La mayor parte de la investigación se desarrolla en las universidades públicas, sorprende que en la iniciativa no tengan un rol”: Sara Ladrón de Guevara, rectora de la UV.
“El anteproyecto debe ser incluyente, escuchar las voces disonantes y contrarias a las posiciones que defiende”: Rodrigo Díaz Cruz, rector de la UAM-Iztapalapa.
“Si nada más se considerara a un pequeño grupo de élite para tomar las decisiones del desarrollo del conocimiento, estamos dejando fuera a la comunidad científica del país”: Teresa García Gasca, rectora de la UAQ.
20/02/2021, Xalapa, Ver.- El anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación propuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (HCTI-Conacyt) debe considerar las voces e iniciativas de quienes generan el conocimiento desde las instituciones de educación superior (IES), destacaron líderes universitarios en el webinar “Las instituciones de educación superior ante el anteproyecto de ley de Conacyt”, organizado por la Red ProCienciaMX la tarde del jueves 18 de febrero.
En el conversatorio, transmitido por Facebook Live y YouTube participaron, participaron la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara; Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); Rodrigo Díaz Cruz, rector de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa; Bernardo González-Aréchiga, rector de la Universidad Valle de México y vicepresidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y como moderadora Karla Sandoval, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.
El diálogo tuvo por objetivo discutir los efectos del anteproyecto de la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, a corto, mediano y largo plazo en la docencia, la formación de recursos humanos y la investigación en las IES.
Al respecto, Sara Ladrón de Guevara dijo que sorprende que en este anteproyecto de ley presentado al Poder Legislativo no haya sido considerada la voz de las universidades públicas y privadas, ni el plan estratégico que entregó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a apoyar, acompañar y tomar en cuenta en la agenda de su gobierno en cuestiones de ciencia e innovación.
“En un país donde la mayor parte de la investigación científica y humanística se desarrolla en las universidades públicas y autónomas, sorprende que en la iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología –ahora en discusión– no tengan un rol; que dicha propuesta conciba un consejo en el que las universidades no tengan voz, voto ni mención alguna, y que tampoco hayan sido convocadas para su discusión y construcción previo a su presentación ante el Poder Legislativo.”
Advirtió que se trata de una propuesta centralista que explicita la libertad de investigación, pero en la práctica las universidades no tienen tal libertad dado que los presupuestos de la mayoría de ellas son limitados, insuficientes y etiquetados para cumplir con sus compromisos laborales, lo que las imposibilita para destinar más recursos a la investigación.
Una opción para obtener más dinero para la investigación, detalló, ha sido someter a concurso de una bolsa de recursos abiertos en convocatorias emitidas periódicamente por el Conacyt y en convocatorias estatales publicadas por los consejos estatales de ciencia y tecnología en conjunto con el Conacyt.
“La iniciativa que hoy conocemos estipula que dichas convocatorias establezcan los límites de la aplicación del conocimiento a generar, olvidando el principio de libertad referido, dejando a su suerte la investigación básica, sin cuyo desarrollo no habría una aplicación posible.”
De tal manera, señaló que el peligro es trascendental si un gobierno centralizado establece las prioridades temáticas de investigación, y los proyectos resultarán sexenales y circunstanciales.
“Las universidades, las academias y el trabajo colegiado no pueden estar supeditados a los éxitos partidistas y periodos sexenales; los científicos no cambiamos de objetivos en los proyectos o en nuestro objeto de estudio por votaciones populares, por más democráticas y legítimas que sean.”
Asimismo, externó su preocupación por la reciente cancelación de fideicomisos a los centros de investigación sin considerar a sus autoridades, científicos y estudiantes que se verán afectados, así como por la posible modificación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sin tomar en cuenta la opinión de sus integrantes.
“Agregar una ‘H’ al Conacyt no significa incluir a las humanidades al mismo, para hacerlo habría que tener en cuenta al factor humano, ese que genera conocimiento, que no detiene su investigación por la alternancia política, que reside en las universidades públicas y autónomas del país a pesar de los vaivenes políticos y la escasa voluntad de apoyar a la ciencia y las humanidades en estos tiempos pandémicos y climáticos que nos señalan la relevancia del conocimiento científico.”
La Rectora de la UV finalizó su participación al externar que el efecto de detener el apoyo a la ciencia básica será en detrimento de la calidad de la formación y educación de las IES, pero esto no impedirá que las universidades continúen haciendo su trabajo: la formación de profesionistas, y la generación y divulgación del conocimiento científico.
Por su parte, Rodrigo Díaz, rector de la UAM–Iztapalapa, dijo que las universidades no pueden renunciar a su papel histórico como agentes de cambio, por lo que deben participar en los debates actuales con juicio crítico y propositivo, y ser más escrupulosas en formar no sólo profesionales sino ciudadanos universitarios que cultiven el pensamiento crítico, el pluralismo, la diversidad cultural y que participen en la sociedad con ética.
Respecto a la iniciativa de ley, indicó que en ella se coloca en primer lugar a las humanidades, por lo tanto, debe honrarse este principio presente; el anteproyecto debe ser incluyente, inspirar la participación, escuchar las voces disonantes y contrarias a las posiciones que defiende, promover el debate y alcanzar acuerdos sobre las políticas públicas, sobre la gestión y agendas que se habrán de instrumentar.
“El Conacyt debe ser nuestra casa en común, hacernos copartícipes en la atención de los problemas de nuestra nación, una casa que fortalezca la autonomía de las universidades, que haga florecer y proliferar los centros de investigación para atender con responsabilidad los problemas sociales, y no transformarse en un mero aparato del Estado.”
La rectora de la UAQ, Teresa García, expresó que la generación de conocimiento es un derecho humano y un derecho social, y la soberanía de un país se alcanza con la generación de conocimiento, la implementación de tecnología propia, la aplicación del conocimiento originado en las aulas, los laboratorios y las universidades.
“Si nada más se considerara a un pequeño grupo de élite para tomar las decisiones del desarrollo del conocimiento estamos dejando fuera por completo a la comunidad científica del país, que no es la usuaria de esta ley sino la protagonista, la que genera el conocimiento.”
Lamentó que este anteproyecto, en el fondo, sea centralista, autoritario, impositivo, es manejado como política de Estado y le falta abrir canales de diálogo para establecer los puntos verdaderamente importantes: cómo y bajo qué circunstancias se generara el conocimiento.
“Si queremos que haya desarrollo de la ciencia y la tecnología del conocimiento, de las humanidades, de las artes, y tengan un impacto social, esta ley no es lo que necesitamos.”
Por último, Bernardo González enfatizó que es necesario actualizar la normativa, el marco jurídico e institucional, en materia de financiamiento para que las IES desarrollen y generen ciencia y tecnología.
Agregó que las universidades, públicas y privadas, buscan diversificar y ampliar las vías para la construcción del conocimiento y su aplicación, para ello se necesita de un proyecto de ley moderno, participativo y capaz de sumar esfuerzos.