Xalapa, Ver., lunes 5 de julio de 2021.- Reingeniería en áreas operativas y jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado de Veracruz fue necesaria y dolorosa, lo que se pretende con dar marcha a los juzgados laborales es garantizar el acceso a una correcta y eficaz impartición de justicia a todos los veracruzanos, señaló la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Al inaugurar la conferencia virtual “Retos y expectativa de la Nueva Reforma Laboral”, la Magistrada Presidenta Isabel Inés Romero Cruz, mencionó que el reto es poder cumplir con la función constitucional de impartir justicia en todo el Estado Veracruzano.

“Es lamentable y doloroso prescindir de espacios que brinden un servicio”, sostuvo.

Se trata de un reencauzamiento de recursos materiales y económicos, previo al inicio de los juzgados laborales.  Sin embargo, reiteró su compromiso de dar certeza de que ningún justiciable perderá las condiciones de acceso a la justicia.

Recordó a los especialistas en derecho que las puertas del Poder Judicial del Estado están abiertas para todos y con diálogo constructivo aunado al trabajo en conjunto, implementar acciones que beneficien la impartición de justicia.

“Esta modificación será un proceso paulatino, con adecuado estudio y reconocimiento a la labor desempeñada, se planea reubicar al personal a donde se requiere, donde haya mayor carga laboral”.

También, hizo un llamado al análisis objetivo de la situación para lograr un acelerado avance en el mejoramiento del servicio.

“No es momento de repartir culpas sino de emprender acciones institucionales para garantizar la marcha del Poder Judicial, que deviene de recurso del pueblo veracruzano, y su patrimonio debe de cuidarse por el bien de todos, y cuidarse bien. Eso es lo que se hace hoy”, dijo.

Los retos y expectativas están en el camino, la justicia laboral lo requiere, y el Poder Judicial del Estado de Veracruz se prepara para conseguirlo.

Al respecto, explicó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que Veracruz no está ajeno, sino que se ubica en la segunda etapa de aplicación, obliga a la institución a iniciar su aplicación el primero de octubre de este mismo año, esto es en menos de 3 meses, lo que colocó en una agilización de la programación de acciones para tener en esa fecha tope, todo el aparato jurisdiccional instalado para brindar a partir de esa fecha el servicio de la justicia laboral veracruzana, dependiente ahora del Poder Judicial Local.

Por ello, la decisión de adelantar el inicio de la justicia laboral en Veracruz presentó un gran reto: hacer que con el mismo presupuesto se realicen más actividades y grandes acciones.

Hizo un puntual señalamiento en torno a las condiciones actuales en nuestro país y estado, en virtud de los cambios en la sociedad moderna provocados por la pandemia, pues ante ello hay que reencauzar tareas.

Dejó en claro que la perspectiva es buscar las condiciones para dar respuesta puntual a los justiciables y cumplir con la obligación de dar marcha a los juzgados laborales.

Además de ejecutar lo anterior, se deben atender los requerimientos que corresponden a los juzgados en materia penal, civil, mercantil y familiar en los veintiún distritos judiciales, en los juzgados municipales, de primera instancia, y en la Alzada.

En su mensaje, subrayó que siempre se dará la mejor solución, aunque sea difícil de ejecutar, porque por encima de nuestros derechos particulares está el derecho de los justiciables y del pueblo veracruzano.

“Con la cara puesta al frente y reconociendo que dentro de cada juzgado que se mantiene en funciones, hay servidores públicos totalmente comprometidos, que hoy están con el proceso de entrega-recepción, y que a partir de ello tomarán el control de esos expedientes, se tiene plena confianza en que cada uno de los jueces, secretarios, proyectistas, administradores, auxiliares de causal, y oficiales administrativos redoblarán los esfuerzos para cumplir con el deber de otorgar justicia pronta y expedita”, dijo la titular del Poder Judicial del Estado.