De manera formal y de facto, Morena irá a la contienda electoral federal de junio próximo en alianza con cinco partidos políticos, lo que representará un reto fenomenal para el bloque opositor PAN-PRI-PRD que pretende quitarle en la siguiente Legislatura la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para hacerle contrapeso al avasallante poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que en esta elección federal Morena irá formalmente aliado con el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM, pero al proyecto de la 4T se sumarán también los diputados que resulten electos por los tres nuevos partidos políticos que acaban de obtener su registro tras la presión que el régimen obradorista ejerció sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Redes Sociales Progresistas, de la maestra Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE; Fuerza Social por México, del senador suplente Pedro Haces Barba, líder también de la CATEM, la nueva central obrera del obradorismo; y Encuentro Solidario (PES), de Hugo Éric Flores Cervantes, quien anteriormente había fundado el Partido Encuentro Social, cuyo registro perdió en la elección de 2018 no obstante ir coaligado con el movimiento obradorista.
Los dueños de estos tres nuevos partidos son aliados incondicionales del presidente López Obrador y su movimiento de la 4T. Por eso resulta absurda la desgastante confrontación entre el mandatario y su partido con el INE, 9 de cuyos 11 miembros del Consejo General votaron a favor de los criterios para evitar la sobrerrepresentación de la fuerza política mayoritaria en la Cámara de Diputados, como ocurrió en 2015 y 2018.
Para evitar la sobrerrepresentación, el acuerdo establece que el INE verificará la “militancia efectiva” de los candidatos a diputados federales ganadores por el principio de mayoría relativa, con la intención de contar con mayores elementos para la asignación de los legisladores de representación proporcional.
Y es que, anteriormente, las fuerzas políticas mayoritarias recurrieron a la postulación de aspirantes a través de un partido con menor preferencia para lograr una mayor representación proporcional, incluso, superior al 8 por ciento de la votación obtenida que permite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De esta práctica se benefició en el pasado el PRI, como ahora lo está haciendo Morena. No obstante, el partido tricolor apoyó el proyecto del INE junto con el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, entre otras fuerzas políticas. En cambio, el acuerdo fue rechazado por Morena y sus aliados PT y PES.
Ante este nuevo escenario, no se descarta que en vez de postular a sus militantes por el PT y PVEM, con los que va formalmente aliado, Morena apoye paralelamente algunas candidaturas competitivas que postulen los nuevos partidos afines que irán solos en la contienda con registro condicionado.
Un caso, por ejemplo, podría ser el de Eduardo “Tato” Vega Yunes, dirigente estatal de Fuerza Social por México, que contenderá por el distrito 8 (Xalapa rural) –por el que ya fue postulado por el PAN en 2012 y perdió sospechosamente por menos de 100 votos con Alejandro Montano Guzmán, del PRI, ante el Tribunal Federal Electoral–, quien ahora tendría más posibilidades de ganar la elección que la actual diputada federal Claudia Tello Espinosa, de Morena, que pretende reelegirse pese a su escasa presencia política en la capital veracruzana y en los otros 18 municipios de su circunscripción.
Si cada uno de los tres nuevos partidos afines al obradorismo gana una o dos diputaciones de mayoría relativa en al menos la mitad de las 32 entidades federativas –incluida la Ciudad de México que gobierna la morenista Claudia Sheinbaum–, AMLO y su 4T muy posiblemente volverían a tener una mayoría aplastante en la Cámara baja del Congreso de la Unión.
López Obrador es un hueso duro de roer, cuyo partido se ha dado el lujo de postular a candidatos impresentables como el senador con licencia Félix Salgado Macedonio al que momentáneamente le ha sido retirada por el INE la candidatura al gobierno de Guerrero. Pero las cúpulas del bloque opositor (PAN, PRI y PRD) incurrieron también en similares prácticas y vicios de antaño, nominando a cónyuges, esposas, hijos, sobrinos, amantes y políticos y ex funcionarios desacreditados, en lugar de haberles cedido esos espacios a representantes de la sociedad civil: activistas, empresarios, politólogos, académicos, disidentes sindicales y a líderes juveniles y del movimiento feminista, entre muchos otros más.
EXTRAÑO INCENDIO
Vaya especulaciones las que desató el incendio ocurrido la tarde de este lunes en el centro histórico del puerto de Veracruz, ya que el extraño siniestro se suscitó en el edificio que alberga al Corporativo Grupo Intra, que aglutina a la red de empresas de la poderosa familia porteña Ruiz Anitúa, a la que vinculan en negocios con ex gobernantes que actualmente están en la cárcel o que se manejan con muy bajo perfil desde que inició en diciembre de 2018 el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo el ex mandatario priista de Quintana Roo, Roberto Borge, y el panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares.
Ojalá que las autoridades esclarezcan pronto las causas de este incendio, para apagar también este tipo de maliciosas conjeturas.