El Gobierno federal disminuyó en más de 14 mil millones de pesos el recurso destinado durante este 2021 a la atención de la violencia contra las mujeres, lo cual evidencia que este tema no es prioridad para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.

Lo anterior ya que dijo mientras en 2020 el Gobierno federal asignó 115 mil 503 millones de pesos, este año se disminuyó a 101 mil 313 mil 741 pesos, a pesar de que la violencia feminicida y en general todo tipo de violencia contra las mujeres no ha disminuido.

“Se esperaría que aumentara el presupuesto y se mejorara la forma en la que se evaluara a los estados para revisar que los proyectos que presenten los gobiernos estatales se realicen y tengan impacto en esta problemática”.

Consideró que uno de los mayores problemas es que a pesar de la existencia de la alerta de género esta no tiene un mecanismo que exija que los gobiernos entregar permanentemente avances para que puedan ser evaluados, y ello provoca que en los estados las autoridades no se sientan con la responsabilidad de rendirle cuentas a la gente sobre los recursos destinados a atender la problemática ni los avances o rezagos en los mecanismos implementados.

“La violencia contra las mujeres no es una prioridad para los gobiernos estales ni el Gobierno federal, no hay un interés real en garantizar la vida de las mujeres; se quejan los municipios y gobiernos estatales de los recursos pero no tenemos la claridad de cuánto están invirtiendo, en dónde no lo hay, para poderlo exigir y etiquetar; los gobiernos no lo informan porque la metodología de Conavim no lo exige”.

La activista dijo que la alerta visibiliza la incapacidad de los gobiernos para generar políticas públicas que disminuyan la violencia y la brecha de la desigualdad y que el constante riesgo en que viven las mujeres es el reflejo de que hasta ahora las acciones tomadas por las autoridades federales, estatales y municipales son insuficientes para enfrentar los contextos que a diario privan de la vida a las mujeres.

Detalló que en el 2020 asesinaron a 3 mil 752 mujeres y menos de la cuarta parte de los casos se iniciaron como una investigación por feminicidio, por lo cual advirtió que las cifras no han disminuido como se quiere hacer creer y que, por el contrario lo que se ha hecho es dejar de investigar.

“Esto no debería ser, se debe investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio y las cifras no son alentadoras porque no ha disminuido la cifra de feminicidios, que no los investiguen es una cosa, pero los asesinatos ocurren a diario con características de feminicidio. La declaratoria de alerta de género sirve para evidenciar las graves fallas en la atención, prevención y sanción de la violencia feminicida, además de exigir que a los Gobiernos que cumplan con sus obligaciones de proteger la vida de las mujeres”.

María de la Luz Estrada agregó que de 2010 a la fecha han sido solicitadas en el país 45 alertas de género, pero solo se han decretado 21 en 18 estados y a dos años de la llegada del nuevo Gobierno solo se han decretado tres alertas, dos de ellas que ya estaban en proceso; la segunda del Estado de México por desaparición y la de Puebla que se decretó porque se ganó un amparo que obligó a decretarla.

De esta manera la declaratoria de Guerrero es la única que tuvo todo el proceso que inició en 2019 y se logró la alerta por agravio comparado, pero han sido negadas las de Zacatecas y Ciudad de México.

“A casi seis años de que se decretó la primera alerta las autoridades federales no han podido evaluar la repercusión de las medidas implementadas en materia de seguridad, atención y procuración de justicia. Esta evaluación permitiría levantar las alertas por violencia en la medida en que los gobiernos estén avanzando, sería importante para obligar a los gobiernos y visibilizar en dónde están fallando”.

Agregó a no se da seguimiento a las alerta ni se está forzando a los gobiernos a mejorar las políticas de atención y prevención; se han creado mucho as herramientas pero no las implementan.

“Al no haber mecanismos de sanción, al ser un mecanismo discrecional que no evalúa adecuadamente y se puede tardar hasta un año en reunirse para ver qué han hecho los estado, ha generado que en Guerrero y Veracruz que tienen alertas de género por agravio comparada, no se haya hecho nada“.

AVC/Perla Sandoval

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