El Estado mexicano no ha respondido las preguntas que le hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años que habría sido violada sexualmente por militares en Soledad Atzompa y cuyas heridas derivaron en su muerte.
Al cumplirse este viernes 14 años de su agresión en febrero de 2007, las organizaciones que han llevado el caso a la Corte, tales como el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y Kalli Luz Marina, señalan que el Gobierno de México mantiene una postura de silencio y contradicción.
“Prevaleciendo las contradicciones y silencio posterior por parte de la actual administración del Gobierno de México, las peticionarias hemos solicitado a la CIDH, la emisión a la mayor brevedad posible, del Informe de fondo, determinando las violaciones de derechos humanos en que ha incurrido el Estado mexicano en este caso y le formule las recomendaciones tendientes a garantizar a las víctimas y al conjunto de la sociedad, la verdad y la justicia integral que el Estado ha negado reiteradamente”, señalan las peticionarias.
Hay que recordar que el pasado 4 de diciembre del año pasado, se realizó una audiencia ante la CIDH en la que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y representantes del Gobierno de México afirmaron que la muerte de Ernestina Ascencio se debió a anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo, y no a los daños ocasionados por la violación tumultuaria.
Ante ello, la Corte demandó al Estado mexicano responder preguntas tendientes a saber las razones del cambio del peritaje en el que se aseveró que la muerte sí era consecuencia de la violación a uno posterior en el que se señaló la anemia como su causa; además, información sobre las actividades del 64 Batallón de Infantería durante el día de los hechos en febrero de 2007, las bitácoras de estas, quién estaba a cargo, así como si existían denuncias previas contra los integrantes de este batallón.
Posteriormente, el 10 de diciembre de 2020 el Gobierno federal aseguró que no compartía la postura de la FGE y reabriría el caso, además de que presentaría su propia postura ante la Corte.
Las organizaciones señalaron que el Estado debía responder las cuestiones formuladas por la CIDH durante la audiencia, pero lo que se presentó fue una solicitud de 10 días de prórroga para remitir la información, la cual le fue concedida el día 7 de enero del presente año, venciendo el 17.
“A un mes de vencimiento del plazo para que el Estado remitiera a la CIDH las respuestas y propuesta comprometidas, las mismas no han sido recibidas por las peticionarias, aunque sí otros documentos de trámite”.
El caso
El 25 de febrero de 2007 familiares encontraron a Ernestina herida 300 metros de un campamento militar, antes de perder el conocimiento pronunció en náhuatl “Pinome Xoxome”, esto es “los vestidos de verde”; la madrugada del 26 de febrero su cuerpo no resistió las lesiones y falleció.
El perito Pablo Mendizábal realizó la necropsia y aseguró que había sido violada por tres personas, tras analizar los rastros de líquido seminal; sin embargo, el 13 de marzo de ese año el presidente de la República, Felipe Calderón, dijo que Ernestina murió por una úlcera y que no había rastros de que fuera violada.
Ese mismo año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presidida por José Luis Soberanes ratificó la versión del presidente; el el perito señaló que el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, le dijo que “no le convenía tener en contra el presidente” y que tenía que cambiar el dictamen.
El 1 de mayo la Procuraduría de Justicia de Veracruz determinó que se trató de una “muerte natural” causada por parasitosis. por lo que no habría indicios para un proceso penal; en 2010 el perito fue notificado de su inhabilitación supuestamente por haber contaminado pruebas de sangre.
La exigencia
Ante la postura que ha mantenido el Gobierno de México las organizaciones exigieron a las autoridades iniciar una investigación independiente con cargo al Estado mexicano, con la colaboración de instancias nacionales e internacionales especialistas en materia de derechos de las mujeres indígenas, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, así como la cadena de responsabilidades
Demandaron garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para Ernestina y sus familiares; así como la no repetición de estos hechos contra mujeres indígenas, en la región de Zongolica y en ningún otro lugar en el país.
“Exigimos adopción de medidas tendientes a honrar la imagen y la memoria de la señora Ernestina de manera adecuada a su cultura y en acuerdo con su familia. Exigimos que se otorgue reparación integral en el contexto cultural y comunitario, de las consecuencias ocasionadas a la familia de la señora Ernestina Ascencio Rosario, de acuerdo con los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de manera que recuperen su tranquilidad y repare los daños que la perdida de la señora Ascensio haya causado en sus vidas”.
Además, diseñar e implementar de manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres y pueblos indígenas, en particular, que se garantice el derecho a la salud integral e intercultural, con especial atención en la traducción e interpretación en las lenguas indígenas.
“Exigimos que se adopten medidas estructurales de garantía y respeto de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, vulnerados con hechos tan atroces como los sufridos por la señora Ernestina Ascencio Rosario, asegurando que no lo vuelva a vivir ninguna mujer indígena, que ningún territorio indígena sea ocupado por militares y el retiro de la Guardia Nacional de los territorios indígenas en el país, a menos que las propias comunidades soliciten su presencia”.
También demandaron que cese la persecución y se brinde protección, reconocimiento y reparación del daño ocasionado, a sus familiares y a las personas que a través de los años han defendido la verdad y la justicia ante lo ocurrido, entre ellos, periodistas, servidores públicos y defensores de derechos humanos.
AVC/Perla Sandoval
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