Rosario Robles Berlanga, es la única exsecretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto en estar encarcelada -acusada del uso indebido del servicio público en el caso de La Estafa Maestra, cargo que no amerita prisión preventiva- y aunque en un inicio buscó ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), e incluso, ofreció declararse culpable a fin de enfrentar su proceso en libertad; este martes 9 de marzo, decidió no hacerlo y optó por ir a juicio.
La exfuncionaria, de 64 años de edad, tomó esta decisión ante lo que ella califica como una “obstaculización sistemática” por parte de las autoridades, ante cualquier posibilidad de lograr un acuerdo.
“La justiciable exige bajo esta perspectiva que ante las actuales circunstancias tenga un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer, porque de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política”, señala un escrito presentado el lunes por la noche.
“En una constante injustificada, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, apunta el escrito.
Sin embargo, sí podría colaborar con las autoridades e incluso convertirse en testigo protegido en el caso de delincuencia organizada.
La historia política de Rosario Robles está llena de traiciones, que hoy por hoy, la mantienen presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde hace más de año y medio.
“No te preocupes, Rosario”. Cuando Peña Nieto “respaldaba” a Robles
Corría el mes de abril de 2013. En medio del evento de arranque del programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, el entonces presidente Enrique Peña Nieto dio un fuerte espaldarazo a quien en ese momento se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, ya que los partidos de oposición denunciaban el uso de programas sociales en supuestos desvíos con fines electorales.
“Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro: una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos, criticando las acciones, porque a otros los ocupan las elecciones; a nosotros nos ocupa y nos compromete acabar con el hambre de México”, dijo un enfático Peña Nieto.
Y Rosario Robles aguantó la críticas y los señalamientos aún cuando años después, en el 2017, una investigación periodística de Animal Político en asociación con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), destapó lo que fue denominado como La Estafa Maestra: el desvío de 7,670 millones de pesos (alrededor de 400 millones de dólares) a través de contratos ilegales que involucraron a 11 dependencias de Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
A pesar de que 11 dependencias estaban involucradas, las acusaciones recayeron principalmente sobre Robles Berlanga, quien en ese momento, se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu). Se determinó que tanto de la Sedesol como de la Sedatu -ambas a cargo de Rosario Robles- se habían desviado más de 5,000 millones de pesos.
Pero ella siguió soportado y mostró una lealtad férrea a Peña Nieto y otros funcionarios públicos, aún a pesar de que el 13 de agosto de 2019, después de una maratónica audiencia ante el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna -sobrino de la política Dolores Padierna, acérrima enemiga de Robles- vinculó a proceso a la extitular de Sedesol y Sedatu por el ejercicio público de funciones -delito que no amerita prisión preventiva- por lo que la envió al Penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, “para evitar que escapara”.
El 18 septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para volver a trabajar en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
A pesar de que la dejaron sola, Rosario Robles resistió. Justo el día que cumplía un año presa, hizo pública una carta en la que aseguró que todo se trataba de una revancha política y que había sido privada de su libertad por su historia, y no por el supuesto ilícito que cometió, así como por el hecho de ser mujer.
Pero el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aclaró que el trato diferenciado entre ella y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, se debía a que Lozoya Austin sí coopera para esclarecer los actos de corrupción de los que se le acusa (aceptar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht que habrían ido a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así como la venta con sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados a Pemex) .
Emilio Ricardo Lozoya Austin se acogió al criterio de oportunidad otorgado por la FGR y se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía para decir todo lo que sabe de la corrupción imperante en el sexenio de Peña Nieto.
Después trascendió que Rosario Robles habría sido tentada por la FGR a utilizar el mismo criterio de oportunidad con el objetivo de brindar información sobre actos corruptos de otros funcionarios mexicanos. Sin embargo, Robles aseguró que “no tenía a quién entregar”.
La defensa de la exfuncionaria afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le había hecho la propuesta del beneficio legal, pero además, aclararon que buscaban la exoneración de su clienta.
“La postura de Rosario al respecto es que ella es inocente y además formalmente no nos han hecho ningún ofrecimiento de esta naturaleza, pero creo que la postura de Rosario ha sido perfectamente clara. Ella no cometió ningún delito, no el que se le pretende atribuir por parte de la Fiscalía, de tal manera que no estaríamos en esa condición”, señaló Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles.
Pero la presión contra la exfuncionaria siguió creciendo y el 6 de noviembre de 2020, un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada en el caso de La Estafa Maestra, pero la defensa legal de la exfuncionaria aseguró que no habían sido notificados.
Días después, el lunes 23 de noviembre, la defensa de Rosario Robles reconoció que su clienta decidió acogerse al criterio de oportunidad y colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR). Robles Berlanga habría tomado la decisión luego de hablar con su hija, Mariana Moguel, quien le pidió dejar de proteger a sus superiores.
“¿Cuánto tiempo más vamos a resistir esto, mamá? Ellos nos tienen abandonadas, tú estás enferma, ellos se favorecieron económicamente y tú simplemente por lealtad estás aquí”, le habría dicho su hija el pasado domingo cuando fue a visitarla, reportó Animal Político.
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Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)El martes 24 de noviembre, el abogado Sergio Arturo Ramírez anunció que Rosario Robles aceptó ser testigo colaboradora de la FGR, por lo que señalará al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray de ser el orquestador de una serie de irregularidades en el sexenio pasado, principalmente con acciones vinculadas en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
En entrevista con medios de comunicación, el litigante señaló que “que los datos de prueba van a manejarse en conjunto con la Fiscalía General de la República de acuerdo a la información que la misma dependencia solicite, en vía de los mismos procesos que tiene, pero lo importante es que todo a partir de hoy va ir directo a Luis Videgaray Caso”, dijo.
Reveló que Robles Berlanga, declaró que fue Luis Videgaray, quien también fue canciller en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ordenó el presunto desvío de recursos públicos a la campaña presidencial del exmandatario, en las intermedias de 2015 y para las presidenciales de 2018.
“Ella va decir todo lo que sea necesario para determinar todo lo que tiene que ver con Luis Videgaray y la elección de presidente del señor Enrique Peña Nieto. Videgaray en las intermedias y en las de 2018, fue quien dio instrucciones de que se utilizaran recursos públicos a favor de la campaña del entonces candidato y de su partido el PRI”, añadió.
Este 9 de marzo, la defensa legal de Robles Berlanga, anunció que la Maestra no se declarará culpable del delito de uso indebido del servicio público -que es el cargo primario por el que se le persigue-, por lo que irá a juicio. Sin embargo, sí podría colaborar con las autoridades e incluso convertirse en testigo protegido en el caso de delincuencia organizada.
INFORMACIÓN/INFOBAE