¿Qué pasaría si México contara con una base de datos de cuerpos sin identidad, sus características y el lugar exacto en el que están resguardados? ¿Y si también hubiera un banco con información genética de estos cuerpos y de los familiares que buscan a sus parientes desaparecidos? ¿Y si, además, las autoridades de todo el país pudieran cotejar en cualquier momento ambos registros? Estas herramientas deberían existir pero la Fiscalía General de la República (FGR) lleva 2 años incumpliendo su obligación de echarlas a andar.

La FGR estaba obligada a cumplir el Banco Nacional de Datos Forenses, con los registros genéticos tanto de cuerpos sin nombre como de familiares que buscan a sus seres queridos del todo el país, y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, dos herramientas clave que agilizarían la identificación de más de 38 mil 500 cuerpos. La ley general en materia de desapariciones exigía a la FGR tenerlos desde enero de 2018.

En un momento en que más de 87 mil personas se encuentran desaparecidas, y que las propias autoridades federales han declarado una crisis forense en el país, la Fiscalía dirigida por Alejandro Gertz Manero ha reconocido -cada que se le pide información pública- que no cuenta con avances para implementar los registros forenses a su cargo

No tiene avances, según respondió a peticiones de información realizadas por A dónde van los desaparecidos en noviembre de 2020 y nuevamente en febrero de este año. Tampoco los órganos fiscalizadores los conocen.

La falta de estos registros condena a las familias buscadoras a peregrinar en morgues de distintos estados, viendo cientos de fotografías de cuerpos asesinados intentando identificar a sus seres queridos, como ocurre con las familias del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, de Aguascalientes, que, como indica esta historia, viajan a consultar estos archivos en el estado vecino de Jalisco, donde fueron desaparecidos sus hijos e hijas.

“Hay posiblemente más de 37 mil cuerpos en manos de las autoridades locales y federales, y eso sin duda es por una falta de comunicación y de tener estos bancos de datos genéticos, el registro de personas fallecidas y después seguirían lo de las exhumaciones. Toda esta información debe de estar concentrada y debe de existir para que los desaparecidos puedan encontrar el camino de retorno a casa”, señaló José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México e integrante del colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro.

El Consejo Nacional Ciudadano, un órgano independiente que supervisa al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tampoco ha recibido información sobre la implementación de las herramientas forenses:

“No tenemos idea sobre los avances del Registro (Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas) propiamente dicho porque más allá de la información que puedan recopilar con motivos de esa actuación en fosas clandestinas o trabajando con cuerpos de personas fallecidas pues les toca coordinar el Registro Nacional y no tenemos claro los avances que hay sobre ese tema”, declaró Volga de Pina, vocera del anterior Consejo.

Cuerpos enterrados seguirán en el olvido

El Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, también a cargo de la Fiscalía General, debe incluir listados de panteones, cementerios y lugares de inhumación ilegales con información sobre los cuerpos enterrados en ellos, y definiría las estrategias regionales y locales para desenterrarlos y proceder a su identificación, pero la Fiscalía apenas reporta como avance un diagnóstico levantado a inicios de 2019 que aún no termina de elaborar.

A pesar del inconcluso diagnóstico, la FGR también reportó que ya cuenta con un borrador del Programa pero se negó a entregarlo porque contiene elementos que “que no han sido aprobados por las autoridades correspondientes e instituciones partícipes en la implementación y ejecución de dicho programa”, según documentos entregados a este medio vía solicitudes de información.

La magnitud del problema que la Fiscalía General ha desatendido es de más de 21 mil 200 cuerpos que han sido enterrados en fosas comunes de panteones de todo el país, según reveló una investigación de A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab en septiembre del año pasado.

El desorden en las inhumaciones también ha provocado que se pierda el registro de la ubicación de los cuerpos dentro de los mismos panteones, como sucedió con Cosme Humberto Alarcón Balderas, un joven de 16 años cuyo cuerpo las autoridades de Coahuila enviaron a una fosa común desde 2011 pero a la fecha no han logrado dar con él y entregarlo a su madre, Marcela Balderas.

“No ha habido una directriz de parte de la Fiscalía General de la República para poder de una manera estandarizar, para poder incorporar toda la información que se tiene suelta en los diferentes estados, en los diferentes ámbitos, ya sea registros forenses, huellas dactilares, todo lo que mandata la Ley (General en materia de Desapariciones), y que esto a su vez pueda estar disponible para consulta, no solamente de la Comisión Nacional de Búsqueda, también de las Comisiones Locales de Búsqueda”, denunció Martín Villalobos, también vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, una organización que agrupa a más de 70 colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Diagnóstico forense inconcluso

El 24 de junio de 2019, durante el Informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que México atravesaba una crisis forense, con miles de restos sin identificar y servicios forenses desbordados por cuerpos no identificados.

De acuerdo con los resultados de un diagnóstico levantado en marzo y abril de aquel año por la subsecretaría de Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de la República, los servicios médicos forenses del país no pudieron asegurar si se había realizado la necropsia a 37 mil 447 cuerpos. Esto significa que posiblemente no se registraron los datos necesarios para identificar a esos cuerpos en el futuro.

Las autoridades también encontraron que los anfiteatros del país tenían un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos, y que los servicios forenses identificaban a menos del 20% de los cadáveres que ingresaban a las unidades cada mes.

Sin embargo, aunque algunos resultados fueron presentados en esa ocasión, la subsecretaría redirige las peticiones de información a la CNBP y ésta, a su vez, alega que el diagnóstico sólo puede tenerlo la FGR. Entre todos diluyen sus responsabilidades.

Pero la dependencia encabezada por Gertz Manero -que está mandata por ley- tampoco entrega el documento. A reiteradas solicitudes de información la Fiscalía argumentó que el diagnóstico, después de 2 años de haber sido levantado, continúa en elaboración. La última vez que repitió la respuesta fue el pasado 31 de marzo.

Lo que se pudo conocer del diagnóstico es que incluye información sobre los recursos humanos y materiales de los servicios periciales y forenses del país, un anexo estadístico, una base de datos con los resultados de los cuestionarios aplicados (36 entrevistas y 36 cuestionarios), además de una relación de fotografías de los laboratorios, equipos y áreas de resguardo de cuerpos.

Pero sigue en espera de aprobación de las “autoridades superiores”, de acuerdo a la documentación que la Fiscalía remitió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) como parte de una impugnación realizada por el equipo de A dónde van los desaparecidos.

Sin voluntad para cooperar

La Fiscalía no solo ha retrasado la puesta en marcha de las herramientas forenses. La institución encabezada por Gertz Manero -y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que representa a todas las fiscalías estatales- se abstuvieron de votar la aprobación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas en agosto de 2020, que indica el procedimiento que las autoridades deben seguir para buscar a una persona apenas reciben el reporte de desaparición.

Desde noviembre de ese mismo año, la FGR también impulsó una reforma a su Ley Orgánica que, entre otros puntos, implicaba dejar de formar parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se traduciría en dar cancha abierta para que la Fiscalía evitara cumplir con los acuerdos del Sistema Nacional. Según el Fiscal General, la propuesta buscaba el respeto a la autonomía de la institución, pero tanto el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, como el subsecretario Alejandro Encinas y la comisionada Karla Quintana, advirtieron que la propuesta significaba eludir responsabilidades y debilitar la búsqueda de personas.

Aunque tras las protestas el dictamen sufrió importantes modificaciones, como evitar la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue aprobado por ambas cámaras legislativas el pasado mes de abril sin considerar a especialistas y familiares de personas desaparecidas que advirtieron que la nueva ley afectaría los derechos de las víctimas a la participación y acceso a la justicia.

El papel de la Fiscalía General es preocupante para las familias de personas desaparecidas, de acuerdo con Villalobos, vocero del Movimiento, “no puede ser que la impunidad se vaya a tapar con el nacimiento de una Ley Orgánica que supuestamente va a mejorar las cosas”. Y agregó “¿Qué sí está haciendo en contra (la Fiscalía)? Pues ponerse realmente del lado de las víctimas para poder generar los acuerdos de cómo construir sobre todo estos bancos de información”.

*Efraín Tzuc es reportero en A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab.

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adondevanlosdesaparecidos.org/ es un proyecto de investigación periodística sobre las lógicas de la desaparición de personas en México y las luchas emprendidas por sus familiares en búsqueda con una perspectiva de derechos humanos y memoria.

AVC/ Efraín Tzuc (efra_tzuc)