En México, el Covid19 no sólo ha dejado casi 200 mil muertos y 2.2 millones de personas contagiadas. También ha dejado una generación de nuevos ricos, de improvisados empresarios, dedicados a cualquier giro y sin experiencia previa en el sector salud. Del mismo modo que lo hicieron los gobiernos pasados.
Durante la pandemia, el gobierno federal ha comprado medicinas a empresas dedicadas a la venta de muebles o bombas de infusión a una compañía cuyo giro son las telecomunicaciones. La mayoría de ellas han sido por adjudicación directa y ni siquiera están inscritas en el Registro Único de Proveedores Contratistas (RUPC); basta con profesar el cuatroteísmo comercial.
Este lunes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró inconsistencias en las compras de emergencia con motivo de la pandemia realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La dependencia pagó 2.3 veces más por el mismo medicamento en contratos que tenían sólo un mes de diferencia; el proveedor de este fármaco, adquirido para atender la pandemia, fue una empresa dedicada a la venta de muebles.
Eso no debería de extrañar en un gobierno que el año pasado entregó el 80.3% de los contratos por adjudicación directa en el 2020, es decir, el gobierno escogió directamente al proveedor sin mediar convocatoria, concurso público o subasta, sin importar si el servicio o el producto era más caro o de menor calidad.
En el primer año de gobierno de López Obrador se firmó el 78.1% de contratos por adjudicación directa, mientras que para el 2020 la cifra incrementó la proporción con ocho de cada 10; al mismo tiempo, las licitaciones por convocatoria pública registró su punto más bajo, un nivel similar al que se reportó en el 2017, con apenas el 12.6 por ciento.
El año pasado, según la base de datos de la Secretaría de Hacienda, fueron 137,809 contratos reportados de los cuales 110,629 se entregaron por adjudicación directa (80.3%). El segundo mecanismo, la invitación a cuando menos tres personas, se utilizó en 7,549 contratos, que significó 5.5% del total; bajo el proceso de licitación pública se entregaron 15,379 contratos, lo que representa el 11.2 por ciento.
Pero el problema no radica solamente en la discrecionalidad de las compras sino en el perfil de los proveedores, muchos de ellos dedicados a giros comerciales distintos por los que recibieron los contratos del gobierno.
El IMCO presentó los resultados de la investigación “A un Año de Compras de Emergencia en México”, en el que se analizan las adquisiciones de los distintos organismos gubernamentales realizadas con motivo de la emergencia sanitaria. El periodo comprende entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021 con datos de Compranet, es decir se trata de datos públicos, verificables y disponibles al público.
El organismo encontró además que el registro de proveedores RUPC rara vez se utiliza y se han contratado empresas sin experiencia en el sector salud. Es decir, empresas “todólogas” dedicadas a la venta de muebles, transporte, circuitos de seguridad y refacciones de barcos han recibido contratos para la adquisición de equipo e insumos médicos mismos que han sido adquiridos con sobreprecios.
Por ejemplo, el ISSSTE no detectó ¡752 contratos! que el IMCO identificó como compras para atender la emergencia, además de que pagó el precio más alto por equipo médico a empresas ajenas al sector salud, como fue el caso de bombas de infusión compradas a una empresa dedicada a las telecomunicaciones y otra a la seguridad y circuito cerrado de televisión.
En total, el IMCO analizó 60 mil 59 compras por un monto acumulado de 200 mil 935 millones de pesos –más de 6 veces el dinero que sería destinado para la compra de vacunas-, lo que representa apenas el 39 por ciento del total que han gastado las dependencias en compras públicas por la emergencia sanitaria. En muchos casos, las dependencias no tienen idea a donde fue a parar el dinero.
Apenas el once de marzo, el Presidente aseguró que ya no hay corrupción ni impunidad tolerada en altos puestos de gobierno. Al parecer, tendrá que volver a guardarse el pañuelito blanco que agitaba con entusiasmo, mientras muchos de sus colaboradores desternillaban de risa.
Las del estribo…
1. ¿Qué pensará el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla, que Alejandro Córdova -Presidente del INE- no asistió a la firma del Acuerdo por la Democracia convocado por el Presidente? ¿Qué pensarán en el INE que él sí haya asistido a la firma con Cuitláhuac García? La autonomía, según el cristal con que se mira.
2. Este martes se confirmó la licencia del Senador Ricardo Ahued, lo que lo mete de lleno a la competencia por la alcaldía de Xalapa. Sin embargo, no se confía. Siendo Senador ni siquiera fue invitado a la gira del Presidente por el sur del estado. Tendrá que enfrentar a dos adversarios de peso: el de fuera y el de dentro.