Diana Patricia tenía seis meses de gestación cuando sufrió un aborto espontáneo en el baño de una tienda comercial en Oluta, este pudo ser causado por los golpes que recibió de su pareja días antes de este hecho, sin embargo, el pasado 24 de mayo cumplió un mes de estar detenida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acayucan, por homicidio culposo.
Las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos (CNDH y CEDH) y activistas advierten que este caso ejemplifica la revictimización a las mujeres, sin tener una investigación que sustente las afirmaciones contra ellas.
Diana Patricia – dicen sus familiares -, se cuidó durante el embarazo, tenía controles prenatales y esperaba con ansias a su hijo, las autoridades han señalado que le habría provocado asfixia al nacer y por ello es señalada por homicidio doloso.
Entre 2020 y hasta mayo pasado, en Veracruz se han denunciado a mujeres por 31 casos de aborto: 22 en 2020 y 19 en lo que va del año. La cifra preocupa a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y temen que sea la propia Secretaría de Salud de Veracruz, quien informa sobre estos abortos a las autoridades judiciales para iniciar las carpetas de investigación.
Su cuñada Sarahí Esponceda narró para AVC Noticias que la Diana fue golpeada por su pareja un día antes de que sufriera el aborto espontáneo, pero que lo ocultó a sus familiares; además, señala que el embarazo era considerado de alto riesgo.
Acusar sin investigar no garantiza respeto a los derechos humanos: Equifonía
La presidenta de Equifonía, Araceli González Saavedra, lamentó que el Consejo Social del IVM haya dado a conocer que Diana enfrenta señalamientos por homicidio doloso sin que se haya garantizado que se realizaron previamente pruebas como la de docimasia pulmonar, una herramienta forense que permite investigar y diagnosticar la existencia de vida extrauterina del recién nacido.
Incluso, dijo que aún con esta prueba se debe garantizar que se realizó con los requerimientos necesarios pues han observado en casos anteriores en que se han hecho con errores.
“Lo que se tendría que considerar por parte de la Fiscalía es que las pruebas que deben realizar cumplan con los criterios establecidos. La defensa del caso debe ser cuidadosa de la información que difunden porque muchas veces es la propia familia quien ya está viviendo esta situación que les implica complicaciones económicas y emocionales y debe haber un manejo respetuoso, aplica sobre todo para las instituciones y por ello respaldamos el comunicado de la CNDH y la CEDH de que se debe garantizar el debido proceso”.
González Saavedra dijo que luego del comunicado en el que algunas consejeras del IVM dan a conocer esta información se debe analizar si sus integrantes saben cuáles son sus responsabilidades como órgano ciudadano para evaluar el trabajo pues hacer afirmaciones sin conocer el estado del caso es grave.
“Te puedo asegurar que no han tenido acceso al expediente y están haciendo declaraciones solo para promover un debate respecto al aborto; lo hemos observado en otros momentos, que hay actores políticos que sólo contribuyen a la polarización con un manejo sesgado, limitado acerca del caso particular. El propio IVM tendría que hacer un llamado a sus consejeras para que eviten hacer este tipo de pronunciamientos irresponsables”.
“Sería importante que pudiéramos identificar quiénes denuncian porque muchas veces dentro del sector salud dan aviso a la Fiscalía en estos casos aun cuando sean abortos espontáneos y eso solo incrementa la desconfianza hacia la institución y va a dificultar que una mujer acuda cuando tiene una complicación derivada de un aborto ya sea inducido o espontáneo”, señala González Saavedra.
El caso de Diana Patricia es común
El secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad segura en México, David Meléndez Navarro, advirtió que este caso evidencia que las autoridades realicen “encarcelamientos torpes” de mujeres, pues desde su punto de vista se podría tratar de un parto pretérmino, especialmente por el antecedente de violencia en este caso.
“Corresponde con toda seguridad aun parto pretérmino porque se ajusta; en los mismos hospitales cualquier médico te puede decir que sí han ocurrió partos en los baños y nadie insistiría en que fuero na tirar al niño a la tasa porque saben que es uno de los síntomas cuando se presenta un trabajo de parto. Estamos hablando de pura ignorancia y de unos prejuicios muy preocupantes de la autoridad de procuración de justicia”.
Agregó que es muy probable que el caso contra Diana Patricia no proceda porque la autoridad judicial deberá mandar a dictamen en el que rehaga un peritaje médico, que seguramente señalara que lo que le ocurrió es muy común.
Consideró que si bien se deben practicar exámenes como la docimasia, esta no es el único elemento que se debe tomar en cuenta porque aunque determinara que el producto tuvo vida extrauterina no significa que Diana lo hay matado.
“La prueba de docimasia no te dice si lo mató, te dice si nació vivo, pero puede haber nacido vivo, pero es difícil que sobreviva por ser un parto pretérmino. Un niño de nacimiento pretérmino tiene muchas dificultades para sobrevivir fuera del útero. El peritaje debe centrarse en verificar que la historia puede suceder médicamente”.
Añadió que es muy frecuente que en casos en los que las mujeres son golpeadas durante el embarazo se presenten partos pretérmino e incluso la muerte del producto dentro del útero.
CNDH y CEDH exigen respeto a los derechos humanos
Defensoras de derechos humanos e incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha exhortado al Congreso local de Veracruz para que modifique el Código Penal para establecer la interrupción legal del embarazo (ILE) que además forma parte de las recomendaciones hechas al estado de Veracruz por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) derivada de la alerta por agravio comparado que pesa sobre el estado
En días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su organismo estatal emitieron un comunicado conjunto en le que exhortaron al Gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado para no criminalizar a las mujeres y respetar sus derechos sexuales y reproductivos.
Manifestaron su procuración por el caso de Diana Patricia, encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo producto de un embarazo de alto riesgo, y condenaron su detención porque obedecen a factores producto de una violencia sistemática que ponía en riesgo su vida, su salud, su estado psicológico mental así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia.
“La acusación por homicidio hacia esta mujer denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizado hasta el momento además acusa la estigmatización que existe ante los caos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontánea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble victimización y falta de acceso ala justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía”, advierte el comunicado.
AVC/Perla Sandoval