Durante su segundo informe de gobierno, el Presidente López Obrador aseguró que en materia de seguridad, en el país “ya no manda la delincuencia organizada, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea”, catálogo de falsedades que lo perfila como el campeón de su propio concurso mañanero sobre ‘quién es quién en las mentiras’. Les diré porqué.
Primero, por la narco jornada electoral que se vivió en prácticamente todo el país el pasado 6 de junio; y tres semanas después, con la violencia criminal que se ha desatado en varios estados del norte. Las masacres en Reynosa y Zacatecas sólo confirman la intervención de los cárteles del narcotráfico en las elecciones y sus resultados.
El sábado 19, Reynosa vivió una inaudita jornada de terror, cuando un comando armado a bordo de varios vehículos recorrió tres colonias de esa ciudad fronteriza para asesinar a 14 inocentes que transitaban por la calle. Mataron a obreros de una construcción, personas que estaban en un taller mecánico, en una tienda de abarrotes o que caminaban por las calles.
Antes que enviar un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas, el Presidente acusó que se trató de un acto de provocación, victimizando nuevamente a su gobierno de la crisis de inseguridad y violencia que no han podido resolver.
La semana pasada, durante jueves y viernes, Zacatecas fue el territorio de una feroz lucha entre cárteles que dejó al menos 40 muertos –según reveló una fuente del gobierno estatal a la revista Proceso-, mientras que la secretaría de Seguridad Pública de esa entidad informó solamente de 18, entre ellos, dos policías del vecino estado de San Luis Potosí, cuyos cuerpos fueron colgados de un puente vehicular.
Ambos casos –ataques a personas inocentes y enfrentamientos entre bandas delictivas- ponen en evidencia la impunidad con la que pueden operar y actuar estas organizaciones criminales. A menos de un mes de las elecciones, junio se apresta a ser uno de los meses más violentos en lo que va del sexenio, en el que ya se rebasaron los 88 mil homicidios.
Al mismo tiempo, las recientes elecciones intermedias fueron las más sangrientas que se han registrado en los últimos 30 años; hasta un día antes de la jornada electoral, habían sido asesinados 97 políticos.
Los casos de tortura es otra mentira del presidente. En su “Informe 2020/2021. La situación de los derechos humanos en el mundo”, Amnistía Internacional asegura que en México siguen ocurriendo diversas violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura y uso excesivo de la fuerza, la mayoría de las cuales no fueron debidamente investigadas y quedaron “en una impunidad casi absoluta”.
En Veracruz, por ejemplo, se difundió un video donde se observa la forma en que personal de la Fiscalía del Estado tortura a un empleado y golpea a otros al interior de una bodega particular en Río Blanco, en la que, pretextando la investigación de un secuestro, agentes ministeriales y miembros de la Unidad Antisecuestros, también rompieron cámaras, robaron computadoras, así como millón y medio de pesos.
En materia de desapariciones de personas, los años con más registros han sido los del Presidente López Obrador, según lo ha confirmado la propia Secretaría de Gobernación. Un informe de la dependencia señala que 2019 fue el peor año, cuando se notificaron 8,964 personas desparecidas. Hasta el mes de abril de este año, habrían desaparecido 19,527 personas durante este sexenio.
¿Ya no hay masacres? La realidad tiene otros datos. En 2020 se registraron al menos 45 masacres en el país –así se considera cuando, en un mismo ataque, son asesinadas al menos cinco personas-, lo que allanó el camino para convertirse en el año más violento del que se tenga registro. Según cálculos del diario «Reforma», unas 320 personas fallecieron en diversos asesinatos colectivos en veinte estados.
En lo que va de 2021, se contabilizan al menos seis masacres que han dejado más de un centenar de ejecuciones, entre ellas, las que sucedieron en Reynosa y Zacatecas.
Tampoco se castiga al culpable. De acuerdo con México Evalúa, el 95.1% de los delitos del ámbito federal –es decir, los que tienen que ver con delincuencia organizada- queda impune. El castigo a los asesinos en nuestro país es algo excepcional.
A pesar de la violencia política, López Obrador reconoció que la delincuencia organizada “se portó bien” durante las elecciones. Al parecer, llegó la hora de hacer un corte de caja y saldar deudas con los aliados de Morena y la 4T.
México podría estar en el umbral de una narco democracia.
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