La noche de este lunes la Fiscalía General de la República dio a conocer que había abierto varias carpetas de investigación en contra de dos de los candidatos a la gubernatura del estado norteño de Nuevo León, Adrián de la Garza que va con los partidos PRI, PAN y PRD y Samuel García que va por Movimiento Ciudadano, por presuntos delitos electorales.

Las irregularidades que la FGR les indaga a ambos políticos, así como a la esposa y al suegro del abanderado de MC, se refiere a temas financieros de sus campañas, y de comprobarse la responsabilidad de los señalados, perderán su derecho a ser votados en las elecciones del próximo 6 de junio.

Al priísta Adrián de la Garza, quien ha sido fuertemente señalado por el escrutinio por sus vínculos con el exgobernador Rodrigo Medina, a su vez acusado de lavado de dinero y evasión fiscal, se le apunta por supuestamente violar el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 7 y 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En términos prácticos, lo denuncian por utilizar “tarjetas rosas” para condicionar el voto de las mujeres en Nuevo León. Es decir, De la Garza Santos podría estar incurriendo en el condicionamiento del voto a través de un presunto chantaje implementado con programas de asistencia social.

La Ley General de Delitos Electorales, en su Artículo 7 Bis, señala que se impondrá de 300 a 600 días de multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición.

A Samuel García la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo investiga por el posible delito electoral de financiamiento de la candidatura por parte de particulares, en específico sus familiares.

Y es que, hace unos días, García declaró que sus familiares donaron 20 millones de pesos a su campaña, lo que desató un montón de señalamientos de sus opositores. Aún así el político asegura que no incurre con eso en ninguna falta electoral. El periodista Raymundo Riva Palacio escribió este martes que esos 20 millones de pesos se adjuntaban al millón y medio que el partido Movimiento Ciudadano le otorgó al candidato. El tope de campaña es de 72 millones de pesos, por lo que las cifras reportadas encajaban con lo estipulado.

También en la ley anteriormente mencionada, en su Artículo 15, se establece que se impondrá una multa de mil a cinco mil días y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista se aumentará, aclaran, hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Ambos candidatos se deslindaron ya de cualquier responsabilidad sobre las acusaciones de la fiscalía en su contra. También coinciden en que se trata de un ataque político, orquestado desde el propio gobierno nacional, para dar ventaja a la candidata del partido oficialista Morena, Clara Luz Flores, quien hace algunas semanas sufrió un importante desplome de popularidad tras la filtración de un video en el que aparece conversando con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM, quien actualmente se encuentra encarcelado en Estados Unidos.

Por su parte, este martes en su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo empacho en aceptar que fue él quien denunció a dichos candidatos –quienes se han posicionado abiertamente como sus amplios opositores– por los presuntos delitos electorales. El mandatario reiteró que él advirtió desde el principio de las campañas que denunciaría todos los hechos de este tipo, sin importar de quien se trate.

“Yo apoyo esa decisión de la fiscalía, aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Que investigue la fiscalía y que se aplique la de ley, es delito grave el fraude electoral, si no para qué se creó la fiscalía electoral, para qué se reformó la Constitución si va a seguir lo mismo, no, aunque se enojen los conservadores hipócritas, tiene que haber democracia”, sostuvo el mandatario.

INFORMACIÓN/INFOBAE