Ante la crisis financiera del Poder Judicial, se implementó un nuevo Plan de Austeridad por el que se recortarán bonos especiales, se reducirá el número de personal de apoyo a los magistrados y se ajustarán los bonos y el aguinaldo, al resto de la clase trabajadora.
Así se anunció en un comunicado de prensa, luego de que se filtró a los medios de comunicación que la magistrada Isabel Inés Romero pidió a sus homólogos reducirse el salario y la compensación ante un déficit de 500 millones de pesos.
Recientemente el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, confirmó que dicha soberanía no ajustó su gasto a la reducción de los ingresos, por lo que de enero a julio se gastaron el presupuesto anual.
Por lo anterior, se anunció la eliminación de “excesos” a magistrados y consejeros del Poder Judicial de Veracruz; se retirarán los bonos únicos y disminuirán las gratificaciones como el aguinaldo a los magistrados.
Otras de las medidas que se realizará es la cancelación del suministro de insumos para magistrados y consejeros que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales; así como, se cancela la figura de secretario adjunto dentro de la institución.
Al contar con la categoría más alta dentro de la institución, se les propone algunas restricciones a los magistrados y consejeros del Poder Judicial en cuanto a sus percepciones especiales.
Por ello, solo se permitirá la asignación de asistentes de magistrados en su calidad de conductores ejecutivos o su equivalente al magistrado presidente y a los magistrados que por alguna discapacidad que les impida su traslado en forma personal a su centro de trabajo.
Para el caso de los magistrados visitadores únicamente tendrán el apoyo para el desarrollo de su función oficial.
Además, el cálculo del otorgamiento de la prestación de aguinaldo para magistrados y consejeros será homologado al del resto de los trabajadores; además, se elimina y se prohíbe cualquier bono especial o adicional para magistrados y consejeros que no se otorgue a los demás servidores públicos.
De igual forma, el cálculo del otorgamiento de la prestación denominada bono trimestral para magistrados igualmente será homologado al resto de los trabajadores.
Se prohíbe y se cancela cualquier acta de Pleno que haya autorizado cantidades económicas únicas para magistrados y consejeros adicionales a las prestaciones que tienen contempladas la ley o en los sistemas de haberes de retiro.
Se prohíben los vales de gasolina para magistrados y consejeros; únicamente podrán solicitarlos para el desempeño de sus funciones.
Sólo se permitirá un puesto de auxiliar de consejero o secretario de estudio y cuenta por ponencia, adscritos al Consejo de la Judicatura, salvo la comisión de Carrera Judicial, Disciplina y Vigilancia, que por su naturaleza y permanencia contará con el personal estrictamente necesario, condicionado a la disponibilidad presupuestal.
AVC/Isabel Ortega