La arrogante confesión del diputado local y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas podrá ser cínica, misógina y corrupta, pero es absolutamente cierta. Revela además la impune discrecionalidad con que se gasta el dinero público en los congresos locales. Del federal mejor ni hablamos.

Este martes se dio a conocer un audio en el que el entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reniega de que el Auditor Superior del Estado –a quien considera su empleado suyo por el hecho de que es nombrado por el Congreso- intente revisar las cuentas del Poder Legislativo. “Son mamadas… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él (auditor) estar condicionando”, se escucha expeler a Estrada Cárdenas.

Y pidió su cabeza: “Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje”.

Lo primero que tendría que responder es, ¿Quién se cree y cómo quiere que lo traten?, ¿por qué el Auditor tendría que violar la ley para que el panista no fuera molestado ni con el pétalo de una auditoría? Del dinero del Congreso, ¿Cuánto se gasta en “putas”, referido esto a gastarlo en lo que le venga en gana, sin ninguna responsabilidad administrativa?

Por su naturaleza, los Congresos no tienen un destino fijo para los millonarios presupuestos que manejan. No ejecutan obras ni programas, no destinan subsidios –salvo los que están reglamentados para los grupos parlamentarios, aunque las cantidades suelen ser discrecionales en función del vínculo y afinidad política- y tampoco prestan un servicio directo a los ciudadanos.

La mayor parte del dinero se va en sueldos de diputados y la burocracia además de servicios personales. La mayor parte del presupuesto se gasta, como lo ha dicho Estrada Cárdenas, en lo que les venga en gana sin que tengan que rendir cuentas a nadie. Si alguien se atreve a molestarlos, basta con llamarlos a comparecer y doblegarlos.

Seguramente el exabrupto le costará el cargo al legislador michoacano, pero abre la caja de pandora sobre un presupuesto que nadie vigila y que sirve para todo: campañas políticas, casas de gestión, residencias, autos de lujo, fiestas, viajes… y sí, hasta prostitutas, según las revelaciones de quienes han gozado de esos privilegios. ¿Quién será el primero que le meta orden al gasto de los Congresos?

La Judicatura con más chamba que la FGR

Se le juntó la chamba al Consejo de la Judicatura Federal. Resulta que luego de la petición que hiciera el Presidente López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro a raíz de la decisión de conceder a dos empresas la suspensión de la reforma eléctrica, ahora resulta que se han otorgado al menos 27 suspensiones en el mismo tema.

Las últimas dos fueron otorgadas este martes por el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con lo que acumuló 11 demandas de amparo.

Hasta el viernes 12 de marzo, el diario El Universal había documentado la existencia de 12 suspensiones contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador y ayer martes se sumaron otras tres del propio juez Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Hará la misma petición el Presidente contra el juez De la Peza?

El Presidente está empujando a la Suprema Corte a una oscura vereda con pocas alternativas. ¿Qué pasará, por ejemplo, si la Corte determina que la reforma eléctrica es inconstitucional y resuelve de la misma manera que lo hizo con el plan energético de Rocío Nahle? Al revés: ¿y si siendo inconstitucional la Corte decide aprobarlo con algún subterfugio como lo hizo con la consulta pública para enjuiciar a los ex Presidentes? La mecha de la dinamita ya se encendió.

Las del estribo…

1. Con una camiseta de 350 pesos y tres terapias de 400 pesos a un policía; y la supuesta resistencia de una persona que era sometida por trece elementos policiacos, así estrenó el gobierno estatal y la Fiscalía el delito de ultrajes a la autoridad. Por decreto, decidieron que los ciudadanos son una amenaza para la policía y no al revés, como casi siempre ha sido.

2. El gobierno no hace un favor con aplicar la vacuna contra el Covid19. Es su obligación como en cualquier parte del mundo. Sin embargo, debe reconocerse que han mejorado la logística de tal forma que hay personas que esperan menos de una hora para recibir la dosis. El trato es cada vez más digno.