Horas antes de celebrarse la sesión del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el candidato Miguel Ángel Yunes Márquez ya tenía conocimiento del fallo. “Tengo en mis manos el resolutivo con el cual pretenden quitarme la candidatura. Esto será votado y aprobado por la mayoría de los magistrados corruptos que se encuentran al servicio del Gobierno del Estado», acusó en un video difundido en redes sociales y que alcanzó notoriedad nacional.

Lo que dijo el aspirante a la presidencia municipal de Veracruz puede ser cierto, considerando la forma en que el Gobernador y Morena repartieron las magistraturas en el Poder Judicial del estado y los beneficios familiares que se otorgaron a los magistrados afines al morenismo que forman parte del tribunal electoral.

Sin embargo, si la falta de la residencia existió -algo que deberán dirimir las instancias federales-, entonces no habrá sido culpa del Tribunal sino del propio Yunes Márquez, quien facilitó las cosas a sus adversarios. Paradójicamente, el mensaje difundido por redes sociales evocó el incendiario discurso presidencial.

López Obrador ha dicho de todo al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los acusa de haber sido creados para impedir la democracia, que conspiran contra ella, que han sido los más tenaces violadores de la ley y que son instituciones al servicio del conservadurismo y el viejo régimen, entre otras linduras. Hoy debe estar feliz por el fallo en contra de Yunes Márquez.

Una y otra vez, todos los actores políticos sin excepción -no importa su origen, su ideología o su cargo público- comprometen su respeto ‘irrestricto’ al estado de Derecho. Sin embargo, muy pocos creen en lo que dicen. La mayoría de ellos aborrecen la ley, la observan como un obstáculo y sólo les resulta útil cuando puede aplicarse en línea con sus intereses personales.

Tampoco importa si se trata de la Constitución de la república, cualquier Ley general o como ha sucedido en los días recientes, las disposiciones legales en materia electoral. Unos y otros, tirios y troyanos, suelen acusar a las instituciones jurisdiccionales de corruptas cuando los fallos resultan en su contra y suelen pregonar la razón jurídica cuando las sentencias corren en su favor.

En el mejor de los casos, sobre todo en asuntos de poca monta, dicen que aceptarán en fallo aun cuando no estén de acuerdo con él, a manera de presentarse como personajes que respetan la ley y la justicia. Sin embargo, hasta ahora, a nadie se le había ocurrido que, si la ley y las instituciones que la aplican estorban, entonces hay que desaparecerlas, como ha propuesto el presidente y personajes como Félix Salgado Macedonio.

En su interpretación de la legalidad, lo mismo sucede con el presidente López Obrador -quien una y otra vez ha desestimado los fallos en tribunales en todo tipo de asuntos-, que con Miguel Ángel Yunes Márquez. Ambos políticos en su momento han pregonado su respeto a las leyes, hasta que se topan con un fallo en contra, y entonces, es la guerra contra las instituciones.

Como lo ha hecho el presidente con el INE y el TEPJF, el ex diputado y ex candidato a gobernador acusó de corruptos a los integrantes del TEV, señalando de que se trata de todo un entramado orquestado desde el gobierno estatal para arrebatarle la candidatura. Aun así, Yunes Márquez tiene todavía la ruta de la Sala Regional y la Sala Superior del TEPJF para pelear por su condición de candidato, aun cuando en este momento esté obligado a suspender sus actividades de proselitismo.

En su mensaje, dijo que “el Gobierno quiere frenar mi candidatura a como dé lugar. (…) Como lo he venido comentando desde hace meses, mi campaña será suspendida mediante una treta orquestada en el Tribunal Electoral del Estado.”

Yunes Márquez aseguró que acudirá a la instancia federal para que le regresen su candidatura, advirtiendo al gobernador Cuitláhuac García que regresará. «Aquí si te vas a topar con pared. Si piensas que quitándome a la mala el derecho a participar en las elecciones vas a doblarnos, estás muy equivocado. Podrán detenerme a mi temporalmente pero no podrán detener a los miles de veracruzanos que seguirán en pie de lucha».

En defensa de Félix Salgado, el presidente propuso una consulta pública para decidir si la gente lo quería de candidato. “Que sea el pueblo quien decida”, arengó. ¿Aceptará la misma consulta ahora que los tribunales fallaron en contra de sus históricos adversarios políticos?

¡Qué importa! La ley no es más que un estorbo para el ejercicio del poder.

La del estribo…

1. ¿En qué se parecen la ley y los periodistas? En que a los políticos les estorban, pero los necesitan.

2. El gobierno de la Cdmx y Morena han dado trabajo a 23 familiares -38 ya están en proceso- de las víctimas del derrumbe de la Línea 12 del Metro. No les han dado justicia; ante la necesidad económica, simplemente compraron su silencio.