El Poder Judicial entregó 18.6 millones de pesos a cinco empresas de reciente creación que simularon licitaciones entre sí para adjudicarse servicios de soporte en las videograbaciones de las salas de juicios orales durante 2019.

Una auditoría de la contraloría del Poder Judicial ordenada en marzo del 2020, advirtió la sospecha de contratos con operaciones inexistentes y/o simuladas derivado de la ausencia de la materialidad acreditable de la prestación de los servicios que amparan las facturas emitidas.

El daño patrimonial fue detectado al revisar la partida presupuestal 33300001 de Servicios en Informática del ejercicio fiscal 2019, el último año de la gestión de Edel Álvarez Peña como magistrado presidente del Poder Judicial.

En la revisión se descubrió que las empresas Unimontaño SA de CV, Praka del Pacifico SA de CV, Itzaes Industries SA de CV y Eiram Blanc SA de CV, se crearon entre abril del 2017 y marzo del 2018 y apenas unos meses después entraron en el padrón de proveedores del Poder Judicial – sin cumplir requisitos- para ganar contratos a través de licitaciones simplificadas.

Las empresas fueron creadas con domicilio fiscal en Guadalajara, Jalisco y comparten entre sí al menos 20 socios, apoderados legales y administradores según consta en sus actas de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

Los socios también comparten entre sí una red de empresas creadas en Cancún, Quintana Roo : Impro del Bajío SA de CV creada el 17 de enero del 2017 y Brava Operadora del Caribe SA de CV, creada en agosto del 2017.

El objeto social de las empresas rebasa las 100 actividades simultáneamente que van desde la siembra, cosecha y cultivo de hortalizas, la comercialización de medios impresos, el comercio de computadoras y el comercio de artículos de decoración, entre otros.

A pesar de ello, el consejo de la judicatura avaló la contratación de las empresas para la realización del Servicio de Asistencia para el apoyo a la Subdirección de Tecnologías del Poder Judicial, soporte en las videograbaciones de las salas de juicios orales y servicio de asistentes generales en el Tribunal Superior de Justicia.

Para realizar los contratos, las empresas hicieron varios cambios de socios y apoderados legales en las actas ante el Registro Público de la Propiedad según pudo constatar en su historial electrónico.

En el oficio C/DACE/0220/2020 del 18 de junio de 2020 del Poder Judicial, se notificó al Director General de Administración del Consejo de la Judicatura, las observaciones, donde se advierte la existencia de apoderados en común de las empresas.

“Lo anterior, deja ver la injerencia de las personas en varias empresas, lo cual reduce la participación de éstas, en las contrataciones que realiza el Poder Judicial a un número determinado, por tal razón no se puede asegurar que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad, precio y transparencia”, detalla el informe del cual se tiene copia.

El 23 de enero de 2019, el Poder judicial turno las invitaciones de las Licitaciones Simplificadas de la partida presupuestal 33300001 Servicios en Informática; sin embargo, por el monto contratado se debió realizar una Licitación Pública, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz.

También se observa que los proveedores invitados a participar en la licitación cuentan con domicilio en las ciudades de Guadalajara, Zapopan y Cancún, por lo que el Poder Judicial no dio preferencia a proveedores con domicilio fiscal ubicado en el Estado de Veracruz y con una antigüedad mínima de 5 años como lo establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016 – 2018.

En julio del 2020, a través de comunicación oficial, el área administrativa del Poder Judicial informó que sería imposible solventar las observaciones de la Contraloría Interna, pues no se localizó la documentación de los expedientes ni hay evidencia de que el servicio se haya prestado.

Cuando la contraloría general del Poder Judicial revisó los contratos no se localizó en el expediente de la adquisición la constancia de cumplimiento de obligaciones estatales, hay falta de evidencia de supervisión y seguimiento del contrato por parte de Subdirección de Recursos Materiales, no hay evidencia de que las empresas hayan proporcionado al personal los materiales y equipos para prestar el servicio.

Más de 20 socios comparten empresas

Javier de Jesús Cetina Luna tiene 29 años, es originario de Cancún, Quintana Roo, en apenas un año se convirtió en apoderado legal de cinco empresas – Unimontaño SA de CV, Praka del Pacifico SA de CV, Itzaes Industries SA de CV y Eiram Blanc SA de CV.

Pero además es apoderado legal de la empresa Inpro del Bajio SA de CV creada en Cancún en 2017 y dedicada a las actividades relacionadas con la mercadotecnia, publicidad, propaganda y campañas publicitarias.

En la red social Linkedin dice que también es abogado en Corporativo en Brava Operadores del Caribe, S.A, empresa creada en agosto del 2017 en Quintana Roo y de donde también son socios: Victor Manuel Alarcón Hernández, Laura Elena Carmona Corro, Juan Carlos Cervantes González y Francisco Javier Yair Vargas Carvajal.

Es el mismo caso de Laura Elena Carmona Corro, Adryel Córdova Gómez , Hugo Leonardo Cuadros Gallardo y José Uhemac Orendin Romero , quienes son socias, apoderadas legal y administradoras simultáneamente de Praka del Pacifico SA de CV, Itzaes Industries SA de CV y Eiram Blanc SA de CV,

La lista de los socios que comparten entre sí las funciones en las empresas se extiende a una veintena de nombres.

¿Qué contratos ganaron?

De acuerdo a la auditoría, la empresa Unimontaño SA de CV creada el 10 de octubre del 2017 ganó el contrato PS/PJE/TSJ/SRM/001/2019 por 3.6 millones de pesos para la Prestación de Servicios de Asistentes Generales en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz en la supervisión técnica y los servicios de asistentes generales.

La empresa tiene entre sus socios y apoderados legales a : Javier de Jesús Cetina Luna, Raul Bravo Ávila, Adryel Córdova Gómez, Karla Rosalba Aldaz Ramírez, María del Rocio Contreras López y Francisco Javier Yair Vargas Carvajal.

En la documentación proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales, se identificaron dos contratos con el número PS/PJE/TSJ/SRM/001/2019 uno por un monto de $3,480,000.00 y otro por un monto $3,696,946.54, ambos debidamente signados, por lo que no se tiene la certeza cuál es el monto correcto.

La empresa Praka del Pacifico de SA de CV, se adjudicó el contrato PS/PJE/SRM/042/2019 por 6 millones de pesos para el servicio de asistencia para soporte en las videograbaciones de las salas de juicios orales del Poder Judicial .

La auditoría revela que de acuerdo a la constancia de Situación Fiscal su actividad preponderante es Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias, por lo que no se tiene la certeza de que cuente con experiencia para prestar el servicio.

En este caso tampoco hay evidencia de que el prestador del servicio haya proporcionado al personal los materiales y equipos para prestar el servicio, así como el gafete y uniforme.

La empresa Itzaes Industries, S.A. de C.V, creada el 28 de marzo del 2017 en Guadalajara, jalisco obtuvo el contrato PS/PJE/SRM/044/2019 por un monto de 6.2 millones de pesos para el Servicio de Asistencia para el apoyo a la Subdirección de Tecnologías del Poder Judicial del Estado de Veracruz: Supervisión Técnica y Servicio de asistencia técnica para apoyo a la subdirección de tecnologías del Poder Judicial.

La empresa quien también firmó un contrato por adendum para ampliar sus servicios, no entregó evidencia de que haya proporcionado al personal los materiales y equipos para prestar el servicio.

La empresa Eiram Blanc SA de CV, creada el 2 de marzo del 2018 en Guadalajara obtuvo un contrato por 2.7 millones de pesos para el servicio de asistencia para soporte en las videograbaciones de las salas de juicios orales del Poder Judicial.

De acuerdo a las ordens de pago y las facturas emitdas por la empresa solo recibió un pago por 2.4 millones de pesos.

El Dictamen de Procedencia, Bases (Anexo técnico y Económico) y contrato especifican un sólo servicio por un monto global, prestación del Servicio de asistencia para soporte en las videograbaciones de las salas de juicios orales del Poder Judicial en el zona norte, sin embargo, no proporciona la información específica sobre el servicio a contratar.

Las observaciones

La auditoría advierte la comisión de actos ilícitos por parte de los ex servidores públicos, en base a la la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como de lo estipulado por los artículos 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, y el Código Penal para Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En julio, el órgano de control del Poder judicial realizó cuatro recomendaciones:

Recomendación Número: DGA/2019/001: Realizar la investigación de mercado con proveedores establecidos en el Estado de Veracruz, a fin de conocer las condiciones en cuando calidad, oportunidad y servicio.

Recomendación Número: DGA/2019/002: Implementar medidas de control interno en la contratación de servicios, a fin de que el Poder Judicial evite asignar contratos a prestadores de servicios con los que pudiera existir conflicto de intereses.

Recomendación Número: DGA/2019/003: Implementar medidas de control interno que permitan cumplir con la totalidad de las cláusulas establecidas en los contratos suscritos con los proveedores o prestadores de servicios.

Recomendación Número: DGA/2019/004: Verificar que los proveedores adjudicados cuenten con la capacidad técnica e infraestructura para prestar los servicios contratados.

A la fecha se desconoce si el Poder Judicial ha interpuesto denuncias legales en contra de los funcionarios públicos por esta simulación de operaciones entre empresas.

AVC/Flavia Morales

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