Luego de que comentamos aquí el caso del experredista Ramiro Condado Escamilla, quien pese a que en diciembre de 2003 fue detenido y procesado por delitos de tráfico de indocumentados y trata de blancas ahora será candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acayucan, otros ciudadanos del sur del estado nos manifestaron también su indignación porque el Partido del Trabajo (PT) ha decidido abanderar a la diputación federal por Coatzacoalcos a Pedro Martínez Escudero, cuya financiera Cofisur defraudó hace más de 17 años a centenares de ahorradores porteños, lo que detonó una fuerte crisis social y representó un grave conflicto político para la administración del ex gobernador priista Miguel Alemán Velasco (1992-2004).

Y es que, como se recordará, este caso se vino a sumar al problema de la Caja Veracruz, de José Ocampo Verdugo, por el que inclusive los gobiernos federal y del estado constituyeron un fideicomiso que requisó y subastó las propiedades del empresario xalapeño para indemnizar principalmente a la mayoría de los pequeños ahorradores defraudados.

Sin embargo, hasta la fecha, algunos de esos porteños timados por la financiera Cofisur, de Martínez Escudero, todavía siguen clamando justicia.

Según nos informaron, tan solo uno de los grupos de ahorradores que se organizaron para reclamar legalmente la devolución de su dinero invertido, estaba constituido a finales del gobierno de Alemán Velasco por alrededor de 200 socios. Ahora solamente quedan cerca de 80. La mayoría ya falleció o abandonó su lucha, desanimados por la impunidad.

De ese grupo, únicamente dos defraudados lograron recuperar parte de sus ahorros. A uno le entregaron 130 mil pesos y a otro 70 mil.

La candidatura del dueño de Cofisur no sólo les indigna sino que también les preocupa, ya que argumentan que si en estos 17 años no han podido lograr que las autoridades lo obliguen a reparar el daño patrimonial que les ocasionó, menos podrían conseguirlo si obtuviera fuero legislativo en caso de que ganara la elección de junio próximo.

Además, en el colmo de su cinismo, nos dicen que Martínez Escudero lleva como candidato suplente a su abogado defensor Anselmo Secundino Diego.

Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo del Consejo Distrital XI del INE en el puerto de Coatzacoalcos, declaró recientemente a los medios de comunicación que “la candidatura a la diputación federal por el Partido del Trabajo de Pedro Martínez Escudero cumple con todos los requisitos legales ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

El funcionario del INE puntualizó que aún sigue vigente el proceso penal en contra del candidato del PT, también existe una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le permite su registro para ser votado de acuerdo al principio legal de presunción de inocencia.

En Córdoba se dio otro caso de un candidato a la alcaldía bajo sospecha. Tomás López Landero, hermano de la actual alcaldesa del PAN, Leticia López, fue postulado de última hora por Movimiento Ciudadano, luego de que Morena le negó esa candidatura. El millonario empresario chatarrero fue convencido por el senador Dante Delgado, fundador del partido naranja, pese a que está bajo investigación desde septiembre de 2020 por el cuestionado remate de las 49 mil toneladas de acero del cancelado aeropuerto internacional que se construía en Texcoco.
Como se sabe, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) investiga desde hace más de siete meses el cuestionado contrato de venta de las 49 mil toneladas de acero que fue asignado a Grupo Gilbert, propiedad de López Landero, conocido como el “Rey de la Chatarra”.

Según publicaron diversos medios, la indagatoria del OIC apunta hacia una posible manipulación por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), a cargo de Gerardo Ferrando Bravo, del proceso de venta del metal para favorecer a Grupo Gilbert del empresario veracruzano.
Con base en los criterios preliminares del órgano del órgano de fiscalización, dicha acción violenta los principios rectores del acuerdo gubernamental denominado “Razones para la cancelación del Proyecto Texcoco”.

López Landero, ex diputado federal del PRI por el distrito 18 de Zongolica, trató de comprar el acero a cuatro mil 30 pesos la tonelada, por debajo del costo internacional, el pasado 18 de junio, a través de la Licitación LPN-GACM-EB-01/2020.

Dicha licitación fue impugnada por más de una decena de representantes de las demás empresas concursantes, que consideraron que hubo evidentes actos de corrupción que presumen los nexos de autoridades para favorecer a Grupo Gilbert, lo que motivó la intervención del OIC de la SCT.
En medio de los cuestionamientos, Ferrando Bravo ha defendido ante medios de comunicación la legalidad de dicha licitación, que representa el último capítulo del cierre del aeródromo de Texcoco.

Sin embargo, el 7 de agosto del año pasado, en la bitácora de obra se registra que se llevó a cabo la notificación de la suspensión del proceso.

“Se notifica al comprador la suspensión temporal de los trabajos motivo del contrato 001-LPN-GACM-EB-01/2020, hasta que el órgano interno de control determine la continuidad de los trabajos”, indica el documento.

Tres días después se hizo entrega al comprador de la relación de copias de la bitácora, en la que se estableció que durante la suspensión, “no deberá de mantener ningún recurso en el sitio de los trabajos”.

El contrato asignado a Grupo Gilbert fue suspendido porque el proceso resultó cuestionado, luego de no haber entregado en sobre cerrado como se establecía en la convocatoria, su declaración de ausencia de conflicto de interés, lo que motivó incluso descalificaciones, insultos y amenazas por parte de los otros participantes.

De estos hechos incluso hubo videos que fueron virales en las redes sociales y en los que se escucha a un representante legal de una de las empresas gritar “¡esto es una farsa!”.

Ante las quejas, el GACM informó que descartó a la primera compañía con el precio más alto, Habilitadora de Metales Monte Salas, S.A. DE C.V., de 4 mil 179 pesos por tonelada, porque al revisar sus documentos se detectaron anomalías.