El cierre de los 29 juzgados microregionales del Poder Judicial del Estado (PJE) encarece y aleja a las y los ciudadanos de la aplicación de la justicia, además de poner en riesgo el término de los asuntos, pues va a “sobrecargar” a las oficinas, señaló presidente del Colegio de Abogados Juristas y de la Federación de Abogados del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso.
Los integrantes del Colegio de Abogados Juristas y de la Federación de Abogados del Estado, comenzarán una serie de trámites legales como juicios de amparos y amparos colectivos en el que participarán decenas de juristas, en protesta a la decisión del Poder Judicial del Estado, que encabeza la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz.
En los Juzgados Microregionales se llevaban asuntos de materia penal, civil, mercantil y juicios orales; en cuanto a los juzgados digitales se atendían temas de jurisdicción voluntaria cómo cambios de nombre, acreditación de hechos.
“Que si bien es cierto en los juzgados digitales no había una Litis estaban empezando a funcionar muy bien para que la justicia se fuera familiarizando, en los juzgados digitales se ahorrarían papel, personal, los cierran y nos pega a los abogados y a los justiciables” dijo Olmos Alfonso.
Refirió que la justificación del PJE del cierre de 29 juzgados es con el objetivo de ahorrar en el pago de salarios, renta de inmuebles y servicios como luz y agua, sin embargo, estas decisiones repercutirán de forma directa en el bolsillo del ciudadano que deberá gastar más para acceder a la justicia.
Olmos Alfonso citó como ejemplo el encarecimiento de la aplicación de la justicia, el caso de ciudadanos que habitan en el municipio de La Antigua que ahora deberán trasladarse a Veracruz porque sus asuntos serán llevados en esos juzgados
En su oportunidad el abogado Ricardo Morales Carrasco, explicó que ante el cierre de los juzgados se termina la relación laboral de 29 jueces, 29 secretarios de acuerdos, 29 proyectistas, 29 actuarios, y sólo se quedarán con empleo las personas que contaban con una base sindical, los cuales serán cambiados de adscripción.
Citó como ejemplo que esos empleados sindicales si estaban en un juzgado del Uxpanapa podrían cambiar a Pánuco o a Coatzacoalcos, lo que representará problemas jurídicos, económicos y familiares para los mismos.
“Pero lo más importante es que la justicia se encarece y se vuelve un ahorro para el Tribunal, pero al sumar todos los expedientes, realmente el costo subirá. Porque si antes un juez tardaba en resolver 100 sentencias en un mes ahora tendrá que resolver en el mismo mes 200 sentencias, eso será más tiempo, más costos” dijo Morales Carrasco.
Acusó que al desaparecer los juzgados en materia digital, todo será por escrito, lo que representa un “gran retroceso”.
“Lo que mandata el artículo 1ero y 4to de la Constitución federal con respecto a la impartición de justicia de manera digital está desaparecido en el estado de Veracruz. Vamos a promover juicios de amparo de manera colectiva, aunque yo sea el único que lo haga, porque no es justo que se cierre la aplicación de la justicia, nos va a perjudicar, porque era una manera acceder a la justicia en medio de la pandemia del coronavirus.
AVC/Verónica Huerta
Comentarios