De todas las denuncias penales que después de las elecciones de 2016 se habían promovido formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la única que realmente les preocupaba a los abogados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN era la que la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) había presentado el lunes 8 de agosto de ese año.

Como ya se sabe, la tarde de ese día Javier Martínez, representante legal de esa Sección del sindicato magisterial, acudió ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR para interponer la denuncia contra Yunes Linares.

La organización gremial señaló que el panista, en sus casi cuatro años como Director General del ISSSTE –de diciembre de 2006 a febrero de 2010– “acordó con la empresa CONSUPAGO para que les prestara dinero a los maestros que cotizaban ante el ISSSTE, a quienes les descontaban directamente de su nómina salarial ese préstamo, aplicándoles intereses muy altos” y que “a cambio, CONSUPAGO con el dinero que cobraba por estos préstamos, le pagaba una gran ‘comisión’ (mordida) a 3 empresas propiedad de MAYL y de su familia directa.”

Las empresas señaladas en su denuncia por la Sección 32 del SNTE eran “Cobranza y Recuperación, S.A. de C.V.” en la que sólo participaban su esposa Leticia Isabel Márquez Mora y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez; “Corporate Linkage, S. A. de C. V.”, en la que mencionaban a MAYL como administrador y accionista junto con su esposa Leticia y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando, e “Intermediación Corporativa, S.A. de C.V.”, en la que también lo ubicaban como administrador y socio únicamente de sus hijos Omar y Miguel Ángel Yunes Márquez.

Según la denuncia del sindicato magisterial, “evidentemente para poder cubrir las ‘comisiones’ y poder pagar a las empresas de MAYL, CONSUPAGO tuvo que elevar el porcentaje de los intereses y captar el mayor número de personas posibles que pidieran créditos, por lo que a costa del patrimonio de los trabajadores, obtuvo cientos de millones de pesos mediante sus empresas.”

Señalaban que “el ISSSTE es un organismo cuya obligación es velar por el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado (y los pensionados, jubilados y familiares derechohabiente); de allí que lo que más ofende es que MAYL, cuando se le confió estar al frente, se aprovechó de la necesidad de los trabajadores utilizándola como un medio para hacerse multimillonario.”

Finalmente aseguraban que “contamos con las pruebas que acreditan sin lugar a dudas lo aquí afirmado, y que harán que MAYL pague por este abuso.”

Al mes siguiente, en su edición del lunes 12 de septiembre de 2016, el diario El Universal publicó casualmente que la PGR, a través de un oficio fechado dos semanas antes –el 31 de agosto–, había solicitado al director general de Catastro y Valuación de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz, Domingo Yorio Saqui, con carácter de “urgente y confidencial” un nuevo informe no sólo sobre las propiedades inmobiliarias que tiene en Veracruz Yunes Linares y su familia, sino también sobre la sociedades mercantiles y empresas de cobranza en las que tienen participación los miembros de la familia Yunes Márquez, entre ellas las tres señaladas específicamente en la denuncia penal interpuesta por la Sección 32 del SNTE.

Según el diario capitalino, los datos solicitados en ese nuevo oficio girado al entonces titular de la Dirección de Catastro formaba parte de la indagatoria número AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 que la PGR había iniciado desde un año antes en contra de Yunes Linares por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado.

La agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR urgió al director de Catastro del estado de Veracruz a entregar de inmediato los datos solicitados sobre el gobernador electo, su esposa e hijos, “en virtud de que dicha información resulta necesaria para continuar con la integración de la presente indagatoria, por lo cual se le fija un término de 3 horas para remitir dicha documentación, apercibido que de no hacerlo esta autoridad podrá hacer uso de las medidas de apremio que contempla el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales”.

Llamó la atención que ese día en que trascendió dicha información, Yunes Linares no emitiera un comunicado ni hiciera alguna declaración al respecto, a diferencia del mes anterior cuando arremetió en contra del entonces coordinador de la diputación local priista Juan Nicolás Callejas Arroyo, guía moral de la Sección 32 del SNTE, a quien señaló de ser utilizado para realizar “trabajos sucios” y advirtiéndole que de él se encargaría a partir del 1 de diciembre próximo, cuando asumiera constitucionalmente la gubernatura.

“Le digo a todos los veracruzanos que es una vergüenza que el Congreso de Veracruz tenga como líder parlamentario de la mayoría a un individuo como Juan Nicolás Callejas, él es una de esas rémoras del sistema político”, expresó el panista antes de asumir el gobierno de la entidad. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, jamás procedió contra el maestro. Es más, cuando Callejas Arroyo falleció en septiembre de 2017, Yunes acudió a la funeraria a montar una guardia de honor ante su féretro y se desvivió en elogios hacia él. “Fue el líder más importante que ha tenido Veracruz”, declaró a los medios de comunicación.

Callejas ya está muerto, pero la denuncia penal que hace cinco años sus personeros presentaron ante la PGR en contra del entonces gobernador electo se mantiene viva, pues este domingo 18 la Fiscalía General de la República, mediante el comunicado FGR 139/21, informó que sobre el caso de Yunes “ya sólo se está en espera de la información requerida” al ISSSTE, “para con ello avanzar en el procedimiento y, en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación”.

El ex mandatario panista respondió la noche de este mismo domingo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “sacó del bote de la basura dos denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y respecto de las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, por la simple razón de que no hay ningún delito que perseguir.”

Ya veremos si sólo se trata de un calambre propio del tenso proceso electoral o si de veras la FGR decide aplicar la ley a secas.

GARAÑONES PRIISTAS

Este domingo, en el municipio de Actopan, estuvo a punto de ocurrir una tragedia priista.

Según nos cuentan, ese día fue organizada una cabalgata por una guapísima veinteañera del partido tricolor que aspira a la alcaldía de la capital mundial del mango.

Los jinetes y la bellísima amazona partieron de una comunidad actopeña hacia la cabecera municipal, donde los esperaba un contingente encabezado por el candidato a diputado federal de la alianza “Va por México”, Adolfo Mota Hernández.

Entre los invitados especiales destacaban el diputado federal Pablo Angulo Briceño, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, y el dirigente estatal priista Marlon Ramírez Marín, quienes montaron impresionantes ejemplares equinos.

Quién sabe por qué, al ex dirigente nacional de la Red Jóvenes X México decidieron subirlo a un caballo percherón. Pero resulta que el ahijado político de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche y presidente del CEN del PRI, sufrió la peor experiencia de su vida cuando su pesado equino se trepó sobre la parte trasera del potro que montaba la curvilínea aspirante a la alcaldía, ¡confundiendo al macho con una potranca!

Dicen los venenosos actopeños que al joven político campechano hasta se le bajó la “cruda” etílica de la noche anterior. Y que a Marlon tuvieron que darle crucetillo con aguardiente, un típico brebaje de la región al que los lugareños le atribuyen propiedades milagrosas, desde inhibir el efecto del veneno de la serpiente más letal hasta taponar una incontenible diarrea.