La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó información sobre el papel que desempeñaron elementos del 27 Batallón de Infantería en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A cerca de siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, persiste la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas, asegura la CNDH después de la revisión de su recomendación 15/VG2018, emitida el 28 de noviembre de 2018 y relacionada con el caso Iguala.

Este organismo destacó que, después de un estudio minucioso de dicho texto, elaborado en el periodo de Luis Raúl González Pérez frente a la CNDH, se concluyó que “no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos”.

Además de ello, se revictimiza a los jóvenes, estimagtizando de manera dolorosa a la comunidad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues se señaló que eran participes del tráfico de estupefacientes, lo cual es una gran violación de los derechos humanos de los estudiantes de este plantel.

La CNDH también asegura que no se escucharon a las víctimas, ni se respetaron sus derechos, dejando de lado los puntos imprescindibles de la investigación y que los padres de los normalistas demandaron contemplar para llegar a la verdad y la justicia. Empezando con la búsqueda con vida, las implicaciones de las autoridades de Guerrero y el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.

Por si esto fuera poco, la CNDH también reconoce que no se investigaron a los elementos del 27 Batallón de Infantería, los cuales tuviera una “participación protagónica en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a pesar de eso, ocultaron información recabada en cada uno de los eventos en los que fueron partícipes, pero además no se proporcionó a las autoridades”.

Esta no sería la única omisión de las autoridades en el caso de los normalistas. La CNDH agregó que “los elementos probatorios que integran el expediente de queja ponen de manifiesto la existencia de autoridades que tuvieron mayor participación en los sucesos, y que no obstante esto, se les dirigieron recomendaciones poco contundentes, como las hechas a la Sedena, los ayuntamientos de Iguala y Cocula, y a la Fiscalía del Estado de Guerrero”

Ante estas pruebas, la Comisión asegura que colaborará con las víctimas y revisará sus acciones pasadas para “brindar las facilidades, que en el ejercicio de sus funciones, permita esclarecer los hechos del caso”.

Asimismo, la CNDH termina su pronunciamiento asegurando que se involucrará al Programa de Presuntos Desaparecidos, con la finalidad de que “coadyuve, sin desvíos, con el objetivo primordial: la búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos, algo que se debió haber hecho casi siete años”.

AVC

Conéctate con Formato Siete:

DE RAZONES Y PASIONES | Elecciones 2021: caminan en un cementerio sin mirar las lápidas