El gobernador Cuitláhuac García ha venido reiterando, una y otra vez, que en Veracruz ya se acabaron los pactos con grupos del crimen organizado que existían en administraciones anteriores.

Quién sabe si sus colaboradores y los funcionarios federales que participan diariamente en las reuniones de seguridad ya le informaron al mandatario veracruzano –¿o acaso lo ignoran?–, que en más de la mitad de los 212 municipios de la entidad estas células delincuenciales pretenden imponer a sus candidatos a las alcaldías por diversos partidos, incluido Morena.

El 9 de noviembre pasado, en su informe sobre los dos primeros años de logros de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, García Jiménez precisó que en Veracruz tenían identificados a 6 grupos criminales que operan en la entidad, señalando al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “el más fuerte”, aunque puntualizó que todos se han visto disminuidos.

Sin embargo, hace 17 días, en el gabinete de seguridad en Palacio Nacional, el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, presentó un informe detallado sobre Sangre Nueva Zeta, una organización criminal que no era nada hace dos años y que hoy, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación, se ha expandido por Veracruz, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí, en los territorios dominados por los huachicoleros, de donde surgieron.

Pero, ahora, Sangre Nueva Zeta ha ampliado su portafolio de crímenes al tráfico de cocaína, robo, secuestro y extorsión.

Ya no se considera una banda delictiva menor, sino una estructura que en poco tiempo adquirió fuerza, dinero, poder y capacidad de fuego, como consecuencia de la nula estrategia de combate al crimen organizado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los inicios de esta organización se ubican desde julio de 2017, cuando el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes ofreció inicialmente una recompensa de 1 millón de pesos para quien proporcionara información que llevara a la captura de Roberto de los Santos de Jesús, (a) “El Bukanas”, un ex policía municipal de Maltrata que entrenaba sicarios y “halcones” de Los Zetas y quien desde entonces se ostentaba como líder de esta nueva organización criminal. Diez meses después, en mayo de 2018, Yunes Linares subió la recompensa a 5 millones de pesos para capturar al delincuente que empezó por descarrilar y saquear los ferrocarriles provenientes del puerto de Veracruz en la zona de Acultzingo, en las faldas del Pico de Orizaba.

Hace tres años fue implicado en 16 “eventos significativos” relacionados con la operación ferroviaria: siete ataques a las vías de comunicación con enfrentamientos con las fuerzas armadas; seis ataques a las vías generales de comunicación, un robo, una tentativa de robo y un ataque a las vías de comunicación sin enfrentamiento.

En aquella ocasión, Yunes informó que a través de un trabajo de inteligencia habían logrado establecer el organigrama de Sangre Nueva Zeta, integrado por varios ex policías estatales. Por lo que, dijo, su gobierno había tenido que intervenir la corporación en Ciudad Mendoza, así como realizar investigaciones en el cuerpo policiaco de Acultzingo, para descartar que pudieran haber infiltrado fuerzas de seguridad locales.

Según el periodista Raymundo Riva Palacio, desde que se empezó a convertir en un problema regional el robo de combustible, en 2012, El Bukanas figuraba como el cabecilla de los delincuentes, sin que las autoridades federales actuaran en su contra, en buena medida porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no quería hacer nada que ayudara al entonces gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, a quien veían como un peligroso adversario electoral y el cual falleció junto con su esposa, la flamante gobernadora Martha Érika Alonso, en un sospechoso accidente aéreo el 24 de diciembre de 2018.

“El nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco hizo nada contra esa banda, y ahora Sangre Nueva Zeta trabaja aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que está considerada como la organización criminal trasnacional más importante de México y entre las principales del mundo”, afirmó el autor de la columna “Estrictamente Personal” publicada este lunes 15 en el diario El Financiero.

Nuevo vocero en la FGE

Cayó bien en el gremio periodístico el nombramiento del conductor de Radio Televisión de Veracruz, Mario Lozano, como titular del área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado.

Mario es un comunicador muy experimentado, sociable y profesional que seguramente va a mejorar la interacción de ese importante órgano autónomo encargado de procurar justicia con los medios de comunicación.

Muy acertada la decisión de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns de integrar a Lozano a su equipo de colaboradores y deshacerse de lo que no le funcionó.