En un par de semanas, a más tardar, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) habrá de convocar a la comunidad universitaria a participar en el proceso de designación de la persona que ha de ocupar la Rectoría de esta casa de estudios para el periodo que iniciará el 1 de septiembre próximo y concluirá el 31 de agosto de 2025.

Como ya se sabe, no se trata de un concurso de popularidad, tampoco de una elección abierta y directa de alumnos y académicos sino que el próximo rector o rectora será designado por los 9 miembros de la Junta de Gobierno luego de que entrevisten a cada uno de los candidatos, expongan sus proyectos para la UV, revisen sus trayectorias académicas y ausculten a la comunidad universitaria acerca de los méritos profesionales, reputación y honorabilidad de los aspirantes.

Y, por supuesto, como sucedió con la doctora Sara Ladrón de Guevara cuando fue designada para el primer periodo de su rectorado en 2013, los miembros de la Junta de Gobierno seguramente se decidirán por quien perciban que podrá garantizar mejor la preservación de la autonomía universitaria vigente desde hace 24 años.

Así que aquellos aspirantes que andan promoviéndose en medios y redes sociales, además de presumir sus influencias con grupos políticos de poder, quizá estén equivocándose de estrategia, porque quienes tendrán en sus manos la designación no se dejarán impresionar sólo por la popularidad ni por la presión de gobernantes sino por la solidez académica y capacidad administrativa del candidato o candidata que les convenza que puede conducir mejor a la UV ante la grave crisis que enfrentan actualmente las universidades públicas del país, principalmente en materia financiera.

Entre la docena de tiradores a la Rectoría de la UV que desde hace semanas andan en abierta precampaña figuran todo tipo de personajes, algunos investigadores serios y con vasta producción académica hasta charlatanes y funcionarios que cargan con graves acusaciones por presuntos agravios hasta de tipo penal.

Por ejemplo, el consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, quien para obtener su tercera licenciatura –ahora en Economía, por la UNAM– presentó recientemente la tesis titulada “Universidad Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de Veracruz”, tiene en su contra una denuncia presentada hace seis años por la maestra en ciencias Leyla Guadalupe Acedo Ung, su ex colaboradora, que lo acusó penalmente por violencia sexual y laboral, según la averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA326/2015.

Esta denuncia fue retomada también por tres diputados perredistas que en agosto de 2015 propusieron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a investigar esta denuncia radicada en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Igualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió la queja AEUL1507300007 sobre este mismo caso.

Por otra parte, el doctor Rafael Vela Martínez, también aspirante a la Rectoría de la UV, acaba de quedar malparado en este proceso electoral, pues le atribuyen la autoría de una encuesta manipulada que hizo creer al ex rector Raúl Arias Lovillo, dos semanas antes de los comicios, que estaba en segundo lugar en las preferencias electorales como candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Xalapa, cuando desde el inicio de las campañas todo mundo sabía que la elección estaba polarizada entre los dos empresarios y ex presidentes municipales: David Velasco Chedraui, de la alianza PRI-PAN-PRD, y el triunfador Ricardo Ahued, de la coalición Morena-PT-PVEM.

Y así lo confirmó finalmente el resultado electoral. Velasco Chedraui y Ahued le sacaron una ventaja al académico de 50 mil y más de 100 mil votos, respectivamente.

Arias Lovillo, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Órgano Público Local Electoral, apenas pudo obtener 8 mil 274 votos equivalentes al 4.2150 por ciento de la votación municipal. Ni siquiera pudo alcanzar los 12 mil, que era el número mínimo de firmas que previamente el OPLE le exigía para contender como candidato independiente, antes de que aceptara ser postulado por el partido naranja.