Ante las explosiones ocurridas en abril pasado en la refinería de Minatitlán y en el complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, y ahora el trágico colapso en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que ocasionó más de 20 muertes y decenas de heridos –accidentes atribuidos a la falta de mantenimiento y supervisión por negligencia y la cuestionada política de austeridad de los directivos de Pemex y las autoridades del gobierno capitalino, respectivamente–, en Veracruz han comenzado a surgir voces de alerta ante el presunto descuido que enfrentaría también la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde,  cuyo funcionamiento siempre ha sido considerado un grave riesgo para la salud de más de un millón de veracruzanos que radican en los municipios circunvecinos de la zona centro del estado.

En el caso de la refinería de Minatitlán, un trabajador activo de Pemex con plaza de Técnico “A” Instrumentista envió al director Octavio Romero Oropeza una carta recriminándole precisamente “la falta de estrategia de mantenimiento y la negativa de la autorización de refacciones y pagos de tiempo extra e insalubre”, lo que ocasionó el incendio que puso “en riesgo no solo la refinería sino parte de la ciudad”.

“Pero déjeme decirle que esa política de ahorro en esta ocasión le costará alrededor de 50 millones de dólares”, reprochó el trabajador petrolero identificado como jsaguirre@nullhotmail.com por su correo electrónico.

Respecto a Laguna Verde (LV), el físico matemático Bernardo Salas Mar ha enviado 13 cartas a la Presidencia de la República alertando precisamente sobre una serie de anomalías que se han venido registrando en la operación de la única Central Nucleoeléctrica existente en el país. El 21 de febrero pasado mandó la última, en la que precisó las irregularidades que los propios trabajadores y técnicos de LV han advertido y que los directivos de la planta nuclear y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siguen sin atender.

Salas Mar detalló, por ejemplo, que el 21 de enero pasado, a las 03:10 de la madrugada, hubo una fuga de combustible en uno de los generadores de la planta nuclear, señalando que los resultados de una evaluación de riesgo determinaron “probabilidad de accidente severo” y “de una descarga radiactiva grande al medio ambiente”. Mostró a la columnista Peniley Ramírez, entonces colaboradora del diario El Universal, reportes y fotografías de los cables de los generadores nucleares corroídos y las instalaciones oxidadas.

Pero además le reveló que un mes antes, el 21 de diciembre de 2020, en los reportes internos se registró una “fuga de diésel” como un “evento no usual”. Puntualizó que solo habían transcurrido tres semanas desde otro Reporte de Condición, que describía cómo se activaron los mecanismos del reactor nuclear sin colocar las compuertas de seguridad.

Afirmó que el 20 de enero la Unidad 1 de la nucleoeléctrica tuvo un “paro súbito”. Llevaba 110 días operando con problemas de recarga de combustible, arrancando sin tener operables los sistemas de seguridad y fallándole cinco de ocho barras de protección ante accidentes que tiene el reactor nuclear. Al día siguiente, dijo, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias desautorizó por escrito a la jefatura de Laguna Verde a modificar los planes de trabajo para operar con dichas fallas, “porque los estándares de seguridad requieren que al menos seis barras de control estén funcionando, con niveles adecuados de boro, la sustancia que permite amortiguar los efectos de radiación ante un accidente nuclear, y solo tres estaban activos.”

Las preocupaciones del académico las sustentó también en otros documentos que entregó a la periodista. “El 15 de septiembre de 2020, la división de Energía Nuclear de General Electric envió una carta al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE. La Comisión la reservó por cinco años, pero Salas lo obtuvo, dice, de sus colegas al interior de Laguna Verde. El documento está firmado por Rafael Ledesma, quien ha sido gerente de Energía Nuclear en la compañía durante las últimas dos décadas, según documentos públicos. Ledesma no respondió mensajes para este texto”, escribió Ramírez.

La columnista detalló: “En la carta, General Electric afirma que en su contrato como proveedor incluía que 60 días antes de cada recarga de combustible nuclear, la CFE entregaría una minuta con las actividades que iba a realizar. Pero esto no ocurrió a tiempo. La CFE entregó el programa de recarga a General Electric el 16 de julio de 2020, para una operación que iniciaría menos de un mes después, el 14 de agosto. Cuando inició la recarga de combustible, dice la carta, la CFE no proveyó equipo de protección radiológica y, aunque la compañía dijo que necesitaban por lo menos cambiarse 15 barras de control, CFE arguyó que solo pagaría por 12. Entregaron partes dañadas y quisieron culpar a la empresa por los desperfectos. La empresa, en su carta, aseguró que solo garantizaba las barras que ellos cambiaron y se deslindó de lo que ocurriera con el resto. Además, aseguró que la CFE no les había pagado, aunque ellos hicieron el mantenimiento, aun con todos los contratiempos.”

Según le explicó Salas, “las barras de control son como los frenos de un carro; son las que permiten detener la fisión nuclear y apagar el reactor”.

El científico le dijo que después de aquel mantenimiento con fallas en agosto pasado, la planta ha tenido alertas naranjas en septiembre, noviembre y diciembre de 2020, y en enero de este año. Oficialmente, la CFE dice que no hay nada de qué preocuparse. Pero Salas insiste en que hay una crisis de seguridad nuclear inminente, y afirmó que está dispuesto a un debate público para probarlo.

LOS YUNES ‘MAS’QUEZ

En julio del 2017, apenas un mes después de su cuestionado triunfo a la alcaldía del puerto de Veracruz, el panista Fernando Yunes Márquez se comprometió a revisar las condiciones con las que fue concesionado a Grupo Mas el suministro y tratamiento de agua en el municipio jarocho.

De forma textual declaró a los medios: “Como alcalde electo no tengo ninguna facultad como tal para intervenir en el tema, pero en su momento sí vamos a requerir asistencia técnica, legal y administrativa para evaluar las condiciones en que se designó a Grupo Mas como operador del sistema de agua de Veracruz”.

Y agregó sin empacho, como si aún continuara en campaña: “Esto debemos verlo con total profesionalismo, no puedo ser populista (sic) y decir que llegaré a quitarlos porque se trata de un tema muy complejo en la parte jurídica. Pero sí vamos a exigir que actúen en consecuencia a las necesidades de la población”.

Para rematar su promesa, el entonces alcalde electo reconoció la inconformidad popular que ya permeaba en contra del Grupo Mas: “Hay muchas quejas por el mal funcionamiento y la prioridad es que el agua llegue a todos y los sistemas de saneamiento operen correctamente. Insisto: no debemos verlo como un tema político, sino desde el aspecto técnico”.

Hoy, a casi cuatro años de estas desafortunadas declaraciones, las cuales nunca fueron cumplidas por el munícipe panista, Grupo Mas, filial del consorcio brasileño Odebrecht –investigado por corrupción y presunto lavado de dinero–, acumula miles de quejas, siendo la proveedora de agua potable más inoperante del país.

Gracias a su pésimo servicio, dicha compañía afecta a casi 600 mil habitantes del municipio porteño, quienes por desgracia diariamente tienen que padecer la escasez de agua, pero además, la poca que hay, está contaminada.

Pero, estimado lector, lectora, lamentamos informarles que el problema no termina aquí. Por supuesto que no. Recuerden que ya estamos en campaña y que muchos candidatos vienen de nueva cuenta a vender espejitos a los electores.

Tal es el caso de Miguel Ángel Yunes Jr. –sí, hermano de Fernandito, el actual alcalde–, quien en sus ansias locas por recuperar las simpatías de los votantes, junto con sus homólogos de Boca del Río, Medellín y Alvarado, tuvo el cinismo y la “grandiosa” e “innovadora” idea de firmar el “Acuerdo Metropolitano por el Agua”. Así como se lee.

Después de que vilmente su carnal les tomó el pelo a medio millón de ciudadanos porteños, al prometerles la solución a un problema tan sensible como es el desabasto del vital líquido, ahora Miguelito, enfundado en su faceta de candidato a la alcaldía por la alianza PAN-PRI-PRD, viene a prometer exactamente lo mismo.

Sin embargo, el problema causado por Grupo Mas no es algo que se pueda resolver con una simple declaración o promesa de campaña. ¡Claro que no!.

Lamentablemente para Miguelito Yunes, fallido ex candidato a gobernador, el asunto ya se convirtió en un problema social de grandes proporciones y consecuencias, a grado tal de que si le escarbaran un poco más al asunto varios políticos serían también candidatos… ¡pero a la cárcel!.

El tema, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días.