El Acuerdo por la Democracia convocado por el Gobierno estatal nació muerto. Este lunes 22 de marzo seguramente sólo los partidos políticos que competirán en coalición con Morena –y aquéllos afines desde la esfera federal- asistirán a la firma de un Acuerdo que no es más que el cumplimiento de una serie de disposiciones que ya están establecidas en la ley y reguladas por los organismos electorales.

No hay ninguna disposición que garantice que personajes ligados a la delincuencia organizada no se convertirán en candidatos de los partidos políticos, que evite que muchos aspirantes con posibilidades de triunfo tengan que renunciar por las amenazas proferidas por grupos de delincuentes o que el dinero de los cárteles sirva para financiar campañas, colocar presidentes municipales, y después, hacerse de las policías municipales y áreas estratégicas de los Ayuntamientos.

En realidad se trata de cumplir con la instrucción enviada desde Palacio Nacional para replicar una estrategia electoral del Presidente de la República para inmiscuirse en el proceso sin tener que ser sancionado. Al menos en Veracruz, la crispación entre el gobierno, Morena y los principales partidos políticos provocará que el Acuerdo se firme en la intimidad de “la familia”.

¿Qué dice el acuerdo para evitar la presencia de narcocandidatos y la violencia que estos generan? Nada. Veamos: prestar colaboración en tiempo y forma a los organismos encargados del proceso electoral 2021; ya está en la ley. Procurar las condiciones de seguridad necesarias a todas y todos los candidatos participantes en el proceso electoral. Ya está en la ley, sin embargo, Veracruz es el estado con más casos de violencia política en el actual proceso, como se refirió ayer en este espacio.

No ejercer ningún acto de forma directa o indirecta que pueda constituir violencia política, ni por razones de género, creencias, edad o raza. La violencia política en razón de género ya está incluso en la Constitución y es causal para la anulación de una elección. En todo caso, habría que evitar la violencia política que el convocante del Acuerdo está ejerciendo en contra de un sinnúmero de actores políticos por la vía de las amenazas judiciales.

También señala que corresponderá a los partidos y asociaciones políticas vigilar la selección de candidatos, los cuales deberán contar con probidad de honorabilidad y honradez, con el objeto de impedir que grupos fuera de la ley intervengan en el proceso electoral. Eso es enunciativo y ya está en los documentos básicos de los partidos, pero no hay ningún mecanismo que lo garantice.

Propone no hacer uso de programas sociales ni recursos públicos, del ámbito federal, estatal y/o municipal, para favorecer o perjudicar en forma alguna a ninguno de los aspirantes, precandidatos o candidatos durante el proceso electoral; ni para inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Sin embargo, una horda de diputados locales con las alforjas llenas de dinero ha salido en tropel a hacer campaña.

El Gobierno del Estado dará cumplimiento a la operación sin distingo ni fines de lucro de los programas de seguridad, protección civil y educación; ya está en la ley. No influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos ni candidatos independientes; ya está en la ley, no obstante, el Gobernador reclama su derecho a la información al dar conferencias de prensa, algo que no hizo en los meses previos.

Garantizar que todas y todos los firmantes tendrán acceso a los órganos encargados de vigilar los comicios para sancionar los delitos que se cometan en materia electoral; ya lo prevé la ley electoral.

Y por último, no difundir por ningún medio de comunicación local, propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas hasta concluir la jornada electoral, con excepción de la relativa a los servicios de salud, educación y protección civil, las cuales están previstas por la ley. Esta es una de las restricciones más conocidas que está en la ley y por lo que el gobierno suspende sus programas durante la llamada veda electoral.

No le falta razón al Presidente de “Todos por Veracruz”, Jesús Vázquez González al asegurar que debe ser el OPLE y no el gobierno quien convoque al Acuerdo por la Democracia, contando además con mecanismos para ello: acceso a la información de lavado de dinero, si hay procesos judiciales en su contra y por qué delitos, etc.

En realidad sólo se trata de ampliar el pase VIP que busca el Presidente para convertirse en oficioso vigilante donde está en juego el futuro de su gobierno.

Las del estribo…

1. Resulta que el juez que tiene tan ofendido al Presidente y a quien ha pedido que se investigue, hace algunos meses negó amparos interpuestos para impedir la consulta sobre el NAIM y la eliminación del Estado Mayor Presidencial, algo que seguramente el Presidente agradeció en silencio.

2. Las cifras de las vacunas siguen sin cuadrar. Mes y medio después de la meta, falta por vacunar el 25% del personal médico; los adultos mayores ya no se terminarán de vacunar en marzo sino hasta finales de abril. México ha logrado aplicar hasta 360 mil vacunas en un día mientras que en Estados Unidos están por llegar a las 100 millones de dosis.