A estas horas el gobernador Cuitláhuac García se debe estar preguntando si fue buena idea meter en prisión al militante del PRD Rogelio Franco Castán, porque el caso se le está saliendo de control. Este miércoles cientos de perredistas marcharon por las calles de Tuxpan para exigir su “liberación inmediata” y amenazan con hacer más ruido.
Como es de todos sabido, Rogelio fue detenido el pasado sábado por ultrajes a la autoridad, cuando los agentes ministeriales llevaban una orden de aprehensión por violencia intrafamiliar. Los agentes denunciaron que Rogelio se les puso al brinco e incluso a uno le rompió su playera de 325 pesos, por lo que la juez de control le decretó prisión preventiva de 8 meses.
¿Por qué tanto por tan poco? Porque un ultraje a autoridad es considerado delito grave en el Código Penal de Veracruz desde el pasado jueves; dos días antes de su detención.
¿Qué es ese delito? Es algo ambiguo, vago e impreciso y esa ambigüedad permite a los jueces su arbitraria aplicación. Es más o menos como el enigmático delito de disolución social por el que guardaban en Lecumberri por años a los enemigos del régimen.
Basados en esa premisa, casi nadie cree que el ex Secretario de Gobierno fue encarcelado por faltarle al respeto a los agentes, sino por una venganza de Cuitláhuac García contra los Yunes Linares Márquez (que ven a Rogelio casi como de su familia), por el “estúpido” que le espetó Fernando Yunes.
En conferencia de prensa ahí en Tuxpan, el líder nacional del PRD Jesús Zambrano no se anduvo con remilgos a la hora de calificar a Cuitláhuac. “Es un gobernante corrupto y sátrapa a quien exigimos la libertad inmediata e incondicional de Rogelio”.
¿Sátrapa? Pasu… eso sí que debe calentar.
Como paradoja e independientemente de si golpeó o no a su ex mujer, Franco Castán está siendo visto por miles de veracruzanos como víctima de una vendetta política orquestada por un gobierno abusivo, corrupto y represor.
Esto sin duda lo canalizará a su favor la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, que desde que se formó le tiene pisada la sombra tanto al gobernador como a Morena.
Con el encarcelamiento de Rogelio Franco, el gobernador se metió en un embrollo del que no puede salir. Si ordena su liberación malo porque el tuxpeño y su partido saldrán fortalecidos, mientras los exiguos bonos y la poca autoridad de Cuitláhuac sufrirán una considerable merma.
Pero si lo deja en la cárcel y por la de malas le llega a suceder algo allá adentro… ¡aguas, aguas, aguas! Aparte de que todos los índices lo señalarán a él como el directamente responsable, un mártir de la oposición será la peor de las desgracias para su gobierno y para Morena en pleno proceso electoral.
Zambrano también anunció que tramitará un juicio político en su contra y si yo fuera Cuitláhuac me preocuparía. No porque esas denuncias surtan efecto sino porque caen como una maldición.
Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte tuvieron demandas de juicio político siendo gobernadores, lo que les provocó ataques de hilaridad compulsiva.
Y mira nomás dónde están ahora, lector.
Algo más que un calambrazo para Román Bastida
El desparpajo con el que se ha conducido el alcalde con licencia de Vega de Alatorre, Román Bastida Huesca, su desprecio por las leyes electorales y la prepotencia con la que se maneja, tuvieron sus consecuencias.
Bastida Huesca busca la candidatura a la diputación local por el distrito VIII con cabecera en Misantla, por la coalición “Juntos Haremos Historia” que conforman los partidos Morena, PT y el Partido Verde Ecologista. Pero sus mal disimuladas ansias lo están llevando a cometer errores que le pueden costar caro.
Este miércoles fue presentada una denuncia en su contra ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por; “haber realizado actividades proselitistas en beneficio personal mientras se encontraba desempeñando sus funciones como alcalde”.
El denunciante es el ciudadano Jesús Rivera Villagómez, quien narró que en septiembre del año anterior, Román Bastida convocó a los alcaldes de ese distrito a una reunión en el rancho El Vado para: “Presentar mi proyecto con miras a la contienda electoral del 2021. Como primeras autoridades que son ustedes, me gustaría que escucharan mis propuestas que servirán para detonar las actividades económicas de nuestra región”, decía la invitación.
Para Rivera Villagómez resulta evidente que Bastida Huesca, “actualizó la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al redactar y confeccionar un escrito dirigido a terceras personas, servidores públicos homólogos al cargo del denunciado en otros municipios vecinos, invitándolos a una reunión con fines proselitistas a su favor en un día laboral”.
En la acusación se plasma que el munícipe con licencia utilizó papelería con el slogan del Ayuntamiento de Vega de Alatorre con fines electorales y aspiraciones personales, ya que el slogan es propiedad y parte de los bienes del Ayuntamiento, por tanto se encuentra haciendo uso indebido del mismo para su beneficio personal.
Para el denunciante no hay duda que Román realizó actividades proselitistas en beneficio personal mientras se encontraba desempeñando sus funciones como Alcalde del Ayuntamiento de Vega de la Alatorre.
Quien piense que esto es un simple calambrazo se equivoca, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha dicho que no dejará en el tintero ninguna denuncia. Si la acusación de Jesús Rivera Villagómez se comprueba, que se vaya despidiendo Román de sus sueños de ser candidato a la Legislatura local, e incluso de imponer a su esposa como su sucesora en la alcaldía de Vega de Alatorre.