Aunque el Congreso local vote por mayoría el juicio político contra la magistrada Sofía Martínez Huerta, corresponderá a los integrantes del poder judicial el determinar si se le revoca el nombramiento y se le inhabilita hasta por 10 años.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, se deslindó del proceso que se le sigue a la ex aliada de Morena, al asegurar que ellos solo valorarán si los elementos de prueba que entregó el abogado que la acusó de usurpar funciones son suficientes.

En ese contexto, corresponderá a los integrantes del Consejo de la Judicatura y la Sala Constitucional del Poder Judicial determinar si se revoca el nombramiento que le dio el congreso en diciembre del 2019 a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Se está trabajando en él, la Instructora ya tomó una determinación, los diputados tendrán que tomar su decisión. Lo cierto es que, aunque aquí se votara a favor, la decisión la tiene el poder judicial, nosotros vamos a emitir un juicio en base a lo que nos entregaron”.

Sofía Martínez Huerta fue nombrada magistrada del Poder Judicial por la mayoría de los diputados locales en diciembre del 2019. La postuló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, luego de que el Congreso recibió la documentación de aspirantes.

A la salida de Edel Álvarez Peña, Martínez Huerta fue nombrada magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Su nominación fue rechazada por magistrados decanos que consideraron que no tenía la experiencia para estar al frente del TSJE.

Después de varios intentos, finalmente se logró su remoción a través de una reunión del minipleno que determinó nombrar a Isabel Romero como magistrada interina. Martínez Huerta denunció en medios nacionales que fue amenazada por el gobierno para obligarla a renunciar.

Una semana después, el juez José Clemente Zorrilla se presentó al Congreso para señalar que Martínez Huerta incurrió en usurpación de funciones al removerlo de su juzgado sin la autorización del Consejo de la Judicatura, proceso que podría llevarla a la destitución e inhabilitación por 10 años.

AVC

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