investigación y la producción de conocimiento que nos ayude a comprender la magnitud y las causas del problema; desde las artes para hacerlo visible y reconocerlo”.

“Necesitamos aprender de otras experiencias institucionales y abrir foros para su análisis. La violencia externa debe encontrar una comunidad cohesionada que se defiende. A mayor legitimidad social menor será la fragilidad de los universitarios frente a los actos violentos en la sociedad”, señaló Manzo.

Héctor Narave Flores reconoció que en el entorno universitario se han registrado “asaltos en las inmediaciones de los campi, robo de celulares, relojes, mochilas u otras pertenencias. Incluso en algunos casos personas ajenas se introducen en las instalaciones con el objeto de molestar a estudiantes y personal académico”.

“Consideró que esto constituye uno de los problemas más graves y de muy lamentables consecuencias, que incluso ha arrebatado la vida de varios integrantes de la comunidad universitaria”.

Rocío Ojeda Callado se pronunció en el mismo sentido, y argumentó que “en las diferentes facultades se reflejan actos de violencia y asaltos que han atentado contra la integridad de la comunidad universitaria”.

Salvador Tapia Spinoso calificó como grave la violencia e inseguridad en los campus universitarios.

Dijo que “la UV ha desarrollado manuales, protocolos y aplicado acciones para prevenir, atender y reducir la violencia al interior de la institución; sin embargo, la problemática es compleja y compete a múltiples actores y dependencias el trabajo para lograr resultados efectivos y visibles en la erradicación de las violencias en los espacios universitarios”.

Señaló avances para eliminar la violencia por razón de género, condición o identidad, así como para mejorar la seguridad al interior de los espacios universitarios, “sin embargo, es necesario orientar esfuerzos institucionales suficientes (…) para consolidar estas estrategias y lograr espacios seguros y libres de violencia”.

“En la periferia de los campus, la situación sí es sumamente preocupante”, afirman

En tanto, aspirantes como Héctor Coronel Brizio consideraron “no grave” la inseguridad en los campus universitarios. Argumentó que la inseguridad es un tema de agenda nacional, que corresponde a las autoridades establecer las medidas necesarias para brindar protección a la ciudadanía”.

Sin embargo, dijo que en “algunos casos aislados”, se ha orientando a la víctima a que presente su denuncia ante la instancia judicial correspondiente, y en algunos casos “se ha brindado apoyo a estudiantes que han tenido que cambiar su domicilio por ser víctima de algún delito, facilitando el cambio de una región a otra, cubriendo siempre los requisitos establecidos en el reglamento de los alumnos”.

Dijo que un ejemplo de que la UV goza de medidas de seguridad adecuadas es que “durante toda la pandemia por COVID-19 no se presentó ningún acto de vandalismo, pese a que las instalaciones estuvieron cerradas”.
José Luis Cuevas Gayosso también consideró no grave la violencia y la inseguridad en los campus de la UV. Dijo que las violencias y la inseguridad al interior de la Universidad, deben ser calificadas como conductas reprobables e intolerables.

Y propuso que cualquier acto de este tipo debe ser atendido por medio de “los esquemas de control administrativo y laboral en aplicación de la normatividad interna universitaria, y en su caso con apego a la legislación Estatal, poniendo en conocimiento de las autoridades responsables”.

Cuevas Gayoso reiteró la importancia de procurar “la protección y defensa de los derechos humanos y de género de la víctima(s), con garantía de no repetición y reparación integral”.

Darío Fabián Hernández González consideró no grave la violencia y la inseguridad en la UV. Sin embargo consideró “prioritario hacer un diagnóstico puntual de las formas de violencia que impactan a la comunidad universitaria para que las medidas de prevención y contención que se generen sean las adecuadas”.

También resaltó la importancia de la “vinculación cercana con las dependencias gubernamentales asociadas a esta problemática, para la asesoría clara y temprana que derive en un seguimiento oportuno y mecanismos formales de atención de las denuncias de violencia que manifieste cualquier integrante de la comunidad universitaria”.

Carlos Lamothe Zavaleta también consideró no grave la violencia en espacios universitarios.

Argumentó que si bien “la violencia y la inseguridad (…) han deteriorado el tejido social, afectado a nuestro país y al estado. Por fortuna no ha incidido de forma grave en los campi de la Universidad Veracruzana”.

Sin embargo, Lamothe Zavaleta consideró que “deberán fortalecerse la implementación de medidas preventivas existentes, como el servicio privado de vigilancia y el sistema de videocámaras para desalentar la comisión de ilícitos, así como el fortalecimiento del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR) para contribuir a la cultura del autocuidado y del cuidado colectivo, particularmente en la época pospandémica”.

Yolanda Mendez Grajales considera no grave la violencia y la inseguridad en los campus de la UV

“Desafortunadamente es una situación que permea el país, el estado y no debemos ser omisos o minimizar el problema; no es grave, pero se debe atender todas y cada una de las denuncias, sospechas y se debe continuar con el trabajo de visibilizar cualquier situación que implique violencia de acuerdo a protocolos detenidamente revisados”, dijo Mendez Grajales.

Rafael Vela Martínez consideró que la violencia y la inseguridad no son graves “por lo menos a su interior”. Aun así, “se requieren acciones de reforzamiento de la política preventiva para garantizar la integridad de la comunidad universitaria”.

Y señaló que “en lo que corresponde a la periferia de los campus, la situación sí es sumamente preocupante por la inseguridad que prevalece a nivel nacional y estatal, en particular en algunas regiones universitarias”.

“Justamente por ello, se requiere evaluar y repensar el MEIF, ya que su implementación actual pone en grave riesgo a los jóvenes universitarios cuando tienen que asistir a clases a altas horas del día”.

AVC/Eirinet Gómez

Conéctate con Formato Siete:

DESDE EL CAFÉ  | Se robaron todo el dinero del mundo y no les harán nada