En 2020 Veracruz fue el estado con mayor número de casos registrados de embarazo infantil en la república, sólo superado por la CDMX. Ante ello, Araceli González Saavedra, fundadora de la asociación civil Equifonía, habló de la importancia de exigir y garantizar el derecho de las niñas a la interrupción legal del embarazo (ILE).
En su participación en el foro: Embarazos en la Infancia en Latinoamérica, la respuesta de la sociedad civil, que se realizó a través de zoom, dijo que en todo el país se registraron 8 mil 175 casos de nacimientos, cuyas madres tienen entre 10 y 14 años, de los cuales 656 ocurrieron en el estado de Veracruz.
Y destacó que en la entidad, los municipios con más casos, fueron: Xalapa con 68, seguido del puerto de Veracruz con 47, San Andrés Tuxtla, con 38, y Córdoba con 36.
Ante esta realidad, González Saavedra dijo que en Veracruz hay vigentes dos alertas de género, solicitadas por Equifonía y otras asociaciones civiles. La primera por violencia feminicida y la segunda por agravio comparado, que tiene que ver con el acceso a la ILE.
Sin embargo, aunque el marco jurídico vigente garantiza este derecho para las víctimas de violencia sexual, “existe una distancia entre el reconocimiento del derecho y su acceso”.
Como ejemplo, mencionó que desde 1980 se realizó la reforma en el Código Penal de Veracruz para aprobar cuatro causales de no punibilidad del aborto, incluida la violación, pero fue hasta 2016 que se registró la primera interrupción legal del embarazo por violación.
«No es suficiente que haya un reconocimiento en el marco legal, sino que se debe de trabajar para garantizar el acceso», explicó González Saavedra.
En ese sentido, González Saavedra mencionó que uno de los retos más complicados para garantizar el derecho de las niñas a la ILE es que no está institucionalizada en los sistemas de salud.
Y es que dentro del personal de salud persiste la influencia de creencias personales respecto al aborto «hemos tenido caso donde obligan a las niñas a escuchar el latido del embrión o del feto y que esto lo hacen como una manera de querer hacerlas desistir de la ILE», expone González.
Por ello, González Saavedra reiteró la importancia de implementación de lineamientos específicos para atención del embarazo infantil, pues a nivel institucional persiste la negativa del servicio de ILE y el maltrato a niñas con diagnóstico de embarazo que la solicitan.
Asimismo, precisó la necesidad de coordinar el actuar de instituciones como el DIF, las procuradurías municipales y la Fiscalía General del Estado, que permitan la detección temprana y ofrezcan la ILE a las familias como una opción que garantice el derecho a la salud de las niñas.
En consecuencia, González Saavedra recordó la campaña, que promueve Equifonía, “Protejamos a las niñas. Erradiquemos el embarazo infantil”, como una forma de apoyar a la documentación, difusión y acompañamiento de las niñas víctimas de violencia sexual.
González también mencionó el preocupante descenso de interrupciones legales en últimas fechas, ya que, aunque en Equifonía han realizado el acompañamiento de 11 niñas, en 2017 se registraron cuatro; en 2018 dieron seguimiento a seis, pero con el cambio de administración estatal el número disminuyó a uno en 2019.
Finalmente, González concluyó que la ILE es un derecho garantizado no sólo por las normativas vigentes estatales y federales, sino por las convenciones internacionales en las que México forma parte, y precisó que no se trata de casos particulares o aislados, sino de una problemática más grande que sólo mejorará brindando a las niñas y sus familias la información sobre sus derechos y que las instituciones los garanticen.
AVC/Tania Rivera