¿Por dónde empezamos? ¿Por el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Por los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida? ¿Por los 8 mil millones de pesos que 14 dependencias del gobierno federal no han podido aclarar o recuperar del gasto público? O de plano, ¿por los 43 mil millones de pesos que podrían representar un daño patrimonial?

Con su informe a la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación parece haber abierto la Caja de Pandora del actual gobierno morenista, lanzando un misil al la línea de flotación de la 4T: la honestidad, la transparencia y la eficacia. Si las autoridades no se robaron esos miles de millones de pesos –algo que tendrá que demostrar la ASF y realizar las denuncias correspondientes-, entonces se trata de un verdadero cochinero de administración pública.

Luego de que la ASF asegurara que la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México habría costado 331 mil millones de pesos –tres veces más de lo planeado-, el Presidente lanzó una feroz andanada en contra de la institución, acusándola de estar al servicio de sus adversarios. Por la noche, la ASF se dobló.

El auditor general informó que se revisarían los cálculos del frustrado aeropuerto porque podría ser menor, se había caído el sitio de internet en el que se daban a conocer algunas de estas irregularidades y se reconocía que los programas sociales emblemáticos habían cumplido su función. Jamás imaginó el auditor general David Colmenares Páramo que de la noche a la mañana se convertiría en el más acérrimo enemigo del Presidente López Obrador.

Pero, ¿qué ha dicho la ASF para desatar la furia presidencial? El primer tema fue que aseguró que la cancelación del NAICM tuvo un costo superior a los 331 mil millones de pesos -232% más a lo previsto por el gobierno federal-, lo que aún podría incrementarse esto provocó el desmentido del Presidente, quien aseguró una vez más tener otros datos. Pero las observaciones de la ASF van mucho más allá.

Por ejemplo, detectó que están pendientes por aclarar o devolver 98 mil millones de pesos, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, de los cuales 43 mil millones -el 44 por ciento-, son considerados un probable daño patrimonial cometido en 182 instituciones, mientras que el uso de los otros 55 mil 114.8 millones de pesos, todavía pueden ser aclarados por 74 entes públicos señalados. Es decir, hay un desorden generalizado.

En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, encontró que algunos becarios estaban inscritos en otros programas gubernamentales, además de entregar apoyos a fallecidos y a un número importante de aviadores. Tampoco hay mecanismos de control y procedimientos para validar y constatar la información de los aspirantes y beneficiarios del Programa. No hay forma de verificar quiénes son, dónde están y qué hacen.

Del Tren Maya, el ASF dijo que Fonatur exageró sus cifras proyectadas de usuarios a futuro para presentar el proyecto como rentable, que no fue consultado debidamente ante la población indígena, tiene escaso interés en la protección ambiental y que es poco transparente en la adjudicación de contratos públicos.

La refinería de Dos Bocas inició antes de concluir los permisos ambientales correspondientes, lo que provocó que no se tomara en cuenta el riesgo de inundación y erosión que tiene el terreno donde se construye. Y pese a iniciar de manera apresurada, existe el riesgo que la obra no concluya en 2022; además, se esfumaron 75 millones de pesos mediante pagos no autorizados.

A Veracruz no le fue mejor. La misma Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades, daño patrimonial y posibles desvíos por más de tres 3 mil millones de pesos, principalmente en las Secretarías de Salud y Educación, por lo que el organismo pide el reintegro de 2 mil 685 millones de pesos observados a estas dependencias.

Por ejemplo, por el Seguro Popular, el gobierno estatal generó observaciones en 2019 por mil 963.6 millones, sólo detrás de la Ciudad de México. En el caso de la SEV, hay observaciones por más de 62 millones de pesos debido a que se pagaron sueldos a aviadores, pagos a trabajadores en “escuelas fantasmas”, por “pagos en exceso”, a empleados que fallecieron, así como pagos a profesores después de la fecha de su baja definitiva o que contaban con licencias sin goce de sueldo.

Hasta ahora el ORFIS no ha sido capaz siquiera de concluir la Cuenta Pública de 2019 y en pocos meses tendrá que entregar la del año pasado. De los recursos federales, podría ahorrarse la vergüenza de su ineptitud y partir de verificar los datos que aporta la Auditoría Superior de la Federación.

El informe confirma lo que todos sabemos: el cochinero es el mismo; sólo cambiamos de marranos.

Las del estribo…

1. Lo que pasa en el municipio de Actopan es una vergüenza. La negativa del Congreso a nombrar a Alfredo López Carreto como Presidente Municipal en acatamiento de la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer provocó que el municipio se quedará nuevamente sin Presidente municipal. La síndica única, Nayeli Toral Ruiz, cumpliría hoy dos meses en el cargo, a partir de la interpretación de la Constitución. La irregularidad no estuvo en ella sino en el Congreso.

2. Este martes se discutirá en el Congreso federal la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Morena usará la mayoría para sacar adelante la iniciativa preferente del Presidente López Obrador. Tendrá que publicarse y entrar en vigor para librar su verdadera batalla en la Suprema Corte, la cual ya tiró la política energética impuesta por Rocío Nahle. ¿Aguantarán vara esta vez?